Nueve años y tres meses de cárcel es la pena que la Fiscalía solicitó que se imponga a tres procesados por presunta delincuencia organizada en el caso hospital de Pedernales.

Se trata de Pablo Cruz, Danny Calderón y Danilo Véliz. Ellos fueron parte de 13 investigados por supuestamente integrar una estructura delincuencial organizada que actuó en el caso de la fallida construcción del Hospital de Pedernales 30 camas, en Manabí.

La petición se presentó al cierre de los alegatos en el cuarto día del juicio ordinario cumplido para los tres sospechosos que no asumieron su responsabilidad en el presunto delito y no se sometieron al procedimiento abreviado. Sí asumieron su culpa el exasambleísta Daniel Mendoza, su exasesor Jean Benavides y otros seis procesados. Ellos recibieron penas que alcanzaron los 50 meses.

Está pendiente el juzgamiento del exlegislador Eliseo Azuero y de Jorge Jalil. Ambos se encuentran prófugos de la justicia por lo que su juzgamiento se suspendió hasta que sean capturados o se presenten ante las autoridades.

El martes, en el cuarto día de juicio para Cruz, Calderón y Véliz, la Fiscalía los acusó como autores directos por su posible colaboración con la estructura criminal.

Además de los nueve años de cárcel, la Fiscalía solicitó el pago de una reparación integral de 8 millones de dólares que deberá ser dividido entre los 13 procesados y de una multa de 20 salarios básicos unificados, por cada uno.

El pedido de la Fiscalía también fue para que, como medida de satisfacción simbólica, se publique la sentencia en la página web de la Secob, actual Ministerio de Transporte y la publicación de la parte resolutiva del fallo en dos medios de comunicación escritos durante tres días en Pichincha y Manabí, y las disculpas públicas en la fecha y hora que disponga el juez de ejecución.

El anuncio de la resolución se dará el miércoles 14 de abril, a las 08:30. Integran el tribunal los jueces: Luis Rivera, Felipe Córdova y Walter Macías. La audiencia de juicio se suspendió el martes tras la presentación de los alegatos de cierre de las partes.

La fiscal Diana Salazar dijo a los jueces que los procesados adecuaron su conducta para cometer el delito, formaron parte de la estructura delincuencial, cometiendo delitos penales que superan los cinco años.

Añadió que, entre 2019 y 2020, la estructura criminal operó en Pichincha y Manabí y fue encabezada por el sentenciado Mendoza y la designación de al menos cinco personas en cargos. Los tres sospechosos conformaron la estructura, participaron como colaboradores y cooperaron para obtener recursos.

Afirmó que los tres tenían plena conciencia de lo que realizaban. Dos eran funcionarios públicos que aprovecharon esa condición y el tercero se aprovechó de la calamidad pública, cuando había confinamiento por la pandemia para ir a BanEcuador a cobrar los cheques.

Los abogados

Dicen que no hay pruebas

Erick Huilca, defensor de Calderón, insistió que su defendido no tenía voto ni poder de decisión. Indicó que una de las procesadas pidió a su cliente cambiar el informe a numérico pero que no cambia nada de lo sustancial y que él estuvo en desacuerdo.

Jorge Luis Villacreses, abogado de Véliz, recordó que Fiscalía sustenta su acusación en testimonios anticipados y que el cambio de 15 cheques es lo único que tiene para probar la Fiscalía.

La cifra

8 procesados se sometieron al procedimiento abreviado tras asumir su responsabilidad en el caso.