La Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador (Aemaj) expuso su malestar la tarde del lunes 26 de septiembre sobre el riesgo que corren los judiciales en medio de los altos niveles de criminalidad que se registran en diferentes provincias del país.

Heidy Borja, jueza y representante de la organización en Guayas, dijo que están preocupados, que no quieren ser víctimas del crimen organizado, sobre todo, los jueces de Garantías Penales, quienes imparten justicia en casos de narcotráfico, por ejemplo.

“Los jueces hacemos más que emitir sentencias, hasta ponemos de nuestros bolsillos para cubrir las carencias (del sistema)”, señaló la judicial, en una rueda de prensa que se realizó en un hotel de Guayaquil.

Y añadió: “Laboramos en unidades judiciales inseguras. Tenemos todo el derecho de exigir condiciones mínimas de seguridad porque nuestra labor puede costarnos la vida”.

La dirigente aseguró que la normativa de protección de judiciales que se encuentran amenazados no está siendo aplicada de forma eficaz.

La abogada Jéssica Cañadas, miembro de la asociación, explicó que mientras el judicial envía el formulario de solicitud de seguridad al Ministerio del Interior y espera la evaluación del riesgo y que se le asigne el dispositivo de seguridad, el funcionario está desprotegido.

“Se les ha dejado en completa indefensión y vulnerabilidad a los funcionarios que solicitaron seguridad mediante este formulario”, comentó Cañadas. Ella también cuestionó que el protocolo esté desactualizado con los niveles de violencia que se han registrado. JPL