Las amenazas de Maduro
lo hemos expresado en varias ocasiones, el problema del Derecho Internacional es su falta de coercibilidad. Solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en determinadas circunstancias y cumpliendo una gran cantidad de requisitos, a más de obtener el voto de nueve de sus miembros y, entre ellos las cinco grandes potencias, puede tomar determinadas medidas coercitivas contra un país que ha violado la Carta que lo creó.
El acto de amenaza de Nicolás Maduro, el sangriento dictador de Venezuela, esto es, de demandar a Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, debemos preguntarnos hasta dónde llegan los conocimientos de sus asesores, pues ellos habrán establecido el organismo en el que presentarán las sendas demandas. Posiblemente sea la Corte Internacional de Justicia que tiene su sede en La Haya. Según las noticias de los medios de comunicación, el 10 de septiembre de 2018, el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció que Venezuela emprenderá acciones internacionales con posible indemnización contra los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú, por “trabajo esclavo, xenofobia y delitos de odio, y maltrato hacia mujeres y niños venezolanos”.
Las declaraciones de la Cancillería ecuatoriana son oportunas. Han dicho que no hay fundamentos para que Venezuela pueda demandar al Ecuador ante supuestos maltratos a los ciudadanos venezolanos que masivamente han cruzado la frontera. “No hay absolutamente bases para eso”, dijo el canciller José Valencia, en relación a pagar una indemnización al gobierno de Venezuela. “Lo que ha hecho Ecuador es colaborar, trabajar, poner todo de sí, incluso en un momento de austeridad fiscal como el país está atravesando. Los ecuatorianos hemos abierto nuestros brazos y hemos tratado de abordar esta situación tan urgente, de necesidad humanitaria de los venezolanos que han estado llegando a nuestro país”.
La no aplicación. Todo esto que está pasando es por culpa, primero, de nuestros propios países porque, olvidándose de la Carta democrática, suscrita en nuestro país, con la inspiración y auspicio de ese gran presidente que fue Jaime Roldós Aguilera, no hemos querido aplicarla.
De otro lado, buena parte de los gobiernos, que en un momento recibieron la ayuda gratuita de Venezuela enviándoles unos cuantos barriles de petróleo, cuando se trata el tema de buscar defender los derechos humanos de un país, de un país que atropella y mata, físicamente o de hambre, a los que no están de acuerdo con la dictadura de Maduro, evitan que se apliquen, tanto en la OEA, como en la ONU que se tomen, por lo menos, las medidas elementales que mantienen en sus cartas cuando se violan en forma tan grotesca los postulados de dichas cartas.
Ya es tiempo de que, por lo menos, nuestra Cancillería instruya al representante del Ecuador en dichos organismos para que reclame e insista que se vote a favor de la aplicación de las pocas medidas aplicables a estos casos. Basta de tanta abstención, si es que aplicamos el sistema de hoy por ti, mañana por mí.
A más de esos, existe la Corte Penal de Justicia, cuyos estatutos suscritos en Roma, determinan los delitos que cometen los jefes de Estado y autoridades de una nación, como son el genocidio y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hace el fiscal general de la Corte Penal mirando solo para el África e ignora lo que sucede en Venezuela?
¿Qué hacer en adelante? Consideramos que ya es tiempo que algunos países tomen la iniciativa para hacer una revisión total, por lo menos en nuestros países americanos, de revisar las cartas de la OEA y la ONU, a más de tantos tratados suscritos, como, por ejemplo, el referente a la defensa de los Derechos Humanos y tener la valentía de proponer medidas con fuerza coercitivas para exigir sus cumplimientos. Hay que olvidarse un poco de la clásica definición de soberanía, que solo ha servido de escudo para que los dictadores se sientan verdaderos dueños de los poderes del Estado y de permitir tantas violaciones de gobiernos a los sistemas democráticos y a la defensa de los derechos humanos. Los nuevos criterios de soberanía ya rigen en otros países que, en un mundo globalizado, los aplican como es de la Unión Europea.
Además en materia económica existen organismos en los que los Estados aceptan ciertas imposiciones colectivas en beneficio de toda la comunidad. Igual sucede con los tratados bilaterales y la aceptación del arbitraje internacional.
Ahora mismo, con el caso del arbitraje sobre Chevron, no fuimos obligados a ir por la fuerza, sino por los compromisos legales adquiridos. Y, así y todo, como ha señalado el procurador, tenemos otros recursos.
