La Asamblea Nacional instaló este 6 de octubre de 2022 una mesa de seguridad interinstitucional, pero con la sensación de que el Ejecutivo no le puso empeño en la invitación hecha por el legislativo.

Si bien, el Ministerio de Gobierno envió como sus delegados a los mismos técnicos que participan en las mesas de diálogo instaladas a finales de agosto, la expectativa era que acudan los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez y del Interior, Juan Zapata.

Este último se excusó a través de una carta, explicando que se encontraba atendiendo los últimos acontecimientos violentos que se han suscitado en las cárceles del país, que dejan hasta el momento cerca de 30 fallecidos, entre Cotopaxi y la Penitenciaría del Litoral.

Estuvieron, además de las autoridades de la Asamblea, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela; el defensor Público, Ángel Torres; y el general Mauro Vargas, inspector General de la Policía.

Otras entidades como la defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado también estuvieron representadas por delegados.

Más allá de los discursos y muestras de predisposición, en esta reunión no se registraron mayores avances. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, encargo al titular de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, la coordinación de la primera cita técnica que se podría dar la semana entrante.

Narváez recordó que en su mesa legislativa se trabajan 23 proyectos de ley y reformas relacionadas con temas de seguridad y que las observaciones y propuestas que se obtengan de las mesas de diálogo servirán para construir una normativa integral.

“Hace un año le solicitamos al presidente de la República (Guillermo Lasso) que conforme un equipo para que se siente con la Asamblea a trabajar en las leyes vinculadas a seguridad. Lastimosamente, el presidente demora mucho en tomar acciones”, señaló el asambleísta.

El legislador socialcristiano Esteban Torres aseguró que esta es la oportunidad para empezar a debatir en el país sobre la tenencia de armas en hogares y negocios, especialmente en el sector rural, agrícola y ganadero, como una forma de disuadir a la delincuencia.

“La realidad es que en Ecuador el número de armas ilegales está superando en cinco veces a las que alguna vez fueron legalmente registradas. Si alguna vez existió un censo de armas legales de entre 60 mil o 70 mil, se calcula que hoy en manos de los delincuentes hay de 300 mil a 350 mil armas”, informó Torres.

Narváez se mostró cauto sobre las propuestas de porte y tenencia de armas. Aseguró que más importante es que se debata sobre la depuración, reestructuración y reforzamiento de las instituciones de seguridad.