Un audio involucraría a Yunda en el caso de las pruebas PCR

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Un audio involucraría a Yunda en el caso de las pruebas PCR

La Fiscalía halló indicios que apuntan al alcalde en el proceso de compra de dichos insumos. Serán 15 sospechosos por la contratación con anomalías

YUNDA CON CORONA
Prueba. Jorge Yunda, alcalde de Quito, durante la aplicación de la prueba PCR para detectar COVID-19.
Archivo

Audios en los que se habla de la compra de las pruebas PCR para detectar COVID-19 que hizo el año pasado la Secretaría de Salud del Municipio, involucrarían al alcalde de Quito, Jorge Yunda.

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El funcionario habría conocido varias actividades realizadas por los procesados sobre la contratación y compra de reactivos para la determinación de COVID-19 por PCR-Polimerasa, para la Secretaría de Salud.

Fueron 100.000 pruebas PCR las adquiridas en 3’774.000 dólares entre la secretaría dirigida en ese entonces por Lenin Mantilla (prófugo) y la empresa Salumed.

Eso se señala en el impulso fiscal en el que la Fiscalía pidió su vinculación al expediente que por posible peculado se investiga en contra del exsecretario de Salud del Municipio Lenin Mantilla y otras siete personas. 

Con Yunda serán vinculados también la actual secretaria de Salud municipal Ximena Abarca, la coordinadora Linda Guamán, otras cuatro personas, una empresa y su representante legal.

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La diligencia de vinculación fue programada para el próximo martes a las 09:30 en la Corte Provincial de Pichincha. El caso fue sorteado la mañana de ayer jueves 11 de febrero. La diligencia será dirigida por el presidente del organismo, Wladimir Jhaya, y los cargos serán expuestos por el fiscal provincial Alberto Santillán en la sala de audiencias 10, ubicada en el piso cuatro del edificio de la Corte, norte de Quito.

Los elementos se obtuvieron durante una audiencia de extracción y fijación de la información efectuada en Criminalística de la Policía.

En el laboratorio policial se encontraba la perito designada para el caso el martes 9 de febrero. Hubo una lectura de los textos de los mensajes de dos teléfonos (un iPhone y otro Huawei), que habrían intercambiado varios ciudadanos. Entre ellos el alcalde Yunda, que posee fuero de Corte Provincial.

En la audiencia privada se escucharon y visualizaron conversaciones telefónicas encontradas en el teléfono de Ximena Abarca, actual secretaria de Salud, con el número 0996399800, perteneciente a Jorge Yunda.

En su impulso la fiscal señala que en los mensajes intercambiados se tratan temas relacionados con la adquisición de pruebas en el marco de la emergencia sanitaria, “donde se presume existiría la autoría o participación en el hecho objeto de esta instrucción, que conlleva a establecer una presunta responsabilidad penal por parte del señor Jorge Homero Yunda Machado”.

Las evidencias se habrían recopilado de los dispositivos y documentos incautados en el allanamiento que hizo la Fiscalía el 29 de enero a la Secretaría de Salud municipal. Uno de ellos tenía relación con la asesoría técnica para el análisis y procesamiento de pruebas para diagnosticar COVID-19

La Fiscalía había conocido, de forma reservada, que funcionarios de esa dependencia habrían ocultado documentación con información relevante sobre irregularidades en la compra de pruebas.

La Secretaría de Salud en un comunicado rechazó la vinculación para Abarca. Indicó que jamás han ocultado información.

El concejal Fernando Morales dijo que de forma oportuna solicitó la vinculación del alcalde para evitar incidentes como el de la fuga de Mantilla. “Esperamos que los recursos públicos se precautelen, que no sean desperdiciados y se encuentre a los responsables”, declaró.

El alcalde, por su parte, afirmó que no tiene nada que ocultar. Sostuvo que no ha incurrido “en ningún ilícito en toda mi vida, luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas. Estaré presto para colaborar con la justicia”.

Responsabilidad

Contraloría examinó la adquisición

La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en la compra de las pruebas PCR. Entre otras cosas, indicó que no se definieron objetivos, número de pruebas a aplicar y capacidad de procesamiento de resultados. Dice que no hay evidencia documental de entrega de ofertas en la adjudicación del contrato por $ 3’774.000.

Manifiesta que el 13 de abril de 2020 se aprobó el inicio del proceso. El mismo día se elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe de viabilidad, en el que se recomendó la adjudicación del proceso a Salumed S. A., sin analizar las propuestas económicas y técnicas de los otros dos oferentes.

El detalle

Negativa. El miércoles la Corte de Pichincha negó la apelación de la prisión de Lenin Mantilla.