7 anos de impunidad en la masacre de San Fernando

Son las siete de la mañana del 24 de agosto de 2010 y después de recorrer 22 kilómetros, un ecuatoriano sangrando y mal herido llega hasta un retén del ejército en la carretera 101 de Tamaulipas, en la frontera entre México y Estados Unidos. Se arrastra hasta el primer soldado que encuentra y dice: “Soy Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, inmigrante ecuatoriano rumbo a los Estados Unidos. Hombres armados nos secuestraron. Los mataron a todos”.

Antes de desfallecer en un hospital, Lala, quien se salvó simulando su muerte, acompañó a los soldados hasta un rancho abandonado en el municipio de San Fernando, donde localizaron el horror: 72 migrantes tirados en el suelo y asesinados a bocajarro. Eran 58 hombres y 14 mujeres (la mayoría centroamericanos, pero también cinco ecuatorianos, tres brasileños y un indio) vestidos con gorras de béisbol y ropa desgastada, que yacían formados en fila maniatados, ensangrentados y golpeados. Siete años después, no hay ni un solo condenado.

Los veteranos de la ruta, desde sacerdotes a organizaciones no gubernamentales, lo habían advertido hace tiempo: México es una gigantesca fosa común para los migrantes centroamericanos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos.

“La situación sigue igual de mal para los migrantes” explica Glena García. Dos meses después de la masacre le entregaron varios ataúdes que nunca pudo abrir y ni siquiera tiene certeza de que quienes están enterrados en su pueblo de Escuintla sean su padre y sus dos hermanos.

Glena se queja de un Estado que no los protegió en el camino, pero también de la desidiosa investigación posterior. Siete años después no hay ni un solo condenado y la policía municipal, elemento central en la violencia del crimen organizado, ha quedado al margen de la investigación.

El drama comenzó a solo unos kilómetros de la ansiada frontera con EE. UU. Todos los migrantes viajaban hacinados en dos camiones que fueron secuestrados por ocho tipos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y conducidos hasta un alejado rancho con una nave. Al día siguiente les dieron dos opciones: trabajar para el cartel de Los Zetas o la muerte. Según el informe judicial, solo uno aceptó el empleo.

“Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. Queremos saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron” dice entre lágrimas la salvadoreña Mirna Solórzano, madre de Glenda, una joven de 25 años cuyo cuerpo apareció también en medio de tantos hombres ensangrentados.

“Fue la toma de posesión territorial del crimen organizado para decir ‘aquí mando yo y aquí está mi primer mensaje’” resume el padre Pedro Pantoja, director del albergue para migrantes de Saltillo. Desde un año antes de la masacre, la comisión de derechos humanos en la que participa el sacerdote ya había elaborado un informe: “Bienvenidos al infierno del secuestro”, alertando del terror en la zona.

Larga lista de desapariciones

Las investigaciones atribuyen a Los Zetas la masacre de San Fernando. Por aquel entonces el joven cartel, separado del Cartel del Golfo, controlaba desde Tamaulipas a Guatemala y su presentación en sociedad era sembrar el terror a punta de matanzas. Según las investigaciones, elementos de la Policía Municipal habrían participado en la matanza.

Con el paso de los meses se supo que la de San Fernando no fue una masacre aislada, sino el episodio más conocido de una larga lista de desapariciones que hoy continúan. En los ocho meses posteriores se hallaron 196 cadáveres más enterrados en 47 fosas clandestinas, solo en ese municipio de Tamaulipas.