La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador eludió este jueves pronunciarse sobre el veto parcial impuesto por el presidente, Guillermo Lasso, al proyecto de ley que despenaliza y regula el aborto por violación, que podría entrar en vigor por el ministerio de la ley si no se debate en la Cámara.

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, concluyó una sesión en la que se debía analizar la cuestión, después de que la Corte Constitucional se abstuviera de valorar el veto presidencial y conminara al Legislativo a seguir el proceso regular.

Con un escueto "se suspende la sesión, ¡buen feriado!", Llori zanjó cualquier opción de debate parlamentario, sin dar paso a mociones encaminadas a alcanzar una resolución sobre el veto del Ejecutivo a la legislación que regula la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación en el país.

La decisión siguió a una moción presentada por la asambleísta Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa (2007-2017) del bloque Unes, de allanamiento al veto presidencial, que no prosperó al obtener 17 votos afirmativos, 73 negativos y 40 abstenciones.

El Parlamento tenía hasta este viernes para pronunciarse sobre el veto parcial formulado por Lasso; en caso contrario, la norma será inscrita en el Registro Oficial incorporando las objeciones formuladas por el Ejecutivo.

La Asamblea Nacional explicó en un tuit que "de la lectura del dictamen de la Corte Constitucional se desprende que este órgano considera que no es competente para pronunciarse sobre el texto alternativo, presentado por el presidente de la República".

En febrero pasado, el Parlamento aprobó una legislación que regula el aborto por violación después de que la Corte Constitucional despenalizara esta causal en 2021.

El mes pasado el presidente ecuatoriano anunció su decisión de incluir 61 "textos alternativos" a la normativa discutida en el Legislativo, al considerar que esta, supuestamente, no concuerda con la sentencia de la alta Corte.

Entre las sugerencias del mandatario de tendencia conservadora, figuran que se unifique el plazo de doce semanas en casos de aborto por violación y no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.

Asimismo propuso "requisitos" para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.

En Ecuador el aborto está despenalizado, además, en los casos en los que la vida de la mujer esté en riesgo o cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer en situación de discapacidad intelectual.