La jueza Ana Guerron difirió la audiencia preparatoria de juicio que debía instalarse este lunes 3 de febrero a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte de Quito, por el incendio de la Contraloría. Ese fue uno de los casos abiertos en el contexto de las protestas de octubre, que dejaron muertos, heridos, bienes destruidos, asaltos y actos delincuenciales.

La decisión de la jueza respondió al pedido de varios de los abogados de los 27 procesados, que en un inicio eran investigados por posible terrorismo. Su condición cambió el 15 de noviembre con la reformulación de cargos a sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros.

En la reformulación de cargos, la Fiscalía argumentó que la figura delictiva cambiaba por no disponer de los suficientes elementos para insistir en la investigación por terrorismo. 

Ernesto Pazmiño, abogado de tres procesados, indicó que la solicitud de diferimiento obedece a que recién el viernes anterior el fiscal del caso incorporó al expediente varios informes periciales y otra documentación de la que no tuvo conocimiento la defensa de los procesados. Por esa razón, la Fiscalía no se opuso al cambio de fecha y la jueza aceptó.

El caso fue abierto tras el incendio de la Contraloría atribuido a una treintena de personas. Es uno de cuatro expedientes que investigaron el incendio y destrucción del organismo de control. Ninguno de los investigados está detenido.

Mientras tanto, esta mañana en la Fiscalía se recibieron versiones en un expediente abierto  para investigar la muerte de Édgar Yucailla, un ciudadano de Guamote, Chimborazo, que había participado en las protestas y murió varios días después.

Delfin Buelva es patrocinador en el caso. Dijo que en el cuerpo del fallecido se han encontrado perdigones. Agregó que de las 11 víctimas señaladas por la Defensoría del Pueblo al menos ocho no fallecieron por accidentes de tránsito ni caídas sino por disparos, como ha asegurado el gobierno. De los fallecidos responsabilizó al presidente Lenín Moreno. Aseguró que todo se originó en la firma del decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles.

Para sustentar sus afirmaciones citó los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo. De la muerte de Yucailla responsabilizó a quienes se encontraban asignados a los exteriores de la Asamblea y de la avenida 12 de Octubre. 

El defensor considera que una de las personas que debería ser citada a dar versión es la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Añadió que esta semana acudirán 10 personas y la próxima semana se recibirán otros 20 testimonios en el caso.