A la Fiscalía de la avenida Patria y calle Juan León Mera, en el norte de Quito, llegaron unos pocos cercanos al burgomaestre de Quito, Jorge Yunda. También sus abogados.

Es que el alcalde fue citado para ampliar una versión sin juramento en el caso que investiga un posible delito de peculado en la adquisición de pruebas PCR que hizo Lenin Mantilla, su exsecretario de Salud, durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

La diligencia era a las 12:45. Antes de la hora señalada los cercanos se fueron y los abogados también. Indicaron que Yunda había pedido diferimiento de la versión. Esperarán nueva fecha en el caso, que concluirá en alrededor de 10 días. Yunda es uno de los 14 investigados. Fue vinculado al expediente el 16 de febrero pasado, junto con la actual secretaria de Salud Ximena Abarca, la asesora técnica Linda Guamán y otros sospechosos.

El jueves por la tarde, en la Corte de Pichincha una sala de lo Penal negó el habeas corpus auspiciado por la Defensoría del Pueblo para Abarca.

En su cuenta de Twitter la funcionaria escribió que de manera escandalosa, tres juezas de la Corte negaron el habeas corpus interpuesto por el defensor Freddy Carrión. “Esto, a pesar de que se demostró mi enfermedad respiratoria crónica, soy de la tercera edad y la prisión pone en riesgo mi vida. Esto es persecución política clara”, señaló.

Carrión dijo que es lamentable que la justicia no permita la garantía de derechos humanos, en este caso de la vida, integridad y salud. “Las juezas no analizan desde el punto de vista constitucional, solo desde el punto de vista legalista”, declaró el funcionario. El de Salud es uno de los cinco procesos abiertos por presuntas irregularidades en compras efectuadas en dependencias del Municipio capitalino.

Evidencias

Hubo chats que vincularían al alcalde

Para vincular al alcalde de Quito Jorge Yunda al proceso de posible peculado por la compra de 100.000 pruebas PCR, la Fiscalía contó con la materialización de chats intercambiados por el funcionario con Ximena Abarca y Linda Guamán.

Esas conversaciones evidenciarían, según la Fiscalía, que el funcionario conocía del tema.

Yunda aseguró que nunca envió por chat de mensajería ninguna instrucción que estuviese fuera de la ley. La Fiscalía sospecha presuntas irregularidades en la adquisición de las pruebas durante la emergencia sanitaria.

La cifra

100.000 pruebas PCR habrían sido contratadas con aparente sobreprecio en la Secretaría de Salud.