“La vida de los seres amados no tiene precio, hay que estar con ellos todo el tiempo. Los momentos que se viven cuando desaparecen son de mucha angustia hasta que los encuentras”, manifiesta Jean Carlos Intriago, de 27 años, quien a principios de marzo denunció la desaparición de un familiar en Guayaquil.

Justamente, hasta el pasado 2 de marzo, el número de personas desaparecidas en el país era de 1.290 personas, según la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased). De ese total, 964 ya fueron localizadas y 326 personas siguen desaparecidas.

En la provincia del Guayas, se acumulan 230 denuncias recibidas en 2023, de esas, 142 están solucionadas y 88 siguen en investigación. Según los registros, 12 personas fueron encontradas sin vida en este territorio.

En la Zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, se han recibido cerca de 230 denuncias de desaparecidos, a diario se reciben de 7 a 10 llamadas, que entran en proceso de investigación. Rafael Márquez, investigador de la Unidad de Personas Desaparecidas, Dinased, apunta que la mayoría de casos son menores de edad.

“La temática se ha sumado a los problemas que hay en el país como el narcotráfico, la pobreza y los intentos de migrar. Anualmente, en Guayaquil, las denuncias de desaparecidos han ido creciendo entre el 15 y 20 % y, en general, son menores de edad. Es necesario acotar que cuando recibimos una denuncia, las personas creen que la motivación es solo por secuestros o las llamadas “vacunas”, pero muchos se van voluntariamente, según nuestros datos estadísticos”, afirma.

La Policía Nacional enfatiza que el 55,32 % de desapariciones fueron voluntarias, por problemas familiares. Un 23,40 %, por problemas sociales, que incluyen personas detenidas por delitos, víctimas de secuestro o por consumo de sustancias psicotrópicas. El 9,22 % desaparece por enfermedades o discapacidades mentales, y un 8,51 % corresponde a los desaparecidos encontrados sin vida.

Según Márquez, este último dato es variable, ya que “existe la posibilidad de que muchos desaparecidos hayan muerto y no han sido encontrados sus cuerpos”, asegura.

Muchas de las denuncias corresponden a menores de edad. En total 107, entre niños y adolescentes, han sido reportados como desaparecidos, 65 han sido encontrados y 42 permanecen en investigación. Las motivaciones para dejar sus hogares, en un 84,33 % son voluntarias, por problemas familiares, y un total de 9,33 % por problemas sociales.

Para la máster en Psicología Clínica, Deborah Adum, hay varias razones por la que muchos adolescentes se van voluntariamente de sus hogares. “La mayoría de estas desapariciones que se toman por el sentimiento impulsivo propio de la juventud terminan y muchos regresan a su entorno familiar. Pero también hay otros casos, cuando en el hogar hay parejas maltratadoras, familia con padres violentos, donde hay gritos y golpes. Esto provoca que muchos busquen huir, y como no saben enfrentar la amenaza y poner un límite, desaparecen”, asegura.

Jordy Briones, psicólogo clínico y trabajador social del sector público, indica que las situaciones propias del hogar, más una presión alimentada por la escasez económica, trastocan la salud mental.

“Estos sentimientos de vacío causan ansiedad y depresión, llevando a tomar decisiones como el huir a los problemas. Muchas mujeres ya no se sienten seguras en su casa, y en el contexto psicológico lo que buscan es salir de la escena, y entrar a otra que, bajo su percepción, les da una nueva forma de vivir”, argumenta.

Briones expone que la problemática debe ser tratada integralmente, pues las afectaciones psicológicas en las familias hacen que el índice de desaparecidos aumente. “Debe haber una entidad social para ayudar a estas personas, que trabaje en conjunto con la Policía. Sobre todo, para ayudar a las familias en un proceso de integración moral y psicológica. Además, deberían crearse grupos de apoyo entre familias para que puedan dialogar sobre este tema”.

Márquez sostiene que la Policía aún no ha tenido un enlace con el MIES o el Ministerio de Salud Pública para atender psicológicamente a los afectados.

“Normalmente, nosotros hacemos de psicólogos con las familias para escucharlas y tranquilizarlas, pero no contamos con un escritorio, aunque sea en la Zona 8, para cuando venga un familiar, ellos puedan encargarse de eso. Finalmente, los que van a estos centros públicos de salud a atenderse son los familiares de aquellas personas a las que aún no hemos encontrado”, concluye.

• Acciones 

Protocolo de búsqueda de la Policía

La Ley Orgánica de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, emitida en el 2019, obliga a las fuerzas públicas a seguir un protocolo de búsqueda que inicia con la denuncia, luego la búsqueda del desaparecido en las morgues, hospitales, centros de privación de libertad, con la ayuda de entidades públicas y privadas. “Dependiendo de la situación de riesgo, se revisan cámaras de seguridad para ir armando una secuencia de tiempo en la ciudad, algo no tan viable en los distritos rurales. Si en dos días, no tienen ninguna respuesta, se inician los trámites burocráticos, con la toma de versiones y telefonía para sacar la motivación de la desaparición”, expresa Márquez.