La audiencia preparatoria de juicio que se sigue en contra de 10 sospechosos de presunto peculado en el caso de las inversiones riesgosas con 216 millones de dólares en bonos con pacto de recompra con los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) se retomará del 4 al 15 de septiembre de 2023.

El viernes la jueza Irene Pérez escuchó las exposiciones de la acusación particular que hizo  Isspol y la que expuso la Procuraduría. Ellos, al igual que la Fiscalía, pidieron el llamado a juicio para los 10 sospechosos del posible delito como lo hizo en su exposición el jueves el fiscal Álex Castillo. 

Uno de los argumentos expuestos por el Isspol fue el que contiene en una carta del 30 de octubre de 2020 en la que el Decevale afirma que "en verdad no ha sido custodio de sus recursos, sino el señor Jorge Chérrez y sus empresas". El coronel Renato González, director del seguro policial dijo en su cuenta de Twitter que "de un plumazo nos dejaron sin 693 millones de dólares". Además, la defensa del Isspol citó un acta del 21 de octubre de 2014 que fue suscrita por Enrique Espinosa, David Proaño, Rafael Nuques y Santiago Duarte en la cual consta el informe de John Luzuriaga que indicaba que antes de esa operación, todos los reportos sí respetaban la ley y los plazos no excedían los 180 días.

En los más de cinco días de intervención el fiscal enumeró e individualizó los indicios, considerados como una base sólida en contra de los investigados que apuntan a su presunta responsabilidad.

El fiscal Castillo acusó como posibles autores del delito al empresario Jorge Chérrez Miño, a los exdirectores del seguro policial David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, al exdirector de Inversiones Alfredo Valverde, al Jurídico Santiago Duarte, al de Riesgos John Robert Luzuriaga y al Económico y Financiero Orlando Nuques. A ellos se suma Luis Domínguez, representante legal de Ventura casa de Valores y quien estuvo a cargo de la firma de contratos de la empresa Rusticussi .

Mientras que como posibles coautores el fiscal pidió que sean llamados a juicio Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y a Carlos Carbo, también del Decevale.

Son en total 68 testigos y peritos que serán llamados a declarar ante un tribunal en caso de juicio y 131 elementos documentales que se convertirán en pruebas si es que la jueza Irene Pérez llama a juicio. Entre ellos están nombramientos, asistencias penales internacionales, oficios, memorandos y otras evidencias que demuestran las posibles irregularidades registradas entre 2017 y 2019 que pusieron en riesgo parte de los fondos de pensionistas y afiliados con inversiones riesgosas y sin respaldo efectuadas.

Para la Fiscalía, los exfuncionarios del Isspol se habrían aprovechado de los cargos que ejercieron en el seguro policial para “apropiarse, distraer y disponer” de los recursos que pertenecían a los afiliados y pensionistas. El director del Isspol, coronel Renato González, señaló que en la audiencia se leyó “un mensaje de email de Luis Domínguez en el cual reconoce que compró bonos a su nombre con el dinero del isspol”.

Se preguntó que si tanto el Decevale (privado) como el DCV Banco Central (público), certifican que no custodian bonos del instituto: ¿Qué duda cabe que fue un mega atraco?