La falta de medicinas e insumos no es el único gran problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El director provincial en Guayas, Enrique Fócil, le dice a EXPRESO que los empleadores en mora suman una deuda a la entidad que supera los 500 millones de dólares. Y que para cobrarla cuentan con 52 abogados externos, pero los procesos de coactiva se han acumulado y multiplicado en estos últimos años, al punto que existen al menos 196.000.

“Si divide 196.000 juicios para 52 abogados, le da un promedio de más de 3.000 para cada uno”, agrega para graficar la complejidad de una tarea que vista así luce casi imposible.

Hay acotaciones. Una es que entre esos empleadores hay quienes tienen múltiples demandas a la vez. Otra es que hay deudas antiguas que estaban siendo canceladas por convenios de pago, pero estos se suspendieron por la pandemia. Y, según Fócil, la normativa impide renovarlos y dispone un convenio de purga de mora con más requisitos como la entrega de una garantía real, que puede ser bancaria o hipotecaria.

Y, en tercer lugar, una creciente “falsa mora”, de cientos de personas que, al perder el trabajo por la pandemia, optaron por la afiliación voluntaria para seguir con la cobertura del Seguro Social. Pero quienes vuelven a conseguir empleo y a trabajar en relación de dependencia se olvidan del aviso de salida y aparecen en deuda.

Fócil afirma que, junto al presidente del Consejo directivo del IESS, Alfredo Ortega, espera plantear una reforma para simplificar el proceso y permitir que quienes quieran pagar lo hagan. Y, mientras tanto, agilizar los cobros. “Estamos luchando para sacar adelante un proceso para crear empleo, para ir al Colegio de Abogados, a las facultades de Derecho de las universidades, para invitar a los abogados a que vengan y cobren las cuentas del IESS”. Dice que eso no implicará gastos, porque los honorarios del abogado los paga el activado.

¿Es esto factible? Lo primero que responde la abogada Patricia Borja Laverde, especialista en el tema del IESS, es que a una situación así no se llega de manera reciente y “además se evidencia una falta de planificación oportuna o no adecuada”.

Aparte, recuerda que la normativa faculta al IESS a contratar a empresas de cobranzas, abogados o estudios jurídicos, en función del volumen de los títulos de crédito y necesidades justificadas de cada jurisdicción provincial. “Por ello, lo primero que habría que verificar es por qué habiendo esa magnitud de necesidades institucionales no se han tomado las medidas respectivas”, señala.

También recuerda que en septiembre del año pasado, la Corte Constitucional ya mandó al IESS a reformar la normativa para agilizar los procedimientos de cobro. Y a tipificar infracciones y sanciones en casos de funcionarios que no hayan actuado con diligencia.

Sobre una eventual participación de las facultades de Derecho en los cobros, reitera que la normativa no las incluye como opción, pero cree que puede haber la posibilidad de una empresa pública universitaria.

El decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, Leonel Fuentes, coincide con Borja en citar la normativa. Sobre la propuesta, indica que las universidades no tienen la capacidad jurídica para ‘ayudar’ al IESS en esa cobranza o coactiva. “No tenemos la competencia de brindar ese servicio legal”, insiste. Sin embargo, también ve una posible vía a través de una empresa pública universitaria.