Un recurso criticado en el pasado y aplaudido en el presente. El Consejo de la Judicatura (CJ) hizo este viernes 13 de diciembre oficial la destitución del juez multicompetente de Santa Ana (Manabí), Manuel Eugenio Ruiz Moreira, el mismo que otorgó una acción de protección a la exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Rosa Chalá.

Según la Judicatura, la remoción no está relacionada con el fallo favorable que emitió Ruiz para Chalá, que en agosto pasado fue censurada y destituida por la Asamblea Nacional. Ese mismo mes, el CJ ya había abierto un sumario administrativo en contra del juez por negligencia en una causa relacionada con Petroecuador. 

Chalá no es la primera en escoger un juzgado alejado de la jurisdicción en donde se produjo el acto administrativo para demandar una acción de protección. El expresidente del CPCCS, José Carlos Tuárez, llevó su demanda de medidas cautelares a un juzgado de Ibarra para evitar el juicio político. Ese recurso fue negado.

En los últimos tiempos otros exfuncionarios también acudieron a esta figura. El exdefensor público, Ramiro Rivadeneira, presentó una acción de protección en contra del Consejo de Participación transitorio por intermedio de su entonces presidente, Julio César Trujillo.

La asambleísta del Partido Socialcristiano (PSC), Cristina Reyes, interpuso una acción de protección en contra del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que entonces tenía como presidente a José Serrano. La razón: Reyes fue sancionada con una suspensión de 10 días de su cargo como legisladora. Una jueza le dio al razón y la pena no fue aplicada.

Uno de los que más festejó la decisión de Ruiz favorable para Chalá fue el expresidente Rafael Correa, quien calificó como “extraordinario” el hecho de que el juez haya fallado de esa forma.

“Siempre dije que los jueces sí cumplían con su deber, podrían parar tanto abuso de #ElPeorGobiernoDeLaHistoria. Todavía quedan jueces honestos y valientes”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, fue el propio gobierno de Correa el que criticó, en su momento, el uso que los ciudadanos daban a la acción de protección, porque los fallos judiciales que de estos se derivan estaban impidiendo que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes.

Incluso, en 2014, la limitación de la acción de protección fue planteada en el paquete de enmiendas que envió el Ejecutivo. La Corte Constitucional de la época determinó que cualquier cambio al respecto solo se podría hacer a través de una Asamblea Constituyente.

Este viernes 13 de diciembre, Chalá entregó un oficio al presidente del CPCCS, Christian Cruz, en el que le conmina que dé estricto cumplimiento a la sentencia del juez Ruiz, esto significa devolverle su cargo como consejera de Participación y, por ende, la vicepresidencia.

Nueva queja contra Ruiz

La Asamblea Nacional anunció ayer que presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del ahora exjuez Manuel Ruiz, a quien acusan de negligencia por desconocer la Constitución.

Los legisladores rechazan que Ruiz pida requisitos de prejudicialidad y constitucionalidad para poder iniciar un juicio político. Dicen que la decisión del juez viola los principios de independencia de funciones.