Medio centenar de abogadas formaron la "Red de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador", un colectivo que busca coordinar y defender principios constitucionales y derechos sociales desde una perspectiva de género.

Así lo señaló la abogada María Dolores Miño, una de las fundadores de la Red, quien criticó que en los temas constitucionales del país, salvo excepciones, se excluyan del debate a juristas mujeres de alto nivel, que hay muchas, pero que sufren también de discriminación.

"Parecería que las cuestiones relativas con el derecho constitucional estarían reservadas para hombres", afirmó Miño al cuestionar que en los medios de comunicación es muy visible esa situación.

En el debate legal, incluso cuando se trata de asuntos que se ciñen al ámbito femenino, "muy difícilmente se toma la opinión de constitucionalistas mujeres", insistió la también catedrática universitaria y directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).

Y se preguntó por qué no tener una red de especialistas mujeres que puedan opinar o asesorar en cuestiones relativas al derecho constitucional, cuando "Ecuador cuenta con un contingente importante de mujeres abogadas", especialistas en diferentes ramas de la ley y activistas de derechos sociales y femeninos.

"Somos profesionales con criterios constitucionalistas, pero que por alguna razón no se toman en cuenta" en el debate diario, añadió Miño al precisar que hay asuntos específicos en la ley y en la Carta Magna en los que el criterio de un hombre "difiere de manera radical" de la perspectiva de género.

Ella dijo entender que "no todo hombre es machista ni toda mujer es feminista", pero insistió en que la perspectiva de género brinda muchas más posibilidades para el debate y la asimilación de perspectivas.

En la Red "tenemos una inclinación clara en la defensa de los derechos de las mujeres" y por eso se defienden temas como la "paridad" en la representación electoral, por ejemplo, o en asuntos más coyunturales como las normas que se han aplicado en el periodo excepcional por la pandemia del coronavirus.

La Red tiene como base "aportar en la opinión y en los espacios públicos desde el punto de vista de las mujeres", en un momento en que el sector femenino parece haber sido impedido "de ejercer este derecho de opinión", subrayó.

Además, la red congrega a abogadas especialistas en diferentes ramas del derecho, por lo que se ha creado una especie de colectivo "multidisciplinario de mujeres que trabajan en función de fortalecer la Constitución", agregó.

De su lado, Pamela Aguirre, también integrante de la Red, dijo que la discriminación en el debate de temas constitucionales en el país ha provocado que la discusión sobre las garantías de la ciudadanía tenga un sesgo de género.

Por ello dijo que se tornó "necesario y urgente" crear la red en estos tiempos de pandemia, con cifras alarmantes sobre la situación de las mujeres.

También docente universitaria, Aguirre dijo estar preocupada de que en la actualidad existan "situaciones de clara exclusión e invisibilización de las mujeres que trabajan en materia constitucional", porque ello reduce el debate legal en el país.

Isabel Espinoza, otra abogada y académica integrante de la Red, recordó que la democracia "exige la pluralidad de voces y la igualdad en la participación de las mujeres en el debate de cuestiones de interés nacional, tanto en espacios públicos, como privados".

Por ello, la Red se ha comprometido a "trabajar por la vigencia de los principios básicos sobre los cuales se asienta nuestra Constitución y el respeto por los derechos consagrados en esta, asegurando la participación equitativa de todas quienes trabajamos diariamente, para su plena vigencia", agregó Espinoza.