Elizabeth Shunio, subsecretaria de Derechos Humanos, Johanna Romero, representante de la Alianza de Organizaciones de DD.HH. del Ecuador, Pamela Aguirre, directora del Observatorio Jurídico Social de la Universidad Espíritu Santo, y José Ortiz, docente universitario, acudieron este viernes 20 de enero a la Comisión de Enmiendas Constitucionales.

La mesa legislativa recibe observaciones de diversos actores, con el fin de fortalecer los criterios con los que se analizará la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, relacionado con la participación complementaria de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado.

Los participantes coincidieron en que es importante que la iniciativa se convierta en una política pública, que precautele los derechos humanos.

Para Johanna Romero, el análisis debe enfocarse en dos aspectos: la consecuencia que implicaría el trabajo complementario entre las dos instituciones y la conveniencia de la reforma. Le preocupa que no se especifiquen límites de acción, que podrían extender una participación excesiva del Ejecutivo.

Dijo Romero que la comisión debe delimitar el accionar que tendrían los uniformados.

Para Pamela Aguirre es importante normar el tratamiento del estado de excepción. Dijo que hay que “identificar los estándares para su aplicación, para que no interfieran en la práctica de las FF.AA., en caso de proceder la reforma planteada”.

Sugirió que dentro del proyecto se proponga un manual en el que se incluya el ámbito de acción de FF.AA. en el orden interno, la temporalidad, uso extraordinario, procedimiento y que no se sustituya al estado de excepción