Aampetra aprueba informe y determina responsabilidades por casos de abuso sexual

El documento de la Comisión Aampetra, donde se analiza la responsabilidad política de Augusto Espinosa en los casos de violencia sexual en el ámbito educativo, está listo.

La mañana del 15 de marzo, la Comisión se reunió para revisar el informe de control político del exministro de Educación, Augusto Espinosa. En el documento se establecen las omisiones, negligencias y la responsabilidad política de Espinosa. El documento llegó cuatro meses tarde, y según legisladores como Dallyana Passailaigue, eso descarta la posibilidad de plantear un juicio político en contra del exministro.

Sin embargo, la presidenta de Aampetra, Silvia Salgado, recalcó que las sanciones, sentencias y responsabilidades jurídicas corresponden a otra instancia.

En medio de la reunión, Salgado protagonizó una discusión con el asambleísta Héctor Muñoz, del Movimiento SUMA, quien reclamó por la demora en la aprobación del documento y se retiró de la sala.

Legisladores correístas como Juan Cárdenas y Amapola Naranjo se mostraron a favor de la gestión del exministro. Por su parte, Espinosa presentó la renuncia a la presidencia de la Comisión el pasado 14 de marzo.

Aprobación de informe con responsabilidades

En horas de la tarde, la Comisión aprobó el informe de Control Político al Ministerio de Educación representados por Espinosa y Freddy Peñafiel; y Ministro actual Fander Falconí frente a los casos hechos públicos sobre violencia sexual en los establecimiento educativos.

Según el informe, durante la gestión de Espinosa y Peñafiel, el oficio expone que la cobertura de los Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) fue insuficiente, y careció de evaluación a las acciones de prevención de la violencia sexual.

También señala que los procesos de selección de directivos y miembros de Unidades Educativas (UE) públicas no fue regulado, no se activaron los protocolos de actuación, ni se vigiló su cumplimiento. Asimismo manifiesta la falta de implementación de un sistema especializado de registro de casos, y que no se auditó a las UE con casos de violencia registrados ni se ejecutó el Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales.

Por su parte, Falconí deberá seguir 14 recomendaciones entre las que constan auditorias e intervenciones de ser el caso establecidas en UE con casos de violencia sexual; socializar y evaluar con las comunidades educativas la aplicación de protocolos a nivel urbano y rural en todos los niveles de educación; desarrollar sistema informático especifico de registro de denuncias y proceso administrativos; establecer recursos extraordinarios de revisión de casos de violencia archivados; e identificar y determinar responsabilidades administrativas de funcionarios públicos y privados que incumplieron con obligaciones en casos denunciados por los padres.

La Mesa Interinstitucional será la encargada de evaluar y auditar el cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas.