Pasado el mediodía del lunes, seguidores del Gobierno y activistas por el ‘Sí’ en la consulta popular barajaban en las redes sociales la hipótesis del fraude en la consulta popular: ¿por qué el CNE no ha empezado hasta ahora a procesar la información de la provincia del Guayas?, preguntaban con suspicacia. En las primeras horas de la tarde, un comunicado de Carondelet vino a alimentar todas las sospechas: “La provincia del Guayas -decía- ha sido escrutada en apenas un promedio del 0,5 %. Además de resultar inexplicable, esta situación genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía”. El CNE, organismo irreductible al mínimo gesto de transparencia, no se dignó en responder. Sin embargo, estaba claro que las esperanzas del Gobierno en los votos de la provincia del Guayas, como si de ellos dependiera su triunfo en la consulta popular, eran poco menos que humo. ¿Qué les hacía creer que la provincia que eligió a Marcela Aguiñaga como prefecta votaría por el ‘Sí’ en la consulta? Al cierre de esta edición, con más del 60 por ciento de los votos escrutados, el triunfo del ‘No’ era ya inevitable, con la probable excepción de la pregunta 1, donde la diferencia era de apenas tres puntos.

La derrota del Gobierno es apoteósica, especialmente en las preguntas 5 y 6, en las que se jugaban los temas más importantes de la jornada: la facultad del Consejo de Participación Ciudadana para elegir a las autoridades de control y la posibilidad de que sus miembros no sean electos por votación popular. Hasta el cierre de esta edición, el ‘No’ se imponía con una diferencia de 19 puntos: una tendencia irreversible. Con este resultado, la existencia y las funciones del CPCCS, cuya eliminación fue una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso, quedan consagradas de forma inamovible. El quinto poder del Estado, ese organismo extraño a la institucionalidad democrática que permite controlarlo todo con cuatro votos, está aquí para quedarse y, por el momento, tendrá una probable mayoría correísta, como dan a entender los primeros resultados de los escrutinios. Esto último, claro, con la colaboración eficiente de un Consejo Nacional Electoral al que no le pareció ni medianamente irregular el hecho de que un partido político participara abiertamente en las elecciones de consejeros para el CPCCS, en contra de todas las disposiciones legales y a vista y paciencia de todos los ciudadanos. Nomás que en lugar de llamarse Revolución Ciudadana se bautizaron como ‘La Liga azul’.

En torno a la facultad nominadora del CPCCS giró toda la actividad política nacional durante el último año: las prioridades de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos, el juego de las alianzas y las afinidades, que reunió a correístas y socialcristianos, independientes y disidentes de Pachakutik o de la Izquierda Democrática en torno a un mismo conjunto de intereses inconfesables: Esteban Torres y Mireya Pazmiño, Virgilio Saquicela y Paola Cabezas, todos juntos y revueltos debajo de la mesa. Una eventual victoria del 'Sí' habría echado por a la basura un año de acuerdos políticos y acciones de fiscalización, habría significado la caducidad de la mayoría parlamentaria, en fin, lo habría cambiado todo. 

Más allá de que los ciudadanos parecieran haber votado en contra del Gobierno sin importar el contenido de las preguntas (lo cual explica la derrota de la extradición, que en circunstancias normales debió ser apoyada por un electorado de tendencia populista y admirador de Bukele), está claro que el Gobierno planteó sus preguntas sobre el CPCCS de la peor manera. Primero, en la pregunta 3, invitaba a los votantes a pronunciarse en contra de la desprestigiada Asamblea Nacional, reduciendo el número de miembros. Luego, en las preguntas 5 y 6, proponía entregar a esa misma Asamblea las facultades correspondientes al CPCCS y la atribución de designar a sus miembros. Eso, al menos, es lo que se leía en la papeleta de las preguntas, aunque los anexos propusieran un diseño institucional que, lejos de descansar completamente sobre la Asamblea, diluía las responsabilidades entre los distintos poderes y organismos del Estado y establecía un juego de pesos y contrapesos que realmente evitaba la captura de los organismos de control por parte de los partidos políticos. El caso es que no todo el mundo estaba pendiente de las explicaciones de Karen Sichel.

Razones para la sospecha

¿Por qué demoró el escrutinio de Guayas? ¿Por qué el CNE no dio ninguna explicación aunque el Gobierno la exigiera? Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero y Enrique Pita no saben/no contestan. La víspera, en medio del tráfago de los escrutinios, ellos excluyeron a la consejera Elena Nájera de la tan postergada, esperada e infructuosa rueda de prensa, esa ridícula comparecencia de cinco minutos en la que Diana Atamaint se limitó a decir que “el procesamiento de las actas avanza paulatinamente”, como si hubiera otra posibilidad. Nájera denunció que hasta le impidieron el acceso a la información de los escrutinios. Y uno se pregunta a cuenta de qué. El caso es que el CNE es incapaz de demostrar un ápice de transparencia. Está en su naturaleza.