Lo que debes saber

• La publicación de datos financieros confidenciales por parte de José Julio Neira fracturó un acuerdo de reserva del tribunal de Florida.
  
• El bufete Greenberg Traurig notificó de inmediato el error al juez Sean P. Flynn para frenar sanciones.
• La defensa de Celec puede citar la Regla Federal 502 sobre revelación accidental y el privilegio abogado-cliente para frenar los daños.

Un error político complica la estrategia legal de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) en el juicio que impulsa en EE.UU. para recuperar los 104 millones de dólares entregados a Progen a cambio de generadores inservibles.

La divulgación que hizo José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, sobre montos y transferencias de las cuentas de Progen y Astrobryxa, fractura la orden de confidencialidad, ordenada por el juez Sean P. Flynn, de la Corte del Distrito Medio de la Florida y que, de hecho, fue pedida por la misma Celec, Progen y Astrobryxa para precautelar o controlar los hallazgos de la fase de descubrimiento de pruebas (‘discovery’).

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Ante el riesgo inminente de sanciones por desacato o la anulación de evidencia crucial para el caso amparado bajo la Ley RICO, el equipo legal de Celec en EE. UU., liderado por el bufete Greenberg Traurig, adoptó una postura de control de daños inmediatos y notificó formalmente el error al tribunal de Florida.

EXPRESO buscó a Neira y a Celec para conocer su postura y si consideran si este incidente resta credibilidad a la defensa ecuatoriana. Ninguno respondió hasta la publicación. Progen y los demás demandados disponen ahora de argumentos para alegar mala fe procesal, violación al debido proceso e incluso la doctrina de ‘manos sucias’ (Unclean Hands).

De prosperar estas quejas, el juez federal cuenta con la potestad de multar económicamente a la eléctrica estatal o excluir del juicio los documentos expuestos, lo cual debilitaría la ruta para recuperar el dinero público de los contratos de emergencia térmica de las centrales Quevedo y Salitral.

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Confianza entre abogado-cliente 

La firma Greenberg Traurig le indicó al tribunal que material divulgado de forma inadvertida, pero que fue entregado a Celec por el privilegio abogado-cliente.

La defensa de Celec también puede alegar la Regla Federal de Evidencia 502, que protege el “privilegio abogado-cliente” cuando hay una revelación accidental. La ley exige que la parte tome medidas razonables y prontas para rectificar el error y evitar que vuelva a ocurrir.

Para Leonardo Stagg, abogado del exministro Antonio Gonçalves, uno de los procesados en Ecuador y quien más ha buscado la asistencia de EE.UU. y la trazabilidad de los fondos, su posición es a favor de la transparencia. “Mientras más información se haga pública, mejor”. Resaltó que “en toda la documentación del proceso que se tramita en Florida, incluyendo la ruta del dinero, las transferencias, comunicaciones y registros, no aparece el nombre Antonio Gonçalves”.

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Tres escenarios

El juez Sean P. Flynn acepta la justificación de Greenberg Traurig sobre lo accidental de la filtración. Debido a la transparencia de los abogados, el tribunal no impone multas ni sanciones procesales contra la estatal, sino que emite un llamado de atención formal y una advertencia para evitar futuros incidentes.

Progen y Astrobryxa demuestran que la exposición de sus datos financieros causó un perjuicio comercial o personal directo. En consecuencia, el juez declara a Celec en desacato civil y la obliga a pagar multas, además de los honorarios de los abogados de la contraparte por este incidente específico.

El tribunal determina que la filtración violó el debido proceso y la doctrina de equidad procesal. Como sanción principal, el juez prohíbe el uso judicial de la información financiera y de cualquier evidencia derivada de este, lo cual desarma la estrategia de Celec para seguir la ruta del dinero.

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Según la legisladora oficialista, la propuesta busca acompañar el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. 

“Se trata de una herramienta jurídica adicional para fortalecer la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales que operan con mayor capacidad, recursos y redes cada vez más amplias”, afirmó.

Mancheno, en la entrega del proyecto al presidente del Legislativo, Niels Olsen, sostuvo que la dinámica del delito ha cambiado en Ecuador. “El crimen ya no actúa como un hecho aislado ni con un autor visible; ahora opera como una estructura que controla territorios, extorsiona, recluta, ocupa espacios, utiliza bienes inmuebles y vehículos, mueve dinero y se sostiene mediante redes de apoyo”, explicó.

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La legisladora reiteró que no se trata de hechos aislados cuando:

Entonces, según Mancheno, para el Estado no es un hecho aislado, sino un problema estructural, y no puede reducirse únicamente a la aprehensión de los delincuentes.

Sobre el sistema judicial, Mancheno dijo:

Mancheno también cuestionó la eficacia del sistema judicial. Indicó que en 2024 más de la mitad de los detenidos no permaneció en prisión, mientras que en 2025 uno de cada tres aprehendidos recibió medidas sustitutivas en lugar de prisión preventiva.

Esto le cuesta al Estado cuidar bienes incautados al crimen:

A ello se suma, dijo la oficialista, el costo de administrar los bienes incautados al crimen organizado. Actualmente, el Estado destina cerca de 2,2 millones de dólares a seguridad, custodia y seguros de estos activos. “Los ecuatorianos estamos pagando por mantener bajo resguardo bienes que estuvieron al servicio del delito”, señaló.

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El proyecto de Ley Antimafias, concluyó, busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar estas estructuras y evitar que el crimen siga afectando tanto la vida de la población como los recursos públicos.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el proyecto de Ley Antimafias ha sido trabajado de forma conjunta con el Ministerio de Defensa, con el objetivo de “atacar de manera directa las estructuras del crimen organizado”. Según explicó, la propuesta busca facilitar la detención de quienes forman parte de estas redes y limitar el uso de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en este tipo de casos.

Reimberg también se refirió al destino de los bienes incautados al crimen organizado. “Esos bienes deben ser de los ecuatorianos”, afirmó. Cuestionó que, tras cumplir sus condenas, algunos sentenciados reclamen la devolución de estos activos.

Las limitaciones del COIP

En el proyecto de Ley Antimafias se señala que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) aborda la delincuencia organizada desde una perspectiva centrada en la autoría y las posiciones de mando. 

Sin embargo, no tipifica de manera autónoma ni con la precisión necesaria la pertenencia funcional o la membresía dentro de una organización criminal, lo que deja espacios de impunidad para quienes, sin ejercer liderazgo, sostienen operativamente estas redes.

Asimismo, el COIP no contempla tipos penales específicos que sancionen el reclutamiento de personas para organizaciones criminales ni la provisión de infraestructura física o logística destinada a su funcionamiento. Estas omisiones, según el proyecto, limitan la capacidad del Estado para intervenir en las fases clave de sostenimiento de las economías ilícitas.