Arquitectura de una desdolarizacion

Han arreciado en días recientes las alarmas de que se pretende acabar con la dolarización. La “aceptación voluntaria” del dinero electrónico está evolucionando hacia un requerimiento conminatorio, para que los negocios y los bancos se vean obligados a transar con el invisible numerario propuesto por el Gobierno.

Para que una moneda tenga valor debe tener un respaldo que otorgue confianza. Al momento usamos la moneda de mayor respaldo en el mundo, botín codicioso para un fisco que no tiene dónde caerse muerto.

He ahí la necesidad de impulsar, a como dé lugar, el uso de asientos contables que no constituyen dinero alguno, respaldados por un ente que no tiene activos propios y que usa, liberal y arbitrariamente, el dinero de los demás para entregárselo al Gobierno.

De haber una fórmula de desdolarización, esta debe captar los dólares que están radicados en el sistema financiero y llevarlos al Banco Central, canjeándolos, en el mismo acto, por los asientos contables que constituyen el “dinero” electrónico. Quienes quieren acabar con la dolarización argumentarían que la normativa no es violatoria de los artículos 308 y 309 de la Constitución, los cuales prohíben, sin expresamente mencionarlo, los “corralitos” o “feriado bancario”. Además, los artículos citados endosan exclusiva responsabilidad por la solvencia de los bancos a los personeros, directivos y accionistas de las instituciones financieras que experimenten corridas de depósitos, quienes serán personal, civil y penalmente responsables.

A partir de ese momento el Estado contaría con $25.000 millones en depósitos; los bancos deberán migrar hacia operaciones sostenidas con saldos electrónicos y, todos: acreedores, deudores, exportadores e importadores, deberán hacer sus transacciones bajo las reglas del nuevo sistema. Habría incautación de divisas; los dólares de las exportaciones deberán ser entregados al Banco Central, y los importadores deberán tramitar sus permisos, pagar con “dinero” electrónico su mercadería, y dejar constancia de haber pagado sus obligaciones en el exterior. Las remesas de los migrantes serán captadas por el BCE, y a los beneficiarios les serán acreditados los valores en sus teléfonos. A los empleados, fueren de oficina o domésticos, les serán pagados sus haberes con dinero electrónico. Los viajeros deberán hacer su adquisición de dólares en el banco estatal y sus cuentas les serán debitadas.

El dinero electrónico acaba con la dolarización, y se regresa a un régimen monetario de moneda local pues el Banco Central no puede emitir dólares. De esta forma, el Estado podrá captar para sí los dólares, y siendo el Ejecutivo el mandamás sobre el Banco Central, logrará la aprobación de sus créditos sin más chistar pues contará, además, con los dólares de las transacciones de la balanza de pagos. No solo eso, el dinero perderá su condición de fungible y todas las transacciones llevarán nombre y apellido. Será el nirvana para los estadólatras que siempre han sido contrarios a la dolarización.

Más adelante trataré, de ser necesario, los obstáculos que encontraría un plan tal. De darse, en todo caso, será el camino directo hacia la “venezolanización” del país.

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