La Asamblea anuncia juicio politico al contralor ausente

La Asamblea llamará al contralor, Carlos Pólit, al banquillo de los acusados, por incumplimiento en funciones. Él es investigado por presunta concusión. Su caso está relacionado con la red de corrupción de la brasileña Odebrecht.

Ayer el titular del Legislativo, José Serrano, anunció cinco medidas que, según el oficialismo, ayudarán a combatir la corrupción. Él condenó las prácticas ilícitas de la empresa brasileña y respaldó a la Fiscalía.

La primera acción de PAIS será el juicio político a Pólit, quien se encuentra en Miami desde el 26 de mayo. La segunda será convocar al fiscal, Carlos Baca Mancheno, a la Comisión de Fiscalización.

Además, se creará una comisión multipartidista que viajará a Estados Unidos y Brasil para recoger información directamente. Estará integrada por cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa: Soledad Buendía, de PAIS; Verónica Arias, del movimiento ARES; Luis Fernando Torres, de la alianza PSC-Cambio; y Patricio Donoso, de CREO-SUMA. A ellos se sumarán las presidentas de las comisiones de Fiscalización, María José Carrión, y de Relaciones Internacionales, Doris Soliz.

La cuarta resolución de la mayoría parlamentaria fue pedir la expulsión del país de la empresa Odebrecht. Y la quinta, reformar leyes (Serrano no dijo cuáles ni cuántas) para, por ejemplo, prohibir la contratación con empresas involucradas en actos ilícitos, crear incentivos para que ciudadanos y funcionarios denuncien actos de corrupción y establecer la muerte civil para los funcionarios que incurran en actos de corrupción.

La oposición, en términos generales, apoya estas resoluciones. Los de CREO-SUMA son más radicales: creen que no es suficiente enjuiciar al contralor y piden la renuncia del vicepresidente Jorge Glas. “Es el responsable político, él era el responsable de los sectores estratégicos y no hizo bien su trabajo. Tiene que renunciar por decencia”, dijo el jefe de bloque, Roberto Gómez.

Otros consideran que el plan de PAIS se queda corto: se requiere, dijeron, una cirugía de fondo de los actos de corrupción para llegar a los peces gordos. Para Wilma Andrade, de Izquierda Democrática, las resoluciones de PAIS son factibles, pero recordó que su partido ya propuso la “muerte civil de los funcionarios corruptos”.

Torres dijo que todavía “tendrá que desarrollarse para definir claramente los objetivos y los resultados que se esperan”, explicó.

Jimmy Candel, de Creyendo en Nuestra Gente, no apoya la expulsión de Odebrecht. Tiene que responder, dijo, por todos los daños que hizo al país. Para otro sector, las acciones de PAIS son tardías. Freddy Peñafiel, de Pachakutik, manifestó que “se quieren rasgar las vestiduras para decir que son los salvadores de la patria, pero tenían que investigar antes”. CMP