4 legisladores resucitan al TFP

¿Se debe despenalizar el aborto en casos de embarazo por violación? La Comisión de Justicia de la Asamblea dice que sí, pero el Pleno no se pone de acuerdo. El tema divide a la sociedad en torno a posiciones irreconciliables y esa división llegó esta semana al seno del Legislativo, que se prepara para discutir las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en segundo y definitivo debate. Si el martes tres organizaciones de defensa de la niñez y las mujeres exhortaron a la Asamblea a aprobar la despenalización, ayer otra organización civil presentó oficialmente un pedido, con 35 mil firmas de respaldo, para que las cosas se mantengan como están: cárcel para las mujeres que aborten, incluso si han sido violadas.

Los autores de esta radical propuesta son los integrantes de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción Pro Cultura Occidental. En el vestíbulo principal de la Asamblea ofrecen una rueda de prensa con el respaldo de cuatro legisladores: Héctor Yépez y Roberto Gómez, de CREO; la independiente Lourdes Cuesta y el socialcristiano Esteban Torres. Los dos últimos pertenecieron a la Comisión de Justicia (saliente) y son signatarios de un informe de minoría en el que argumentan su oposición a la reforma que despenaliza el aborto.

“Está científicamente probado que el aborto deja traumas psicológicos”, declara José Ignacio Gómez, director de Tradición y Acción, tratando de revestir con un aura de laicismo un discurso que, según el manifiesto que acompaña a la petición, es fundamentalmente religioso: apela al “Sacratísimo Corazón de Nuestro Señor Jesucristo” y al “Inmaculado Corazón de María”, previene contra las amenazas que se ciernen sobre la Fe católica (con mayúscula) y remata con un latinajo: “In Iesus et Maria”. En la solapa de sus chaquetas, Gómez y sus acompañantes lucen un dorado león rampante con una cruz escarlata, reconocible emblema que, a pesar de llevarlo tan visible, les produce un cierto embarazo.

“¿Es ese el símbolo de Tradición, Familia y Propiedad (TFP)?”, le preguntan a quemarropa. Y él: “Eeeh, mmm, uuuh... Sí”, responde y se retira como para no ahondar en el tema. “Somos del mismo fundador”, aclara uno de sus acompañantes, que luce idéntico emblema en la solapa. TFP es la más radical de las organizaciones católicas de ultraderecha. Postula la defensa de los valores de la Edad Media. Desde la Contrarreforma para acá, según ellos, todo es decadencia espiritual, convicción que los ha llevado a tomar distancia incluso del Vaticano. Su última movilización pública en el país fue en los años noventa, para oponerse al obispado de Alberto Luna, en Cuenca, a quien acusaban de comunista. Hoy reaparecen con el respaldo de cuatro asambleístas para oponerse a la despenalización del aborto en casos de embarazo por violación.

Habrá que ver cuán efectiva resulta la presión social: la de los ultraconservadores de TFP, que aportan 35 mil firmas, y la de las organizaciones feministas, que se expresan a través de manifestaciones masivas. El tema promete ser el más polémico del segundo debate de las reformas al COIP, que será largo. Tanto, que las propias bancadas legislativas han optado por dejar en libertad a sus integrantes para que voten en este tema de acuerdo a sus conciencias. Así ocurre en CREO (donde Jeannine Cruz y Fabricio Villamar, por ejemplo, apoyarán la despenalización) y en el Partido Social Cristiano. Lo cual hace de esta una votación con pronóstico reservado. Lourdes Cuesta y Esteban Torres, que se oponen a la despenalización, creen que hay votos suficientes para aprobarla. Lira Villalba y Marcela Aguiñaga, que la apoyan, temen que la reforma no pase.

El informe que la Comisión de Justicia ya entregó a la Presidencia contempla la despenalización del aborto en cuatro casos: cuando el embarazo se produjo como resultado de una violación, cuando existen malformaciones que pueden causar la muerte del niño después de su nacimiento, en caso de incesto y en caso de inseminación forzada. El debate que espera a la Asamblea incluye una serie de aspectos sensibles relacionados con el procedimiento. El tema del consentimiento, por ejemplo: ¿quién lo otorga en caso de embarazo adolescente? ¿Los padres? ¿Y si el embarazo es producto de violación perpetrada por el padre, como ocurre en muchos casos? Otro tema complejo es el de la manifestación de la voluntad de la mujer embarazada y, con él, un problema del que se habla muy poco: el de los abortos forzados contra el deseo de la madre. Algunos de estos temas deberán incluirse en el Código de Salud, cuyo debate ya empezó pero debería esperar, por lógica, hasta la aprobación del COIP. Otros, deberán ser regulados por el Consejo de la Judicatura, según dispone una transitoria incluida por la Comisión de Justicia en su proyecto de reformas.

Argumentos

El informe de minoría

Lourdes Cuesta y Esteban Torres se oponen a la despenalización del aborto en casos de embarazo por violación con tres argumentos: uno constitucional (la protección de la vida desde la concepción); uno de procedimiento (debe existir una sentencia de violación antes de ejecutar el aborto) y otro estadístico: las cifras que se presentan, dicen, son falsas.