Después de que este Diario diera voz al grito desesperado de Brenda (nombre protegido), quien pedía justicia por el abuso sexual que sufrió el 30 de agosto de 2018 mientras realizaba el internado de la carrera de Radiología e Imagenología en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Portoviejo, el asambleísta por Pichincha, Alejandro Jaramillo solicitó mediante oficio información al Consejo de la Judicatura sobre el caso de Brenda.

En el documento emitido por Jaramillo, se requirió detalles respecto a quejas en contra de los jueces: Dra. Gina Mora Dávalos, Dra. María Miranda Durán y Dr. José Ayora Toledo, quienes revocaron la sentencia de 29 años de prisión a los tres funcionarios públicos que fueron acusados por Brenda de abuso sexual.

“De existir dichas quejas, solicito se de a conocer las acciones tomadas con base en las competencias del Pleno del Consejo Judicatura establecidas en el Código de la Función Judicial y la Constitución de la República”, detalló el legislador.

Asimismo, pidió un detalle a la función judicial sobre el sustento técnico que motivó la decisión tomada por la presidencia del CJ, el pasado 2 de febrero, que revocó la suspensión del cargo al fiscal Juan Carlos Izquierdo, investigado en el caso del presunto suicidio de Naomi Arcentales.

Jaramillo explicó que el funcionario absuelto para ejercer nuevamente su cargo, no solo está en un proceso de investigación por el fallecimiento de Arcentales, sino que existe “material audiovisual en el que se puede vislumbrar agresiones físicas en contra de la ciudadana fallecida, lo cual también es inaceptable para una persona que ejerce un cargo fiscal”.

El legislador sentenció con un mensaje en su cuenta de Twitter que “hay decisiones judiciales que no se entienden. Estos dos casos (con seguridad hay muchos más) son la muestra clara que el sentido común es el último de los recursos en ser prioridad. Se debe proteger y actuar en favor de las víctimas, así de simple”.