Parte de la nueva mayoría de la Asamblea Nacional cuenta los días para tener al ministro del Interior, Patricio Carrillo, “cara a cara” en un juicio político y buscar su censura y destitución por la actuación policial en las protestas indígenas de junio pasado que desembocaron en varios actos de violencia.

Ayer, el funcionario acudió por séptima ocasión al Legislativo para hablar del tema. Esta vez la convocatoria fue realizada por la Comisión de Garantías Constitucionales dominada por legisladores de Unión por la Esperanza (UNES) y los rebeldes de Pachakutik. El ambiente fue tenso. Legisladores de ambas corrientes presentaron juntas un pedido de juicio político en contra de Carrillo el 21 de julio pasado.

Pero les tocará esperar. La solicitud aún no ha sido conocida y calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), también dominado ahora por la nueva mayoría, y aún cuando esto suceda el proceso tomará su tiempo porque en la Comisión de Fiscalización hay varios trámites de control político en cola.

Ahora mismo, la mesa liderada por Fernando Villavicencio está procesando el juicio político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ). Desde hoy se inicia la etapa de actuación de prueba. Se extenderá por diez días. Ayer, se aprobaron más de cien solicitudes de comparecencia.

• El CAL podría definir para las próximas semanas un receso legislativo, lo que podría ampliar el plazo de los juicios.

Fiscalización aprobó ayer la comparecencia de 102 personas dentro del juicio político al Consejo de la Judicatura.

Varios sectores relacionados al paro de junio también exigen que se fiscalice al ministro de Defensa, Luis Lara.

Hoy está convocado el exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Miguel Jurado Fabara. En la lista están jueces, exjueces de la Corte Constitucional, entre otros.

Villavicencio reconoció que este juicio es, hasta ahora, el que mayor número de comparecientes registra, aunque recordó que los jueces no están obligados a acudir al llamado de los legisladores.

Los vocales que enfrentan el juicio político son Fausto Murillo (actual presidente), Ruth Barreno y Juan José Morillo. Además, la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado.

Luego, están en fila los dos juicios planteados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El primero planteado por Ricardo Vanegas y José Chimbo del ala orgánica de Pachakutik en contra de los siete integrantes del organismo y el segundo propuesto por Ángel Maita y Mireya Pazmiño (rebeldes) a Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira.

Evacuar ambos procesos de Fiscalización podría tomar hasta finales de octubre o inicios de noviembre, por lo que recién ahí sería el turno de Carrillo que recibió el apoyo del presidente Guillermo Lasso por su dirección durante los 18 días de movilizaciones.

Esto, luego de que el CAL decidió no calificar el pedido para censurar a la exministra de Salud, Ximena Garzón, por incumplimiento de requisitos. El organismo determinó que ocho de las 39 firmas que respaldaron este pedido no eran válidas. Se requieren al menos 34 para formalizar la solicitud.

La asambleísta disidente de Pachakutik, Patricia Sánchez, acusó a Carrillo de haber actuado con “facismo” durante las manifestaciones lo que generó malestar en el funcionario y los legisladores cercanos al oficialismo.

Carrillo, por su parte, se defendió asegurando que la disposición desde el inicio fue no usar armas letales para repeler a los manifestantes, por lo que descartó que los perdigones encontrados en algunas víctimas mortales hayan provenido de la fuerza pública.