La tarde de este jueves 5 de octubre se volvió a diferir la reanudación de la audiencia de acción de protección para revisar la posición de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) sobre el funcionamiento de los fotorradares.

El gremio presentó ese recurso con un pedido de medida cautelar para que se anulen las multas generadas a través de esos dispositivos a partir del 24 de agosto. El objetivo de ese colectivo es que se dejen de usar los fotorradares en los municipios con competencias de tránsito, como en el caso de Guayaquil, Durán, entre otros, hasta que sean debidamente calibrados y cumplan con todos los requerimientos de ley.

Ese día, el juez Emerson Curipallo Ulloa, de la Unidad Judicial Penal del cantón Santo Domingo, avocó conocimiento de la acción de protección y concedió la medida cautelar.

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Pese a la orden judicial, esos aparatos han seguido operando, de acuerdo con reportes ciudadanos. El martes 3 de octubre anterior, mediante un comunicado, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) dijo la entidad guayaquileña que no había recibido una notificación de alguna autoridad.

“Los radares están plenamente operativos cumpliendo su objetivo de disuadir a quienes pretenden exceder los límites de velocidad. La ATM no ha recibido notificación alguna que, bajo la figura de medida cautelar, pretenda suspender la operatividad de estos dispositivos”, comunicó la institución.

En los documentos de la Función Judicial se comunica acerca de “la reanudación de la audiencia oral pública de acción de protección, el día viernes 13 de octubre del 2023, a las 15:00 en la sala 206 (...)”.

Según la federación de transportistas, el perjuicio económico por las multas generadas es cuantioso. Directivos del gremio aseguraron que tienen un promedio de mil dólares en infracciones por cada bus.

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