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Andrés Arauz y su coalición eluden referirse a la acusación de entrega de pruebas para COVID-19 en campaña

En un comunicado, la alianza UNES señala al CNE de intentar impedir una eventual victoria en primera vuelta

ANDRÉS ARÁUZ
El candidato de la alianza UNES, Andrés Aráuz, no se ha referido a la acusación del consejero Verdesoto.API

Un comunicado que evade. El candidato presidentel, Andrés Arauz, y su alianza electoral Unión por la Esperanza, eluden los señalamientos del consejero electoral, Luis Verdesoto, quien denunció al binomio presidencial Andrés Arauz y Carlos Rabascall, entre otros, de incurrir en una presunta infracción electoral grave.

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El consejero Luis Verdesoto denuncia al candidato Andrés Arauz y otros por entrega de pruebas de COVID-19 en campaña

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En el documento, publicado en la cuenta oficial de la coalición correísta, UNES califica de “vergonzosa” la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de intentar evitar una victoria en primera vuelta de la dupla aupada por el expresidente Rafael Correa. Inmediatamente, asegura que existen alertas de que el CNE declararía la nulidad de las elecciones y suspendería el proceso. “Nos declaramos en vigilancia permanente, contaremos voto a voto”, reza parte del documento que no hace referencia alguna a la acusación puntual del consejero Verdesoto.

El funcionario presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por infracción electoral grave en la que señala como presuntos responsables a Arauz, Rabascall y otros por transgredir el Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral al entregar dádivas, es decir, artículos promocionales que no están en la lista de los autorizados.

Como parte de sus argumentos, Verdesoto recoge, entre otros hechos, una noticia difundida respecto a una diligencia judicial mediante la cual se estableció que el fiscal Alaín Rea realizó la incautación y toma de evidencias de 350 pruebas de COVID-19 localizadas en la sede de la central de campaña del movimiento Centro Democrático en Tulcán. “Se informó que los militantes de dicha organización política no tenían documentos de importación, registro sanitario ni detalle de las pruebas COVID encontradas”. Y un hecho similar en Quito.

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Las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde 11 hasta 21 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.