Otra que se aferra al cargo

“Es orden de arriba, sí”. Así explicaba la directora de un dispensario médico de Guayaquil la ausencia de personal en su centro de salud el pasado 8 mayo. Lo mismo ocurría por toda la ciudad: pacientes que esperaban por horas y otros que se quedaban sin atención médica. Todo porque ese día, en Quito, la ministra de Salud Verónica Espinosa se disponía a intervenir en el primer debate del nuevo Código Orgánico de Salud ante el Pleno de la Asamblea y le pareció vistoso llegar acompañada de una multitud, ofrecer un encendido discurso en la vereda, decir “masivo respaldo”, presumir de popular. Así que centenares de trabajadores del sector de la salud (era “orden de arriba”) fueron embarcados en decenas de buses y enviados desde las provincias a la capital, dejando los dispensarios y los centros de salud desatendidos. Esa es Verónica Espinosa. Esas son sus prioridades.

Las imágenes (las de la marcha frente a la Asamblea y las de los pacientes esperando en vano) fueron difundidas por la televisión nacional. Y si no provocaron un escándalo fue, simplemente, porque el escándalo ya estaba servido: para ese entonces, el medio digital La Posta ya había iniciado su serie de bien documentadas denuncias sobre las cosas aun peores que ocurren en ese ministerio. Pruebas de VIH con un alto porcentaje de resultados falsos. Desinfectantes infectados (flor del contrasentido), adquiridos para uso hospitalario a pesar de no contar con registro sanitario. Laboratorios de medicamentos oncológicos incapaces de aprobar la más superficial de las inspecciones sanitarias pero que cuentan con certificado de buenas prácticas de manufactura. Paracetamol inyectable plagado de microorganismos y bacterias, comprado a proveedores no autorizados y cuya presencia pudo ser rastreada, documentadamente, en ocho hospitales públicos de primera línea hasta seis meses después de haber sido denunciada.

Lo del Paracetamol es gravísimo: pudo causar muertes por septicemia. Probablemente lo hizo. Pero eso no está documentado y de ahí se agarra la ministra en su defensa: no se ha podido demostrar, dice, que haya sido administrado a algún paciente. Parece una broma macabra. Verónica Espinosa se suma a la lista larga de ministros y altos funcionarios correístas (porque ella lo es, no hay que olvidarlo) incapaces de asumir la responsabilidad política de los desastres que ocurren en las carteras a su mando. Gente que, con argumentos que rozan el ridículo, como este de Espinosa, se aferra al cargo con uñas y dientes a pesar de la deshonra. Quizá porque no alcanzan a percibir esa sutil distinción que planteaba el antropólogo Julian Pitt-Rivers entre tener honor y recibir honores. En la antigua Roma, funcionarios en su situación habrían elegido, como única forma de reivindicación, el suicidio. A estos no es posible siquiera sacarles la renuncia.

Es una de las peores herencias del correísmo y, sin embargo, de la que menos se habla: la muerte de la responsabilidad política. A veces da la impresión de que esta multiplicación de instancias burocráticas, esta elefantiasis institucional de organismos autónomos que presumen de desconcentrados y descentralizados fue inventada para eso: para diluir responsabilidades. Siempre habrá un jefe departamental, un subsecretario provincial, un gerente, un administrador de segundo o tercer rango a quien culpar. Entre un desastre y un ministro, siempre habrá demasiados documentos firmados por demasiada gente para levantar con ellos una bonita cortina de humo.