Política

¿Qué pasó con los líderes políticos en Ecuador? Las posibles razones detrás de su 'desaparición'

Richard Josue Jimenez Mora

El líder político señaló, en una entrevista con Ecuavisa este 28 de abril de 2026, que Guayaquil debe volver a ser una ciudad segura, ordenada y libre, tanto en lo político como en lo económico. 

“El pueblo de Guayaquil, por encima de las diferencias políticas, tiene coincidencias y extraña lo que era Guayaquil. Ese sentimiento cívico debe impulsar buenos candidatos”, manifestó.

¿Esos candidatos vendrán del PSC?

Nebot fue consultado sobre si el PSC tenía listo el candidato para la Alcaldía de Guayaquil. Entre los perfiles que se han barajado aparecen nombres como el del exasambleísta Jorge Acaiturri, el exministro de Gobierno Henry Cucalón y el también exlegislador Vicente Taiano.

Sin embargo, Nebot evitó adelantar posibles candidaturas. “Se va a quedar con la curiosidad porque no tengo ningún candidato. Los candidatos, hombre o mujeres que sean, serán los que deban representar esa corriente capaz de servir y volver a ser a esta ciudad como lo que es: un aurora que no admite ocaso”, señaló.

Sobre los problemas en Guayaquil

Para el líder del PSC, Guayaquil enfrenta dos crisis: una que tiene que ver con la propia ciudad y otra derivada de lo que ocurre en el país. “Hemos vuelto a una situación política que no sucedía hace 35 años respecto de la Alcaldía, la Prefectura; una ciudad a la deriva, acongojada, con una autoestima casi inexistente”, señaló.

Aseguró que un tema importante era analizar qué pasa con la administración en Guayaquil. Habló de la falta de dinero para invertir, pero no solo señaló al Gobierno por la entrega de recursos, sino también la falta de gestión mediante alianzas con el sector privado y organismos multilaterales.

“El Gobierno tiene la obligación de entregar una plata que debía entregar en billetes, a tiempo y completa. Y no hace ninguna de las tres cosas desde hace mucho tiempo”, señaló Nebot. También dijo que el “buen administrador no se deja hacer eso”.

Quito

Tres siniestros de tránsito ocurrieron en Guayllabamba en menos de 10 minutos

SARA OÑATE

El impacto fue fatal y generó escenas de desesperación. La madre, en medio del dolor, se subió a un vehículo y persiguió al conductor, quien no se detuvo tras el atropello. De acuerdo con un reporte de Ecuavisa, el hombre fue finalmente detenido en el sector de Progreso, donde las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Madre persiguió al responsable

El intento de fuga del conductor generó indignación entre los testigos y vecinos del sector. La madre de la niña decidió seguir al vehículo pesado hasta lograr que fuera interceptado. La Policía confirmó que el hombre quedó bajo custodia para determinar las circunstancias del siniestro y establecer responsabilidades.

La Vía a la Costa es una de las arterias más transitadas de Guayaquil. En el tramo cercano al peaje de Chongón se concentran puestos de comida y estacionamiento de vehículos pesados, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Alta siniestralidad en las carreteras del país

El caso de la niña se suma a una serie de tragedias recientes en las vías ecuatorianas. El 23 de abril, el ECU 911 reportó ocho siniestros en pocas horas, con seis fallecidos. Ese mismo día, en el sector El Cristal de la Vía a la Costa, un choque entre un bus y un tanquero dejó tres muertos y más de 20 heridos.

Guayaquil

Un motociclista muere en accidente de tránsito en el Puente de la Unidad Nacional

Edison Andrés García Yépez

El Observatorio de Movilidad de Guayaquil registró entre enero y marzo de 2026 un total de 24 siniestros en la Vía a la Costa, con 23 heridos y un fallecido. Aunque los datos de abril aún no se consolidan oficialmente, se estima que ya se han producido al menos cinco muertes adicionales en este corredor vial.

Lo que debes saber del caso

• * La Unión Nacional de Educadores advierte que cerca del 80 % de planteles en Guayas presenta daños estructurales y exige una intervención urgente de al menos 100 millones de dólares.
  
• Padres de familia denuncian abandono estatal: han tenido que reparar aulas, pintar paredes y limpiar maleza para que sus hijos puedan estudiar en condiciones mínamente dignas.
  
• Pese a la crisis, docentes no piden aplazar clases, pero exigen respuestas inmediatas al Gobierno de Daniel Noboa ante el riesgo para estudiantes.

A menos de una semana del inicio de clases, la preocupación crece en Guayaquil. Lo que debería ser un regreso organizado a las aulas se ha convertido en un foco de denuncias por parte de docentes y padres de familia, quienes advierten que decenas de planteles presentan un deterioro crítico en su infraestructura.

Ecuador

Educación en Ecuador: UNE pide declarar en emergencia el sistema educativo por falta de presupuesto

Freddy Josue Andrade Andrade

La UNE pide declarar en emergencia el sistema educativo

La Unión Nacional de Educadores (UNE) encendió las alarmas tras una reciente rueda de prensa, en la que le pidió al Gobierno Nacional declarar en emergencia el sistema educativo y expuso la situación que enfrentan miles de estudiantes y maestros en Guayaquil.

Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE en Guayas, fue enfática al exigir una intervención inmediata. “Exigimos que el Gobierno atienda las necesidades para garantizar una educación de calidad. Se necesitan al menos $100 millones para intervenir el 80 % de las instituciones educativas del Guayas que están en malas condiciones”, manifestó.

Colegios históricos en malas condiciones

Advirtió que planteles emblemáticos como los colegios Guayaquil, Dolores Sucre o Simón Bolívar, así como varias unidades rurales, “ya han cumplido su vida útil”.

Por ejemplo, en el Simón Bolívar, desde los exteriores es visible el monte crecido y el mal estado de algunos juegos para niños. “Estamos a una semana de empezar clases y esto no tiene cara de que cambie en dos días. Es terrible el estado de la institución”, dijo Ramiro, un padre de familia que lamentó ver cómo la institución se ha destruido con el paso del tiempo. “Yo estudié aquí y era una noble institución, pero ahora se cae a pedazos”, lamentó.

Una situación similar se observa en los colegios Guayaquil y Dolores Sucre, otros icónicos establecimientos de la ciudad, pero hoy hasta sus letreros principales están dañados y la pintura luce completamente desgastada. “En el Colegio Guayaquil una sala de eventos está destrozada, el techo se destruye más cada día. Es un riesgo para los alumnos”, criticó Samuel Páez, otro padre de familia.

En el colegio Guayaquil, una sala de eventos está destrozada. El techo se cae a pedazos. Es un peligro para todos los estudiantes.
Samuel Páez
Padre de familia

Las denuncias de los padres de familia

En la zona del sur guayaquileño, padres de familia se hacen eco y denuncian que han tenido que asumir tareas que le corresponden al Estado. En la Unidad Educativa Réplica Simón Bolívar y la réplica del 28 de Mayo, por ejemplo, Fernanda Chávez relató que le ha tocado hacer cosas que no le competían como madre.

“Los padres hemos tenido que pintar paredes, arreglar pupitres y hasta limpiar monte porque, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hace. Así no pueden estudiar nuestros hijos”, se quejó.

Darío Moncayo, representante de tres menores, describió un panorama similar. “Aquí no hay condiciones. Hay aulas con techos dañados, baños inservibles. Nuestros hijos merecen algo mejor, no esto”, reclamó molesto.

Cartas de lectores

Educación en Ecuador: colegios tendrán más autonomía para resolver conflictos escolares

Cartas de lectores

En paralelo, los padres de familia denuncian que la precariedad no solo es estructural, sino también operativa. En el campamento Filipinas, José Yánez aseguró que “los niños no tienen ni pupitres en buen estado. Hay aulas improvisadas y cuando llueve se forman piscinas en vez de aulas”.

El malestar también se evidencia en el campamento Fernando Daquilema. “Nos toca organizar mingas para limpiar y reparar. Es indignante que el Gobierno no se haga cargo”, cuestionó Rosa Delgado, madre de familia.

Padres de familia recolectan dinero para que hijos puedan estudiar 

En Durán la situación es similar o peor. En colegios como Carlos Luis Plaza Aray, Jaime Hurtado, entre otros, los padres de familia optan por recoger cuotas de entre $3 y $10 para poder arreglar baños e infraestructuras con daños. “Nosotros no tenemos dinero, pero lo hacemos por nuestros hijos. Qué pena que el Gobierno no haga nada”, dijo Valentino Mayorga, quien espera que la solución no sea la virtualidad.

“Queremos evitar eso. Ojalá las autoridades ayuden a arreglar y permitan estudiar con normalidad a los niños”, añadió.

Ecuador

UNE denuncia crisis educativa y pide alza salarial para docentes a pocos días de inicio de clases

Freddy Josue Andrade Andrade

Docentes y padres de familia piden respuestas urgentes

A esto se suma la preocupación por el financiamiento. Hilario Beltrán, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio, cuestiona la falta de ejecución de recursos. “Estamos preocupados porque el 4 de mayo se inicia el año lectivo y son los padres y maestros quienes deben meterse la mano al bolsillo. Dinero hay, existen los recursos, pero no entendemos por qué no se arreglan las instituciones”, señaló.

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante del Ministerio de Educación, para conocer qué acciones se están tomando ante la crítica situación denunciada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Pese a la gravedad del escenario, la UNE ha sido clara en su postura de no buscar retrasar el inicio de clases. Su demanda apunta a respuestas inmediatas. “No queremos que se aplacen las clases, pero sí exigimos soluciones urgentes”, coincidieron los dirigentes. Las exigencias están dirigidas directamente al Gobierno Nacional de Daniel Noboa, al que responsabilizan de no atender la crisis educativa.

Entre aulas deterioradas, mobiliario improvisado y padres que asumen roles que no les corresponden, el inicio del nuevo ciclo lectivo en Guayaquil se perfila bajo una gran incertidumbre.

Lo que debes saber

• Lomas del Bosque, en vía a la costa, acumula cinco días sin agua sin fecha clara de solución.
  
• Residentes denuncian promesas incumplidas de Interagua y falta de respuesta oficial.
  
• Ciudadanos piden intervención de la Defensoría del Pueblo por posible vulneración de derechos.

Lo que empezó como una falla técnica se convirtió en un problema que golpea a decenas de familias. En la urbanización Lomas del Bosque, en el kilómetro 32 de vía a la costa, los residentes cumplen ya cinco días sin agua, atrapados entre promesas repetidas y soluciones que no llegan.

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Aquí, el problema dejó de ser operativo. Es cotidiano. Es urgente, denuncian.

“Han pasado 5 días y no nos llega el agua. ¿A quién tenemos que acudir?”, reclamaron moradores a través de su cuenta oficial en X, en un mensaje dirigido a la Alcaldía de Guayaquil, Interagua y al presidente Daniel Noboa. La respuesta institucional, hasta ahora, ha sido insuficiente.

Promesas que no se cumplen

Desde Interagua, la explicación en esa red social, a decir de los afectados, es la misma: trabajos en curso y pronta normalización del servicio. “Estamos realizando un arduo trabajo en la reparación…”, indicaron.

Pero en Lomas del Bosque esa promesa ha generado todavía más indignación. “Nos dicen que ya envían, nada. Que hoy sí… nada. Ya son 5 días sin agua. Alguien que nos ayude”, escribió la residente Cristina Vinueza.

Guayaquil

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El malestar, según indicaron las familias a EXPRESO, no es solo por la falta del servicio, sino por la ausencia de cronogramas claros, tiempos definidos y soluciones sostenidas.

De daño técnico a crisis

El origen del problema, como publicó EXPRESO, se remonta al viernes 24 de abril, cuando un daño en el sistema VRP obligó a suspender el servicio en varias urbanizaciones de la vía a la costa, entre ellas Terranostra, Porto Alegre, Bonanova, Alicante y Vilanova.

Como respuesta, se desplegaron tanqueros. Pero la medida, lejos de resolver el problema, evidenció otra brecha: no todos tienen cisternas, ni capacidad para almacenar agua. La distribución no alcanza, dijeron. En Lomas del Bosque, aseguran los ciudadanos, el servicio es inexistente por todas las vías.

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“Privar de agua es vulnerar derechos”

En una entrevista anterior, César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, advirtió que el problema del agua en Guayaquil no es un hecho aislado, sino una falla estructural que evidencia el desgaste del modelo de concesión a Interagua. Según señaló, el servicio de Interagua no está respondiendo a las necesidades reales de los ciudadanos y requiere cambios de fondo, más allá de soluciones temporales.

También cuestionó la capacidad de reacción de las autoridades frente a los reclamos ciudadanos, señalando una desconexión entre la gestión pública y los problemas cotidianos. Para Cárdenas, esta falta de respuesta oportuna agrava la percepción de abandono y permite que crisis como los cortes prolongados de agua se repitan sin correctivos efectivos.

Finalmente, vinculó estas deficiencias con un problema más amplio de gestión en la ciudad, donde —según dijo— no se están priorizando los servicios básicos ni el bienestar de la población. En ese contexto, dijo, el servicio que presta Interagua se convierte en un ejemplo de un sistema que, a su criterio, opera con falencias persistentes y sin el control necesario para garantizar calidad y continuidad.

Lo que se sabe

• La ministra de Educación, Gilda Alcívar García, suscribió la Normativa para la aplicación de medidas socioeducativas o disciplinarias y el abordaje de conflictos escolares
• Se reemplazó la disposición de 2023 que obligaba a llevar los conflictos a las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos
• Con este cambio se espera que las principales autoridades de las instituciones educativas ejerzan mejor control y se agiliten los trámites educativos

Que los rectores tengan la facultad de sancionar directamente faltas relacionadas con fraude académico, daño voluntario a instalaciones y alteraciones al orden en las entidades educativas es uno de los principales cambios dispuestos por el Ministerio de Educación.

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La ministra Gilda Alcívar García emitió, el 16 de abril de 2026, el Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2026-00028-A, que reemplaza a la normativa de 2023.

Otra modificación importante es que cada institución educativa decidirá si autoriza el uso de celulares en las aulas, lo que estará definido en el Código de Convivencia.

¿Cómo resolverán los conflictos los rectores?

En el artículo 21 se establecen las instancias de resolución de conflictos, que deberán conformarse por vicerrector, subdirector, inspector o subinspector delegado por la máxima autoridad de la institución.

En caso de que esa instancia no resuelva el conflicto, le corresponderá al rector asumir el caso. La máxima autoridad "podrá aplicar una medida educativa disciplinaria", se indica en el artículo 25.

"Deléguese a las máximas autoridades de los establecimientos educativos, conocer y resolver directamente las faltas disciplinarias previstas en el artículo 211 de la Codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, excepto las faltas relacionadas con acoso escolar, violencia escolar, hostigamiento académico o situaciones donde esté involucrado el personal educativo o administrativo de la institución cuya competencia será exclusivamente de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos", se aclara en el artículo 29.

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Estas faltas resolverán los rectores

Lo que se sabe

• El feriado por el Día del Trabajo será del 30 de abril al 3 de mayo, luego de que el Gobierno dio un día más de asueto
• El tiempo que se trabaja en días de descanso obligatorio es considerado trabajo extraordinario
• También se puede llegar a un acuerdo para obtener días libres en lugar del pago

Con el feriado por el Día del Trabajo, que en este 2026 será del 30 de abril al 3 de mayo, llega el escenario de trabajar en días de descanso obligatorio, lo que implica un pago mayor al de los días ordinarios.

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En este caso, el recargo al salario es de 100 %, es decir que le deberán cancelar el doble de valor por hora. Es un derecho laboral que debe cumplir el empleador.

La excepción ocurre cuando ambas partes llegan a un acuerdo para sustituir esa paga por un día libre adicional. Esta opción siempre debe tener la aceptación tanto de empleador como del trabajador.

¿Cómo calcular el pago en feriado en Ecuador?

El salario básico unificado, en este 2026, es de 482 dólares. Ese valor se divide para 240, que es el promedio de jornada laboral mensual. Esto deja un valor aproximado de 2 dólares para la hora.

Es decir que, si trabaja en feriado, le deberán pagar 4 dólares por hora. Si la jornada se extiende por las ocho horas, su pago será de $32 en el día empleado.

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Lo que se sabe

• Es el primer encuentro del nuevo viceprefecto del Guayas con un funcionario del Gobierno Nacional, tras su designación el 22 de abril
• El desarrollo productivo de la provincia fue el eje del encuentro, realizado en la Prefectura, en Guayaquil
• Catastros agrícolas y acuícolas, así como el censo ganadero, estuvieron entre los temas tratados

A cinco días de haber sido posesionado como viceprefecto del Guayas, Carlos Encalada mantuvo este lunes 27 de abril de 2026 su primer encuentro público con un funcionario del Gobierno Nacional: el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega Malo.

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"Articular esfuerzos y consolidar una agenda estratégica orientada a fortalecer el desarrollo productivo" fue el eje del encuentro, según mencionó la Prefectura en un boletín de prensa.

Encalada reemplazará a la prefecta Marcela Aguiñaga, desde el próximo 14 de mayo, luego de que presentó su renuncia anticipada. Su viceprefecto, Carlos Serrano, dejó el cargo días después.

¿De qué hablaron el viceprefecto y el ministro?

Ambos funcionarios revisaron proyectos de la Prefectura "con el objetivo de reforzarlos y alinearlos con esta visión estratégica basada en planificación, datos y articulación institucional", indicó la institución.

Entre los puntos tratados, están:

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¿Diálogos del prefecto con el ministro Roberto Luque?

Una de las obras clave para Guayas es la construcción del denominado Quinto Puente, que llegará a la zona sur de Guayaquil, y cuya ejecución confrontó al Régimen central con la administración de Aguiñaga.

"Todas las discrepancias que pudimos haber tenido con la prefecta se están resolviendo", dijo este lunes el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque.

El movimiento Revolución Ciudadana y su líder, el expresidente Rafael Correa, aseguraron que Aguiñaga renunció por presiones del Gobierno y la acusaron de entregar la conducción de la provincia al Régimen.

Luque aseguró que no se había reunido aún con Encalada y mencionó que entre junio y julio volvería la maquinaria a los tramos 4 y 5 de la obra, que se prevé esté lista en 2029.

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Lo que se sabe

• Una red de cobros irregulares y amenazas para contratar servicios funerarios es lo que denuncian familiares de pacientes fallecidos
• Dueño de una funeraria aseguró que incluso sus negocios son amedrentados, incluso desde fines de 2021
• Ni el hospital Teodoro Maldonado Carbo ni la Policía Nacional han recibido denuncias formales, según dijeron a EXPRESO

Una red que presionaría a familiares de pacientes fallecidos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo y que incluiría amenazas al personal de las funerarias, es lo que se denuncia en Guayaquil.

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Varios testimonios recogidos por EXPRESO muestran la vulnerabilidad de las familias, que son contactadas incluso antes de que su ser querido muera, lo que alerta sobre posible falta de control en la información.

“Mi esposa acababa de fallecer tras varios días internada en el hospital Teodoro Maldonado. No había procesado aún la noticia cuando comenzaron a ofrecerme el servicio funerario. Cuando les dije que ya tenía una funeraria, insistieron en que su opción era la mejor y que me convenía aceptarla. No lo sentí como una recomendación, sino como presión en un momento de dolor”, mencionó uno de los testimonios.

Las amenazas llegarían incluso a propietarios y trabajadores de funerarias, a quienes les obligan a pagar valores para no ser víctimas de atentados, según comentó uno de ellos a  EXPRESO.

“Hay funerarias que trabajan bajo presión constante. Si no aceptan las condiciones, hay riesgos de represalias”, aseguró una de las empleadas.

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¿Hay denuncias sobre las amenazas?

Tanto el área de Comunicación del hospital del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) como la Policía Nacional aseguran que no hay denuncias formales sobre este caso.

EXPRESO también solicitó información a Fiscalía sobre denuncias de este caso y estamos a la espera de una respuesta. Mientras tanto, el temor sigue entre familiares de pacientes y trabajadores de funerarias.

Los puntos claves

• La Comisión de Mesa del Municipio de Guayaquil admitió una de las denuncias que buscan la remoción del alcalde Aquiles Álvarez, lo que activa formalmente el proceso legal.
• Se abre un periodo probatorio de diez días en el que denunciante y defensa podrán presentar pruebas, documentos y testimonios antes del informe final.
  
• Mientras avanza el trámite, la Alcaldía continúa bajo subrogación de Tatiana Coronel hasta que el Concejo Cantonal tome una decisión definitiva.

El escenario político-administrativo en el Municipio de Guayaquil entra en una nueva fase tras la decisión de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, que este lunes 27 de abril de 2026 resolvió admitir una de las denuncias presentadas para solicitar la remoción del alcalde Aquiles Álvarez.

La resolución no implica aún una sanción ni una decisión de fondo, pero sí activa formalmente el procedimiento establecido en la normativa municipal y abre un periodo de análisis, pruebas y defensa que podría redefinir la continuidad del alcalde en funciones.

La denuncia que fue aceptada y el argumento central

De las tres solicitudes ingresadas, únicamente la presentada por Hugo Córdoba Hidalgo fue calificada para continuar el trámite. Las otras dos, impulsadas por David López Banegas y Óscar Velarde, no avanzaron en esta etapa de revisión inicial.

Justicia

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El eje del reclamo se basa en la finalización de la licencia ampliada del alcalde el pasado 26 de marzo de 2026. Según el denunciante, desde esa fecha se habría configurado una ausencia sin justificación del cargo.

Bajo ese argumento, se invoca el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), específicamente el literal que contempla como causal de remoción la inasistencia por más de tres días hábiles sin delegación formal ni causa justificada.

(Lo invitamos a leer: “Nefasta decisión”: Observatorio Ciudadano rechaza posible alza del pasaje de la Aerovía) 

Lo que ocurre ahora dentro del Municipio

Con la admisión de la denuncia, el proceso entra en una fase procedimental definida. La Alcaldía confirmó que se activará la notificación formal al alcalde y, posteriormente, se abrirá un periodo probatorio de diez días.

(Le puede interesar leer: Silla Vacía en Guayaquil: un puesto que casi nadie logra ocupar) 

Durante ese lapso, tanto la parte denunciante como la defensa del burgomaestre podrán presentar documentos, testimonios y cualquier elemento que respalde sus posiciones.

Guayaquil

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Comisión en sesión permanente y revisión individual de casos

La Comisión de Mesa ha venido trabajando en sesión permanente para revisar los expedientes ingresados. Según ha explicado el concejal Arturo Escala, los casos no fueron analizados de manera conjunta, sino como procesos independientes, cada uno con su propia evaluación jurídica.

El organismo está integrado por los concejales Arturo Escala y Terry Álvarez, de la Revolución Ciudadana, junto con Ana Fuentes, del Partido Social Cristiano (PSC), quienes deberán elaborar un informe tras la etapa probatoria.

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El paso decisivo: el Concejo Cantonal

Una vez concluido el periodo de pruebas, la Comisión emitirá un informe final que será remitido al Concejo Cantonal de Guayaquil. Esa instancia será la encargada de tomar la decisión definitiva sobre la eventual remoción del alcalde.

Es decir, la admisión de la denuncia no determina una salida inmediata del cargo, sino que activa un camino institucional que aún debe atravesar varias etapas antes de una resolución final.

Subrogación en la Alcaldía mientras avanza el proceso

Mientras el trámite sigue su curso, la administración municipal continúa bajo la figura de subrogación encabezada por Tatiana Coronel, mecanismo que se mantiene para garantizar la continuidad operativa del Municipio.

Los concejales han señalado que esta figura se sostendrá hasta que exista una decisión definitiva del Concejo Cantonal respecto al caso.

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La postura de Álvarez desde prisión

En paralelo al proceso administrativo, Aquiles Álvarez ha sostenido su defensa desde el centro de privación de libertad donde permanece.

En sus intervenciones recientes, ha reiterado que su residencia, familia y actividad laboral están en Guayaquil, asegurando que no tiene intención de salir del país. También ha manifestado que enfrenta los procesos judiciales con la intención de demostrar su inocencia y “limpiar su nombre”.

Lo que se sabe

• El operativo de Arcsa se realizó en los alrededores de un hospital en Durán, donde se ofrecían medicamentos e implementos en carpas
• Entre lo decomisado hay dispositivos médicos, mascarillas y medicamentos
• Ciertos medicamentos no estaban refrigerados y había animales en el entorno donde se conservaban

Medicamentos, mascarillas y dispositivos médicos fueron decomisados por personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en los alrededores de un hospital en Durán.

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"Se evidenciaron graves incumplimientos a la normativa sanitaria vigente en zonas utilizadas para el almacenamiento informal de medicamentos y dispositivos médicos", indicó la entidad en una publicación.

Estos medicamentos se encontraron en Durán

Los artículos decomisados se ofrecían en carpas. Además, en una farmacia del sector se vendían mascarillas sin registro sanitario, alertó la Arcsa.

Entre lo decomisado por las autoridades, están:

En total se decomisaron 1.308 unidades, entre medicamentos, dispositivos médicos y mascarillas irregulares.

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¿En qué condiciones estaban los artículos decomisados?

Además de la falta de permisos para expender los medicamentos y utensilios médicos, la Arcsa también detectó otros problemas en su almacenamiento.

Estaban expuestos a la intemperie, con el riesgo de contaminación; animales deambulaban cerca de los productos; y algunos medicamentos no estaban refrigerados.

Compra de medicamentos 

• El MSP demandó al proveedor por carecer de los certificados de distribución autorizada.
• Las trabas administrativas provocaron la interrupción de dosis en el Hospital Icaza Bustamante.
• Las familias denunciaron en diciembre los incumplimientos de la gerencia hospitalaria.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) formalizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades en la adquisición del fármaco Nusinersen. La acción judicial expone las fallas técnicas detrás de las graves dilaciones en los tratamientos pediátricos que este Diario documentó a finales del año pasado.

Ecuador

Niños con enfermedades raras sin medicinas, pese a sentencias

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La intervención en Fiscalía, ingresada el 24 de abril de 2026, detalla el incumplimiento en la entrega del certificado que acredita a la empresa contratista como fabricante o distribuidor autorizado en el país. Esta carencia documental explica el desorden y los retrasos en el suministro del medicamento, vital para frenar el avance de la atrofia muscular espinal (AME) en los menores.

Fuentes confirmaron a EXPRESO que, con temor a que no sea el medicamento correspondiente, estas dosis sí se suministraron el 15 de enero de 2026.

Un problema que EXPRESO alertó meses atrás

La denuncia estatal confirma las falencias del proceso administrativo que EXPRESO reveló en diciembre de 2025. En ese periodo, los padres de los pacientes del Hospital Francisco Icaza Bustamante ejecutaron plantones para exigir la medicación. La gerencia del sanatorio firmó actas de compromiso con fechas de entrega que sufrieron constantes postergaciones, agravando el cuadro clínico de los menores por la interrupción de sus dosis cuatrimestrales.

Política

Niños con atrofia muscular siguen sin medicinas pese a promesas del MSP

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El documento del MSP precisa que el 13 de febrero de 2026 se emitió una alerta a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) para ejecutar acciones dentro de sus competencias. 

La judicialización del caso evidencia que el sistema de salud pública operó con contratistas sin la validación técnica requerida para manejar fármacos de alta complejidad y costo.

Cada dosis de Nusinersen tiene un costo aproximado de 85.000 dólares. La interrupción del tratamiento, que debe aplicarse periódicamente, pone en riesgo la vida de los pacientes, ya que no existen alternativas paliativas que logren detener el avance de la AME.

Durante las semanas de desabastecimiento e irregularidades, los representantes legales advirtieron sobre síntomas de retroceso neuromuscular en los niños, un riesgo que puede estar provocado directamente por las fallas en los filtros de contratación del Estado.

Lo que se sabe

• La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio de Guayaquil aceptó una denuncia en contra del alcalde Aquiles Álvarez
• Denunciante asegura que la detención del alcalde, ocurrida el 10 de febrero, ha limitado el ejercicio de sus funciones
• Ahora corre el plazo para que ambas partes presenten argumentos y evidencias

Una de las tres denuncias presentadas para que se remueva del cargo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue admitida este lunes 27 de abril de 2026 por la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio.

Guayaquil

Fiorella Ycaza promociona obras de Aquiles Álvarez: ¿Es acertada su participación?

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La denuncia aceptada fue la que presentó Hugo Córdoba Hidalgo, quien reside en Guayaquil. Las otras dos correspondían a David López Banegas y Óscar Velarde.

Se argumenta que, el pasado 26 de marzo de 2026, culminó la licencia ampliada que tenía Álvarez para ausentarse del cargo. Esto configuraría una ausencia injustificada del cargo, según el denunciante.

Él pide que se aplique el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que en su literal B establece, como causal para remover a la autoridad de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD): "Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada".

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Municipio de Guayaquil sin Aquiles Álvarez: quién toma las decisiones y qué sigue

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¿Qué sigue en el proceso contra Aquiles Álvarez?

La Alcaldía indicó, en un comunicado, que ahora en el proceso "se activa el procedimiento legal correspondiente, que contempla la notificación al alcalde y la apertura de un período probatorio de diez días, durante el cual las partes podrán presentar sus argumentos y evidencias".

Los puntos claves

• La Comisión de Mesa del Municipio de Guayaquil emite este lunes 27 de abril su decisión sobre las tres denuncias de remoción contra el alcalde Aquiles Álvarez.
• El pronunciamiento definirá si el proceso avanza a etapa de citación y pruebas o si las denuncias son inadmitidas y se archiva el trámite.
• Mientras se resuelve el proceso, Tatiana Coronel mantiene la subrogación de la Alcaldía de Guayaquil para evitar un vacío de poder.

La Comisión de Mesa del Municipio de Guayaquil tiene previsto pronunciarse la tarde de hoy, lunes 27 de abril, sobre las tres denuncias presentadas dentro del proceso de remoción en contra del alcalde Aquiles Álvarez. La resolución determinará si los pedidos cumplen o no con los requisitos legales para que el trámite avance hacia una siguiente etapa dentro del Concejo Cantonal.

Como ha venido publicando EXPRESO, la decisión llega tras cumplirse el plazo de cinco días establecido para el análisis de los expedientes, tiempo en el que los integrantes de la comisión revisaron de forma individual cada una de las solicitudes ingresadas por ciudadanos.

Guayaquil

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Revisión caso por caso y resolución en curso

Según explicó el concejal Arturo Escala, miembro de la comisión, las denuncias no fueron tratadas como un solo bloque, sino como procesos independientes. Cada una fue evaluada para determinar su admisión o inadmisión, conforme a lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), en su artículo 336.

(Le puede interesar leer: "Irene Vélez debe salir a buscar skincare": El dardo de Antonio Tramontana a Daniel Noboa) 

La notificación de la decisión se realizará de manera formal este mismo lunes, tanto en casilleros judiciales físicos y electrónicos como mediante un comunicado institucional.

La Comisión de Mesa está integrada por los concejales Arturo Escala y Terry Álvarez, de Revolución Ciudadana, junto a Ana Fuentes, del Partido Social Cristiano (PSC). Desde hace varios días, el organismo se ha mantenido en sesión permanente revisando los expedientes.

Si se admite el proceso: citación y defensa del alcalde

En caso de que alguna de las denuncias sea admitida a trámite, el siguiente paso será la citación formal del alcalde Aquiles Álvarez, quien actualmente se encuentra privado de libertad en la Cárcel del Encuentro.

Para ejecutar esta diligencia, la comisión deberá coordinar con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), con el fin de viabilizar el traslado del secretario encargado de dejar constancia del acto de notificación.

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Etapa probatoria y revisión de pruebas

Una vez realizada la citación, se abrirá un periodo probatorio de diez días, en el que tanto los denunciantes como la defensa podrán presentar documentos, testimonios y otros elementos de respaldo o descargo.

Este plazo, sin embargo, podría extenderse en la práctica dependiendo de los tiempos de respuesta de otras instituciones que sean requeridas para remitir información.

Finalizada esa etapa, la Comisión de Mesa deberá elaborar un informe final que será remitido al pleno del Concejo Cantonal, instancia que tendrá la última palabra dentro del proceso de remoción.

Los argumentos de los denunciantes

Las tres solicitudes de remoción fueron presentadas por ciudadanos: David López Banegas (Quito), Hugo Córdova Hidalgo y Óscar Velarde (Guayaquil). En sus escritos, argumentan que el alcalde enfrenta procesos penales que han limitado el ejercicio de sus funciones.

Además, sostienen que habría existido una ausencia injustificada en el cargo, tras el vencimiento de una ampliación de licencia sin sueldo el pasado 26 de marzo, sin que —según señalan— se haya presentado un nuevo pedido formal.

Ese elemento es uno de los puntos que deberá ser analizado por la comisión para establecer si existe o no una causal de abandono del cargo.

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Subrogación en la Alcaldía

Mientras el proceso avanza, la administración municipal continúa bajo la figura de subrogación de Tatiana Coronel, mecanismo que busca evitar un vacío de poder en la Alcaldía de Guayaquil.

De acuerdo con los concejales, esta medida se mantendrá vigente hasta que exista una resolución definitiva del Concejo Cantonal sobre el proceso de remoción.

(Lo invitamos a leer: Cynthia Viteri y Annabella Azín aparecen como opciones para la Alcaldía de Guayaquil en 2026) 

Álvarez desde prisión: defensa de su gestión y su arraigo

En paralelo al proceso administrativo, el alcalde Aquiles Álvarez ha mantenido su postura de defensa desde el centro de privación de libertad donde permanece.

En recientes intervenciones judiciales, aseguró que no tiene intención de abandonar el país y que su arraigo está en Guayaquil, donde —según dijo— se encuentra su familia y también sus actividades laborales.

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El alcalde ha insistido en su inocencia en los procesos que enfrenta, y ha señalado que su intención es comparecer ante la justicia para “limpiar su nombre”, en medio de los casos en investigación.

Un proceso que entra en fase decisiva

Con la resolución prevista para este lunes, el proceso de remoción entra en una etapa clave. Si la Comisión de Mesa admite las denuncias, se activará un procedimiento que incluirá citación, pruebas y un informe final que será debatido en el Concejo Cantonal.

En caso contrario, el trámite podría cerrarse en esta primera fase, dependiendo del pronunciamiento de la comisión.

•  La Autoridad de Tránsito y Movilidad gestiona turnos en línea para optimizar tiempos y evitar filas.
  
• El trámite es obligatorio. Para poder hacerlo  no se debe tener deudas pendientes para poder agendar la cita.
  
• Cumplir con la revisión garantiza seguridad vial y evita multas.

Obtener un turno para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en Guayaquil es un paso obligatorio para quienes buscan circular de forma regular y cumplir con la normativa vigente. Para este 2026, el proceso se mantiene digital y centralizado, con el objetivo de agilizar la atención y evitar largas filas en los centros de revisión.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ha establecido un sistema en línea que permite a los conductores agendar su cita de manera anticipada. 

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Paso 1: iniciar sesión y verificar información

El primer paso consiste en ingresar al portal oficial de la entidad, donde el usuario debe registrar los datos del vehículo y verificar que no existen valores pendientes, como multas o tasas de años anteriores.

Paso 2: escoger fecha y hora

Una vez completada esta validación, el sistema habilita la opción para seleccionar fecha, hora y el centro de revisión más conveniente. Es importante elegir un horario acorde a la disponibilidad del usuario, ya que el turno asignado debe cumplirse puntualmente para evitar reprogramaciones.

Paso 3: pagar el servicio

Previo a la cita, los conductores deben cancelar el valor correspondiente al servicio. Este pago puede realizarse a través de canales autorizados, lo que activa definitivamente el turno en el sistema. Sin este requisito, la cita no será válida.

Aquí puedes realizar el trámite: Matriculación vehicular 

¿Qué hacer el día de la cita?

El día asignado, el propietario del vehículo debe acudir con la documentación necesaria, que generalmente incluye la matrícula vigente y el comprobante de pago. En el centro de revisión se evaluarán aspectos técnicos como el estado mecánico, emisiones contaminantes y condiciones generales de seguridad del automóvil.

Recomendaciones

Desde la ATM se recomienda a los usuarios no dejar el trámite para última hora, especialmente en meses de alta demanda, ya que la disponibilidad de turnos puede reducirse. Además, cumplir con la revisión técnica no solo evita sanciones, sino que también garantiza que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas para circular.

Este proceso forma parte de los controles anuales que buscan mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental en la ciudad, en un contexto donde el parque automotor continúa en crecimiento.

Lo que se sabe

• La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) adjudicaría, en mayo del 2026, la consultoría por más de 31.000 dólares
• En el proceso se aplicará la figura de "pasajero incógnito" para evaluar el nivel de servicio y satisfacción de los pasajeros del aeropuerto
• AAG asegura que no tiene personal con el perfil requerido para hacer un estudio con esta metodología de “cliente fantasma”

La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) publicó un proceso de contratación pública para una consultoría que evalúe el nivel de servicio y satisfacción de los pasajeros del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

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El estudio para determinar el nivel de cumplimiento del concesionario Tagsa (Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A.) utilizará el mecanismo denominado "pasajero incógnito".

El proceso CPC-AAG-2026-002 tiene un presupuesto de 31.882,38 dólares. Está previsto que se lo adjudique el 27 de mayo de 2026. Tiene 30 días de plazo para la entrega de los resultados.

¿En qué consiste la modalidad de "pasajero incógnito"?

Con 4 millones de pasajeros anuales, la terminal aérea de Guayaquil es considerada "el principal aeropuerto de la región litoral de Ecuador y uno de los más importantes del país en términos de tráfico de pasajeros y carga", según se explica en la justificación del proceso.

En el documento se indica que el mecanismo de "pasajero incógnito" es una de las ocho herramientas que tiene la AAG para "conocer el nivel de satisfacción de los usuarios".

"La herramienta de medición 'pasajero incógnito' se basa en evaluar los servicios haciendo el mismo circuito que efectuaría un pasajero (evaluación a partir de efectuar los mismos procesos y usar los mismos servicios en un circuito prestablecido poniéndose “en los zapatos del pasajero”), para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios", se explica en el Informe de necesidad.

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Etapas del estudio en el aeropuerto de Guayaquil

¿Por qué la AAG opta por una consultoría externa?

La entidad asegura que, tras una revisión de los expedientes del personal institucional, no tiene servidores con el perfil especializado requerido para realizar este tipo de estudio.

"Al no existir capacidad técnica interna suficiente para ejecutar este servicio con el nivel de especialización, independencia y rigurosidad metodológica que exige el Contrato de Concesión, resulta necesaria la contratación de una firma consultora externa debidamente calificada", se menciona en el documento.

El proceso se encuenta en la fase de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, que culminará este martes 28 de abril de 2026. Hasta el 5 de mayo se recibirán las ofertas y el 26 de mayo se adjudicaría.

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Lo que debes saber

• Familiares de fallecidos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil denuncian amenazas e imposición de funerarias.
• Otras funerarias externas también han recibido amenazas y pedidos de cobros irregulares.
• El hospital Teodoro Maldonado Carbo señala que no hay denuncias al respecto.

En hospitales públicos de Guayaquil, familiares de pacientes fallecidos denuncian presiones para contratar funerarias específicas, mientras trabajadores del sector aseguran que existiría un sistema de cobros ilegales y amenazas para controlar el retiro de cuerpos.

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La denuncia se sustenta en varios testimonios recogidos por EXTRA, que describen llamadas inmediatas tras los fallecimientos, seguimientos, intimidaciones y pagos obligatorios para permitir la prestación del servicio funerario.

En diciembre de 2025, Luis vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su esposa, madre de sus dos hijos. Aún en estado de shock, apenas habían pasado unos 10 minutos desde que recibió la noticia cuando una llamada telefónica interrumpió su duelo.

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“Señor… le ofrecemos el servicio funerario para su esposa. Por favor, acérquese al hospital”, le indicó una voz al otro lado de la línea.

Luis, oriundo de Manabí y residente en Guayaquil desde hace más de tres décadas, recuerda que en ese momento no sabía cómo reaccionar ni cómo dar la noticia a sus hijos.

(Lee también: Asambleísta de RC denuncia pérdida de medicinas para el cáncer en el Teodoro Maldonado)

“Mi esposa acababa de fallecer tras varios días internada en el hospital Teodoro Maldonado. No había procesado aún la noticia cuando comenzaron a ofrecerme el servicio funerario. Cuando les dije que ya tenía una funeraria, insistieron en que su opción era la mejor y que me convenía aceptarla. No lo sentí como una recomendación, sino como presión en un momento de dolor”, relató.

Pese a su negativa reiterada, asegura que las llamadas continuaron e incluso habría recibido advertencias.

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“Me dijeron que debía aceptar el servicio o atenerme a las consecuencias. Con el tiempo entendí que no era un caso aislado”, añadió.

Otro ciudadano, que pidió la reserva de su identidad, relató una experiencia similar en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicado en el sur de Guayaquil. Según su testimonio, existiría un patrón de seguimiento e intimidación a funerarias externas que retiran cuerpos del hospital.

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"Si no se contrata la funeraria indicada por el personal, siguen a los vehículos hasta los locales o domicilios, toman fotografías y luego habría amenazas o extorsiones, tanto a funerarias como a familiares”, aseguró.

Los denunciantes señalan además que estas presiones comenzarían incluso antes del fallecimiento de los pacientes.

"Todavía el familiar está con vida y ya están ofreciendo el servicio funerario. Eso genera preocupación e indignación, porque uno está enfocado en la salud de su ser querido”, indicó otro testimonio.

Ante esta situación, piden la intervención de las autoridades para frenar estas prácticas, garantizar la libre elección de servicios funerarios y reforzar la seguridad en los hospitales públicos.

“Se debe poner orden en los hospitales. No se puede jugar con el dolor de las familias ni imponer servicios en momentos de vulnerabilidad”, sostuvo el ciudadano consultado.

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Trabajadores de funerarias son amenazados

Germán (nombre protegido), propietario de una funeraria en Guayaquil, también denunció a este Diario presuntos amedrentamientos contra trabajadores del sector desde finales de 2021.

Según relata, las presiones se habrían intensificado desde noviembre del año pasado, cuando funerarias externas empezaron a ser vigiladas al retirar cuerpos de hospitales.

"Siguen a los vehículos hasta los locales o domicilios, toman fotografías y luego llegan amenazas. Incluso nos han dicho que, si no pagamos ciertos valores, pueden atentar contra nosotros”, señaló.

El denunciante afirma que, en algunos casos, se exigirían pagos de hasta 500 dólares para permitir el retiro de un cuerpo.

“Si no se paga, obligan a que el servicio lo haga la funeraria que ellos imponen”, agregó.

Otra trabajadora del sector coincide en que existiría un sistema de control informal alrededor de las morgues hospitalarias, donde incluso personal condicionaría la asignación de servicios funerarios.

“Hay funerarias que trabajan bajo presión constante. Si no aceptan las condiciones, hay riesgos de represalias”, comentó.

Los funerarios aseguran que esta situación pone en riesgo tanto a trabajadores como a familiares de fallecidos, por lo que piden que las autoridades investiguen estos hechos y refuercen el control en los centros de salud.

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“Antes había dos bandas que se disputaban el control del servicio. Ahora una se ha adueñado del negocio y nadie puede intervenir. Es un clima de miedo, porque una bala se la pueden disparar a cualquiera”, comentó una prestadora del servicio funerario.

Una vocera del Departamento de Comunicación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que la institución entrega un auxilio funerario que permite a los familiares del afiliado fallecido elegir libremente la funeraria donde se realizará el servicio. El monto del subsidio es de 1.437,90 dólares.

Según el desglose oficial, el cofre mortuorio de madera cuesta 600 dólares; el servicio de velación, 297,04 dólares; la carroza, 150 dólares; el servicio religioso presencial, 100 dólares; y la inhumación, 290,86 dólares, lo que suma el valor total del auxilio.

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Un funerario explicó que, en la práctica, algunos procesos pueden verse condicionados por cobros no oficiales que alcanzarían hasta 500 dólares a quienes gestionan los servicios funerarios en el hospital, lo que obliga a optar por alternativas más económicas.

“En esos casos, los beneficios para las familias pueden variar, por ejemplo en el tipo de ataúd, la inclusión del servicio religioso o la cobertura inicial de bóveda, para poder compensar la ‘vacuna’ que deben cancelar y así poder realizar el servicio”, explicó.

Hospital Teodoro Maldonado Carbo: fallas estructurales

María José Agusto Álvarez, experta en políticas públicas, innovación y tecnologías sanitarias y docente de la Universidad Católica y la Universidad Espíritu Santo, advirtió que lo ocurrido en el hospital Teodoro Maldonado responde a una falla estructural de gobernanza en el sistema sanitario.

Señaló que la debilidad en los mecanismos de control dentro de las casas de salud facilita la presencia de actores irregulares y redes informales entre personal de morgue y funerarias, con presuntos cobros asociados a la gestión de servicios, lo que vuelve vulnerable el manejo de fallecidos.

“Es lamentable, pero es una realidad: existe ausencia de gobernanza y de control interno, lo que ha permitido que la muerte se convierta en un mercado”, afirmó.

Añadió que estas prácticas restringen el derecho a una muerte digna, al imponer barreras en la entrega de cuerpos y, en algunos casos, condicionar la libre elección de funerarias, afectando emocionalmente a las familias.

La especialista cuestionó la falta de políticas preventivas y recordó que durante la pandemia de COVID-19 ya se evidenciaron fallas similares en la gestión de cadáveres.

Finalmente, advirtió que la posible presencia de estructuras criminales agrava el problema y pidió fortalecer la trazabilidad, auditoría y control en tiempo real para garantizar transparencia y protección a las familias.

¿Qué responde el hospital Teodoro Maldonado Carbo?

Este Diario solicitó información al Departamento de Comunicación del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Un funcionario, el cual pidió no ser identificado por seguridad, habló sobre la veracidad de las denuncias de familiares y funerarias recogidas en esta investigación. El vocero de la institución respondió a través de un mensaje de WhatsApp:

“En atención a su solicitud de información, el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS informa que, hasta la presente fecha, no se han recibido denuncias formales, ni escritas ni verbales, relacionadas con el tema de su investigación. Asimismo, se invita a la ciudadanía a presentar cualquier denuncia a través de los canales oficiales, con el fin de analizar cada caso y, de ser necesario, adoptar las medidas correctivas correspondientes”.

Este medio también consultó a una fuente policial de alto rango sobre posibles alertas o investigaciones relacionadas con estos señalamientos. La fuente indicó que no se han recibido denuncias formales sobre estos hechos y que, en caso de existir indicios, deben ser puestos en conocimiento de la Fiscalía para su respectiva investigación.

Las claves del caso

• UNE denuncia crisis educativa en Ecuador y exige alza salarial para docentes
  
• Docentes alertan fallas en educación y anuncian protestas a nivel nacional
  
• Crisis en educación: UNE pide emergencia y reclama mejoras salariales docentes

La Unión Nacional de Educadores (UNE) levanta su voz ante una serie de irregularidades que, según denuncia, persisten en la gestión del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, generando preocupación en el sector docente a pocos días de iniciar un nuevo ciclo lectivo.

Durante pronunciamientos recientes, representantes del gremio expusieron lo que consideran falencias estructurales que afectan tanto a maestros como a estudiantes. Entre los principales señalamientos constantes problemas en la asignación de recursos, condiciones laborales inestables y la falta de respuestas oportunas frente a necesidades urgentes del sistema educativo.

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Catorce años sin alza salarial, denuncian docentes

A estas denuncias se suma un reclamo histórico: la falta de incremento salarial para los docentes. Desde la UNE se insiste en que los maestros no han recibido ajustes en sus remuneraciones desde hace más de una década, pese al constante aumento del costo de vida en el país.

Las críticas también se extienden al ámbito económico. Edison Gavilánez, presidente de la Vanguardia del Magisterio Ecuatoriano, recordó que los docentes arrastran un problema histórico. "Hace 14 años no hemos tenido un alza salarial, mientras la canasta básica sube cada año. Esto también afecta la calidad educativa", indicó.

Como medida de presión, el gremio anunció su participación en la movilización del 1 de mayo y convocó a una jornada nacional de protestas para el 28 de mayo. “Vamos a salir a las calles para exigir que se declare en emergencia la educación por inseguridad, infraestructura y salarios”, advirtió Gavilánez.

Por su parte, Elena Barrero, del Frente de Lucha por el Ingreso al Magisterio, apuntó a la inestabilidad laboral como otro de los problemas de fondo. "Hay precarización. No existe estabilidad para los docentes. El sistema actual no garantiza condiciones dignas para ejercer la profesión", afirmó.

Situación afecta al sistema de educación

Ambas voces coinciden en que estas problemáticas no solo impactan al cuerpo docente, sino que terminan repercutiendo en la calidad del aprendizaje de los estudiantes, en un contexto donde también se reportan deficiencias en infraestructura y seguridad en varias instituciones educativas del país.

Por su parte, la presidenta de la UNE en Guayas, Gabriela Menéndez, reiteró la necesidad de adoptar medidas urgentes. Según indicó, el gremio solicita formalmente que se declare en emergencia al sistema educativo, con el fin de atender de manera integral las Múltiples falencias que enfrenta el sector.

El hecho dejó dos personas muertas y una niña de 4 años herida por impactos de bala, en un episodio que ha generado conmoción entre moradores del sector. Las víctimas fueron identificadas como Oswaldo Malavé Malavé y Verónica Giler Arroyo, ambos de 47 años, quienes habían acudido como invitados a la celebración.

Ataque sin bajarse del vehículo

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De acuerdo con versiones de familiares, los agresores se movilizaban en una tricimoto y dispararon directamente contra el grupo que se encontraba reunido en el portal de la casa. No hubo advertencia ni intercambio: los tiros se realizaron en movimiento.

“Fue de una, sin parar. Estábamos en un bautizo”, relató uno de los testigos, aún afectado hoy por lo ocurrido. La escena del ataque no solo quedó marcada por los disparos, sino también por el velorio de una de las víctimas, que se desarrollaba en la misma vivienda horas después, con rastros visibles de la balacera.

Quienes fueron alcanzados por las balas no residían en ese domicilio. Habían llegado para acompañar el evento familiar, lo que refuerza la incertidumbre sobre si el ataque fue dirigido o indiscriminado.

(Lo invitamos a leer: La percepción sobre Daniel Noboa se deteriora: claves de la encuesta de Ciees) 

Lo que se sabe hasta ahora

En la escena, agentes de la Policía Nacional levantaron al menos 13 indicios balísticos de calibre 9 milímetros. De manera preliminar, se ha informado que las víctimas no registraban antecedentes penales.

Hasta el momento no hay una versión oficial sobre el móvil del ataque. Las investigaciones continúan para determinar si se trató de un hecho dirigido, un error o un nuevo episodio vinculado a dinámicas criminales en la zona.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa un patrón que se repite: menores de edad afectados en medio de ataques armados. La niña herida fue trasladada a una casa de salud, mientras familiares y vecinos expresaban su preocupación por la creciente exposición de niños a este tipo de hechos violentos.

En barrios del sur, los residentes aseguran que este tipo de episodios ya no resulta aislado. Recuerdan otros casos recientes en los que también han resultado víctimas colaterales menores de edad.

Reclamos en medio del miedo

Tras lo ocurrido, el malestar ciudadano volvió a sentirse. Habitantes del sector cuestionan la efectividad de las medidas de seguridad y advierten que la violencia no distingue horarios ni contextos.

Manuel Arroyo, habitante del sur, cuestionó la falta de control frente a la violencia y el hecho de que incluso menores sigan siendo alcanzados por estos ataques. “¿Alguien vela por la seguridad de los guayaquileños? No hay zona libre de delitos. Ni hoy, ni ayer y posiblemente ni mañana. Otra menor de edad ha sido afectada por el crimen. Ya van varios asesinatos. ¿Qué está pasando? No sé si es por extorsiones, robos o venganza… pero lo cierto es que sigue muriendo gente a diario y nadie hace nada”, expresó.

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En la misma línea, Leticia Mackliff, residente del sector, cuestionó la efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades, como el toque de queda. “Creen que nos tranquilizamos porque se anuncia un toque de queda, pero eso no sirve. Y si llega a funcionar, ¿por cuánto tiempo? ¿Tres semanas? No tiene sentido. Al final, las familias siguen quedando expuestas y esto no cambia”, lamentó.

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Ambos coinciden en que la violencia ya no distingue espacios ni momentos, y que incluso reuniones familiares, como en este caso, se han convertido en escenarios de riesgo. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y las respuestas oficiales aún no llegan.

Los puntos claves 

• La víctima, de 28 años, recibió dos disparos en la cabeza y murió en el lugar.
  
• El ataque ocurrió la madrugada de hoy, 27 de abril en la cooperativa Los Ángeles, en el sur de Guayaquil.
• Los agresores se llevaron la motocicleta y el celular tras interceptarlo en plena vía pública.

La madrugada de este lunes 27 de abril de 2026, cerca de las 05:15, se produjo un hecho violento en la cooperativa Los Ángeles, en el sur de Guayaquil. La alerta ingresó a través del ECU 911, lo que motivó la movilización de unidades policiales hasta las inmediaciones del parque lineal, donde se confirmó la presencia de un hombre sin vida en plena vía pública, con heridas provocadas por arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido interceptada por varios individuos armados, quienes presuntamente intentaron despojarla de sus pertenencias. Durante el levantamiento de indicios en la escena, los agentes encontraron dos vainas percutidas.

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Ataque en plena vía

El fallecido fue identificado como Boris Alexander Valencia Olmedo, de 28 años. Según las pericias iniciales, recibió dos disparos en la cabeza, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.

Las indagaciones señalan que el hombre se desplazaba en una motocicleta cuando ocurrió el ataque. Los sospechosos habrían sustraído tanto el vehículo, con placas IT408L, como su teléfono celular antes de huir del sitio.

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Investigación en curso

El fiscal de turno fue informado del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, unidades especializadas continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido.

Entre las diligencias ejecutadas constan el acordonamiento del área, la recolección de evidencias y la toma de testimonios. No obstante, las investigaciones se han visto limitadas por la escasa colaboración de testigos y por daños en cámaras de seguridad cercanas.

Quinto Puente

• Maquinaria pesada retomará trabajos físicos en los tramos 4 y 5 del viaducto sur entre junio y julio.
• Ministro Roberto Luque admite que no existe contacto oficial con el viceprefecto sobre la obra estatal.
• La terminación unilateral del contrato previo busca acelerar plazos frente al ritmo de la gestión provincial.

El desarrollo del Quinto Puente se 'reinicia' en uno de sus frentes de construcción.  El ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, confirmó este 27 de abril la recontratación inminente de los tramos 4 y 5 del Quinto Puente en Guayaquil.

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El titular de la cartera, Roberto Luque, confirmó este 27 de abril, en una entrevista radial, que el proceso se encuentra en su fase final de liquidación, la cual concluiría la próxima semana.

La medida obliga a una recontratación de estos tramos. Pese a las dudas que genera el reinicio de un trámite estatal de esta magnitud, el ministro justificó la maniobra bajo un cálculo de tiempo: "Incluso con el retraso de la liquidación y la recontratación, vamos a terminar antes que si seguíamos al ritmo que veníamos". Según su cronograma, habrá nueva maquinaria operando entre finales de junio y julio.

Todavía no ha conversado con el próximo prefecto, Carlos Encalada

Aunque Luque admitió que aún no tiene contacto con quien será el nuevo prefecto tras la renuncia de Marcela Aguiñaga,  el viceprefecto Carlos Encalada, aseguró que la relación con el Gobierno Provincial entra en fase de tregua. "Todas las discrepancias que pudimos haber tenido con la prefecta (Marcela Aguiñaga) se están resolviendo", sentenció, en un intento de desmarcar la obra de las recientes disputas de despacho.

Mientras los tramos 4 y 5 buscan nuevo contratista, el tramo 1A está próximo a ejecutarse. Esta fase corresponde a la llegada del viaducto a Guayaquil por la avenida Cacique Tomalá. Luque adelantó que el contrato se firmará a mediados de mayo. La obra dividirá la zona urbana del sur (Guasmo) del área logística portuaria, salvaguardando la operatividad del hospital del sector.

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El núcleo del proyecto, que comprende los tramos 1, 2 y 3 (el puente sobre el agua), ya cuenta con estructuración financiera y diseños listos, según adelantó Luque, y que espera que se liciten "a finales de este año (2026) o inicios del próximo". Si los plazos oficiales no sufren nuevos tropiezos, el producto final del Quinto Puente estará operativo en 2029.

Lo que debes saber

• Lomas del Bosque, en vía a la costa, acumula cinco días sin agua sin fecha clara de solución.
  
• Residentes denuncian promesas incumplidas de Interagua y falta de respuesta oficial.
  
• Ciudadanos piden intervención de la Defensoría del Pueblo por posible vulneración de derechos.

Lo que empezó como una falla técnica se convirtió en un problema que golpea a decenas de familias. En la urbanización Lomas del Bosque, en el kilómetro 32 de vía a la costa, los residentes cumplen ya cinco días sin agua, atrapados entre promesas repetidas y soluciones que no llegan.

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Aquí, el problema dejó de ser operativo. Es cotidiano. Es urgente, denuncian.

“Han pasado 5 días y no nos llega el agua. ¿A quién tenemos que acudir?”, reclamaron moradores a través de su cuenta oficial en X, en un mensaje dirigido a la Alcaldía de Guayaquil, Interagua y al presidente Daniel Noboa. La respuesta institucional, hasta ahora, ha sido insuficiente.

Promesas que no se cumplen

Desde Interagua, la explicación en esa red social, a decir de los afectados, es la misma: trabajos en curso y pronta normalización del servicio. “Estamos realizando un arduo trabajo en la reparación…”, indicaron.

Pero en Lomas del Bosque esa promesa ha generado todavía más indignación. “Nos dicen que ya envían, nada. Que hoy sí… nada. Ya son 5 días sin agua. Alguien que nos ayude”, escribió la residente Cristina Vinueza.

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El malestar, según indicaron las familias a EXPRESO, no es solo por la falta del servicio, sino por la ausencia de cronogramas claros, tiempos definidos y soluciones sostenidas.

De daño técnico a crisis

El origen del problema, como publicó EXPRESO, se remonta al viernes 24 de abril, cuando un daño en el sistema VRP obligó a suspender el servicio en varias urbanizaciones de la vía a la costa, entre ellas Terranostra, Porto Alegre, Bonanova, Alicante y Vilanova.

Como respuesta, se desplegaron tanqueros. Pero la medida, lejos de resolver el problema, evidenció otra brecha: no todos tienen cisternas, ni capacidad para almacenar agua. La distribución no alcanza, dijeron. En Lomas del Bosque, aseguran los ciudadanos, el servicio es inexistente por todas las vías.

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“Privar de agua es vulnerar derechos”

En una entrevista anterior, César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, advirtió que el problema del agua en Guayaquil no es un hecho aislado, sino una falla estructural que evidencia el desgaste del modelo de concesión a Interagua. Según señaló, el servicio de Interagua no está respondiendo a las necesidades reales de los ciudadanos y requiere cambios de fondo, más allá de soluciones temporales.

También cuestionó la capacidad de reacción de las autoridades frente a los reclamos ciudadanos, señalando una desconexión entre la gestión pública y los problemas cotidianos. Para Cárdenas, esta falta de respuesta oportuna agrava la percepción de abandono y permite que crisis como los cortes prolongados de agua se repitan sin correctivos efectivos.

Finalmente, vinculó estas deficiencias con un problema más amplio de gestión en la ciudad, donde —según dijo— no se están priorizando los servicios básicos ni el bienestar de la población. En ese contexto, dijo, el servicio que presta Interagua se convierte en un ejemplo de un sistema que, a su criterio, opera con falencias persistentes y sin el control necesario para garantizar calidad y continuidad.

Lo que se sabe

• La ministra de Educación, Gilda Alcívar García, suscribió la Normativa para la aplicación de medidas socioeducativas o disciplinarias y el abordaje de conflictos escolares
• Se reemplazó la disposición de 2023 que obligaba a llevar los conflictos a las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos
• Con este cambio se espera que las principales autoridades de las instituciones educativas ejerzan mejor control y se agiliten los trámites educativos

Que los rectores tengan la facultad de sancionar directamente faltas relacionadas con fraude académico, daño voluntario a instalaciones y alteraciones al orden en las entidades educativas es uno de los principales cambios dispuestos por el Ministerio de Educación.

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La ministra Gilda Alcívar García emitió, el 16 de abril de 2026, el Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2026-00028-A, que reemplaza a la normativa de 2023.

Otra modificación importante es que cada institución educativa decidirá si autoriza el uso de celulares en las aulas, lo que estará definido en el Código de Convivencia.

¿Cómo resolverán los conflictos los rectores?

En el artículo 21 se establecen las instancias de resolución de conflictos, que deberán conformarse por vicerrector, subdirector, inspector o subinspector delegado por la máxima autoridad de la institución.

En caso de que esa instancia no resuelva el conflicto, le corresponderá al rector asumir el caso. La máxima autoridad "podrá aplicar una medida educativa disciplinaria", se indica en el artículo 25.

"Deléguese a las máximas autoridades de los establecimientos educativos, conocer y resolver directamente las faltas disciplinarias previstas en el artículo 211 de la Codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, excepto las faltas relacionadas con acoso escolar, violencia escolar, hostigamiento académico o situaciones donde esté involucrado el personal educativo o administrativo de la institución cuya competencia será exclusivamente de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos", se aclara en el artículo 29.

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Estas faltas resolverán los rectores

Lo que se sabe

• El feriado por el Día del Trabajo será del 30 de abril al 3 de mayo, luego de que el Gobierno dio un día más de asueto
• El tiempo que se trabaja en días de descanso obligatorio es considerado trabajo extraordinario
• También se puede llegar a un acuerdo para obtener días libres en lugar del pago

Con el feriado por el Día del Trabajo, que en este 2026 será del 30 de abril al 3 de mayo, llega el escenario de trabajar en días de descanso obligatorio, lo que implica un pago mayor al de los días ordinarios.

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En este caso, el recargo al salario es de 100 %, es decir que le deberán cancelar el doble de valor por hora. Es un derecho laboral que debe cumplir el empleador.

La excepción ocurre cuando ambas partes llegan a un acuerdo para sustituir esa paga por un día libre adicional. Esta opción siempre debe tener la aceptación tanto de empleador como del trabajador.

¿Cómo calcular el pago en feriado en Ecuador?

El salario básico unificado, en este 2026, es de 482 dólares. Ese valor se divide para 240, que es el promedio de jornada laboral mensual. Esto deja un valor aproximado de 2 dólares para la hora.

Es decir que, si trabaja en feriado, le deberán pagar 4 dólares por hora. Si la jornada se extiende por las ocho horas, su pago será de $32 en el día empleado.

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Lo que se sabe

• Es el primer encuentro del nuevo viceprefecto del Guayas con un funcionario del Gobierno Nacional, tras su designación el 22 de abril
• El desarrollo productivo de la provincia fue el eje del encuentro, realizado en la Prefectura, en Guayaquil
• Catastros agrícolas y acuícolas, así como el censo ganadero, estuvieron entre los temas tratados

A cinco días de haber sido posesionado como viceprefecto del Guayas, Carlos Encalada mantuvo este lunes 27 de abril de 2026 su primer encuentro público con un funcionario del Gobierno Nacional: el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega Malo.

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"Articular esfuerzos y consolidar una agenda estratégica orientada a fortalecer el desarrollo productivo" fue el eje del encuentro, según mencionó la Prefectura en un boletín de prensa.

Encalada reemplazará a la prefecta Marcela Aguiñaga, desde el próximo 14 de mayo, luego de que presentó su renuncia anticipada. Su viceprefecto, Carlos Serrano, dejó el cargo días después.

¿De qué hablaron el viceprefecto y el ministro?

Ambos funcionarios revisaron proyectos de la Prefectura "con el objetivo de reforzarlos y alinearlos con esta visión estratégica basada en planificación, datos y articulación institucional", indicó la institución.

Entre los puntos tratados, están:

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¿Diálogos del prefecto con el ministro Roberto Luque?

Una de las obras clave para Guayas es la construcción del denominado Quinto Puente, que llegará a la zona sur de Guayaquil, y cuya ejecución confrontó al Régimen central con la administración de Aguiñaga.

"Todas las discrepancias que pudimos haber tenido con la prefecta se están resolviendo", dijo este lunes el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque.

El movimiento Revolución Ciudadana y su líder, el expresidente Rafael Correa, aseguraron que Aguiñaga renunció por presiones del Gobierno y la acusaron de entregar la conducción de la provincia al Régimen.

Luque aseguró que no se había reunido aún con Encalada y mencionó que entre junio y julio volvería la maquinaria a los tramos 4 y 5 de la obra, que se prevé esté lista en 2029.

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Lo que se sabe

• Una red de cobros irregulares y amenazas para contratar servicios funerarios es lo que denuncian familiares de pacientes fallecidos
• Dueño de una funeraria aseguró que incluso sus negocios son amedrentados, incluso desde fines de 2021
• Ni el hospital Teodoro Maldonado Carbo ni la Policía Nacional han recibido denuncias formales, según dijeron a EXPRESO

Una red que presionaría a familiares de pacientes fallecidos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo y que incluiría amenazas al personal de las funerarias, es lo que se denuncia en Guayaquil.

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Varios testimonios recogidos por EXPRESO muestran la vulnerabilidad de las familias, que son contactadas incluso antes de que su ser querido muera, lo que alerta sobre posible falta de control en la información.

“Mi esposa acababa de fallecer tras varios días internada en el hospital Teodoro Maldonado. No había procesado aún la noticia cuando comenzaron a ofrecerme el servicio funerario. Cuando les dije que ya tenía una funeraria, insistieron en que su opción era la mejor y que me convenía aceptarla. No lo sentí como una recomendación, sino como presión en un momento de dolor”, mencionó uno de los testimonios.

Las amenazas llegarían incluso a propietarios y trabajadores de funerarias, a quienes les obligan a pagar valores para no ser víctimas de atentados, según comentó uno de ellos a  EXPRESO.

“Hay funerarias que trabajan bajo presión constante. Si no aceptan las condiciones, hay riesgos de represalias”, aseguró una de las empleadas.

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¿Hay denuncias sobre las amenazas?

Tanto el área de Comunicación del hospital del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) como la Policía Nacional aseguran que no hay denuncias formales sobre este caso.

EXPRESO también solicitó información a Fiscalía sobre denuncias de este caso y estamos a la espera de una respuesta. Mientras tanto, el temor sigue entre familiares de pacientes y trabajadores de funerarias.

Las claves del caso

• UNE denuncia crisis educativa en Ecuador y exige alza salarial para docentes
  
• Docentes alertan fallas en educación y anuncian protestas a nivel nacional
  
• Crisis en educación: UNE pide emergencia y reclama mejoras salariales docentes

La Unión Nacional de Educadores (UNE) levanta su voz ante una serie de irregularidades que, según denuncia, persisten en la gestión del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, generando preocupación en el sector docente a pocos días de iniciar un nuevo ciclo lectivo.

Durante pronunciamientos recientes, representantes del gremio expusieron lo que consideran falencias estructurales que afectan tanto a maestros como a estudiantes. Entre los principales señalamientos constantes problemas en la asignación de recursos, condiciones laborales inestables y la falta de respuestas oportunas frente a necesidades urgentes del sistema educativo.

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A estas denuncias se suma un reclamo histórico: la falta de incremento salarial para los docentes. Desde la UNE se insiste en que los maestros no han recibido ajustes en sus remuneraciones desde hace más de una década, pese al constante aumento del costo de vida en el país.

Las críticas también se extienden al ámbito económico. Edison Gavilánez, presidente de la Vanguardia del Magisterio Ecuatoriano, recordó que los docentes arrastran un problema histórico. "Hace 14 años no hemos tenido un alza salarial, mientras la canasta básica sube cada año. Esto también afecta la calidad educativa", indicó.

Como medida de presión, el gremio anunció su participación en la movilización del 1 de mayo y convocó a una jornada nacional de protestas para el 28 de mayo. “Vamos a salir a las calles para exigir que se declare en emergencia la educación por inseguridad, infraestructura y salarios”, advirtió Gavilánez.

Por su parte, Elena Barrero, del Frente de Lucha por el Ingreso al Magisterio, apuntó a la inestabilidad laboral como otro de los problemas de fondo. "Hay precarización. No existe estabilidad para los docentes. El sistema actual no garantiza condiciones dignas para ejercer la profesión", afirmó.

Situación afecta al sistema de educación

Ambas voces coinciden en que estas problemáticas no solo impactan al cuerpo docente, sino que terminan repercutiendo en la calidad del aprendizaje de los estudiantes, en un contexto donde también se reportan deficiencias en infraestructura y seguridad en varias instituciones educativas del país.

Por su parte, la presidenta de la UNE en Guayas, Gabriela Menéndez, reiteró la necesidad de adoptar medidas urgentes. Según indicó, el gremio solicita formalmente que se declare en emergencia al sistema educativo, con el fin de atender de manera integral las Múltiples falencias que enfrenta el sector.

Las claves del caso

• Acumulación de problemas estructurales sin respuesta institucional, lo que incrementa el malestar ciudadano.
  
• Reclamos reiterados por vías deterioradas, servicios básicos deficientes, inseguridad y falta de planificación urbana.
  
• Cuestionamientos al silencio del alcalde Wilson Cañizares, que los moradores  y expertos perciben como falta de liderazgo.

La ciudadanía de Daule está cansada. No es una queja reciente ni un reclamo aislado. Se trata de una acumulación de problemas que, según los residentes, llevan meses e incluso años sin solución. Denuncias reiteradas y reportes en redes sociales evidencian el hartazgo ciudadano; Sin embargo, no han tenido la respuesta esperada del alcalde Wilson Cañizares.

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Los principales problemas que aquejan  a Daule

Entre las principales quejas ciudadanas están el deterioro recurrente de las vías, el desorden en el tránsito, la deficiente planificación urbana que, según los moradores, no prioriza la calidad de vida, la inseguridad y la falta de pronunciamientos frente a los deficientes servicios básicos.

Pese a las Múltiples publicaciones de este Diario sobre los reclamos ciudadanos, no ha existido un pronunciamiento directo por parte del alcalde Cañizares. De hecho, la última vez que brindó una entrevista a EXPRESO fue en agosto de 2025. Este silencio, para los moradores, resulta cada vez más incómodo e incluso cómplice.

El reclamo ciudadano ante el silencio del alcalde

"No dice nada, es como si ni le importara. Nos matamos reclamando, yendo al Municipio, dejando mensajes en redes sociales, y nada. Él no habla y por eso termina siendo cómplice", criticó Milagro García, moradora de Daule.

El estado de las vías es uno de los reclamos más reiterados. La avenida León Febres Cordero, uno de los principales ejes de conexión, así como las calles internas de urbanizaciones como La Joya, Villa del Rey, Villa Club, Casa Laguna y Vistana, presentan baches, desniveles y tramos deteriorados que complican la movilidad diaria.

"Este tema ya lleva años y siempre es lo mismo. Después de tanto insistir, arreglan, pero a los pocos meses todo se vuelve a dañar", comenta Luis Fernando Mena, residente de La Joya. A su testimonio se suma el de Carla Zambrano, de Villa Club: "No podemos acostumbrarnos a vivir así. Pagamos tantos impuestos y las calles son malas".

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La presencia de agentes de tránsito es otro punto conflictivo. Los moradores denuncian que su presencia es escasa, especialmente en zonas críticas donde el flujo vehicular es alto. Además, reportan la circulación frecuente de vehículos pesados en áreas donde no está permitido, así como accidentes constantes en el redondel de la vía a Salitre.

"Aquí cada semana hay un choque y nadie controla nada. Los camiones pasan como si fuera una carretera libre", señala Jimmy Andrade, habitante de Casa Laguna, quien recrimina que, aunque la competencia no sea 100% municipal, no hay pronunciamientos. "No hay autoridad. Es tierra de nadie. Si pasa algo, cada quien resuelve como puede", protestó.

En materia de urbanismo, los ciudadanos también expresan preocupación por la falta de áreas verdes. Aunque, como informó EXPRESO, recientemente se habilitó un parque en los exteriores de Villa Club, los moradores cuestionan que se trate de un espacio mayormente de cemento, sin árboles ni sombra. "Con este calor es imposible usarlo. Cada vez hay más plazas comerciales y urbanizaciones, pero menos espacios para respirar. No hay equilibrio", comenta Rocío Orellana, quien duda de que exista una planificación real en Daule.

Piden pronunciamiento ante problemas en servicios básicos

Por otra parte, los constantes cortes de energía y de agua también han generado malestar. Aunque estos servicios no dependen directamente del Municipio, los ciudadanos cuestionan la ausencia de pronunciamientos o gestiones visibles por parte de la autoridad local. 

“No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que represente”, expresa Andrés Molina, de Villa Club. Para Patricia Ruiz, de Casa Laguna, el silencio agrava la situación: "Ni siquiera hay una postura. Es como si no pasara nada. Parece que el alcalde no vive en Daule".

A esto se suma el incremento en las planillas de agua, debido a un nuevo cobro vinculado a la recolección de basura. “Nos llega el agua cuando quieren y encima ahora pagamos más. Es absurdo”, afirma Santiago Cuello, residente de La Rioja.

No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que representeAndrés Molina
​residente de Villa Club

La recolección de basura tampoco escapa a las críticas, principalmente en sectores de La Aurora, donde moradores aseguran que el servicio es irregular, lo que ha derivado en la acumulación de desechos en varios puntos. EXPRESO ha reportado en reiteradas ocasiones la presencia de montículos de basura en viales como el 10 y en la avenida León Febres Cordero.

La inseguridad es, quizás, una de las preocupaciones más sensibles. En los últimos años se han registrado hechos violentos incluso en zonas consideradas exclusivas y en los exteriores de centros comerciales. Aunque la seguridad no es una competencia exclusiva del Municipio, los ciudadanos reclaman coordinación con otras entidades. "Queremos ver presencia, operativos, algo que nos haga sentir protegidos. En Guayaquil hay Segura EP y en Samborondón hay muchas cámaras, pero acá nada".

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Analista político se refiere al silencio de Cañizares

Sobre el tema, Jorge Chuya, analista político, considera que este silencio puede ser parte de una estrategia. “El alcalde también puede estar pensando en las próximas elecciones y puede que prefiera no hablar porque su hija podría buscar el cargo”, considera el experto.

Sin embargo, recuerda que el estilo de Cañizares nunca ha sido populista, pero en este tipo de casos es necesario hablar. "En La Aurora se siente la ausencia de ese líder. Cuando se está al frente de la alcaldía, se debe salir a responder sobre los problemas. Ese silencio le hace sentir a la ciudadanía que está en abandono", mencionó.

Entre reclamos que se acumulan y respuestas que no llegan, los moradores de Daule continúan esperando. Mientras tanto, el silencio, que algunos ya califican como costumbre, sigue ocupando un lugar central en la discusión pública del cantón.

Lo que debes saber

• La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, respondió a una denuncia ciudadana sobre el colapso por comercio informal en el centro de la ciudad. Su frase “No somos un mercado” encendió el debate en redes sociales.

Una denuncia ciudadana en redes sociales sobre el comercio informal en el centro de Guayaquil provocó la reacción de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien defendió los operativos municipales y pidió mantener el orden en la ciudad.

El reclamo se difundió en la red social X, donde un usuario alertó que las calles 6 de Marzo, entre Sucre y Colón, se encuentran “totalmente colapsadas por vendedores informales”, lo que generó decenas de reacciones.

Alcaldía de Guayaquil responde denuncia

Ante la denuncia, Coronel aseguró que el caso fue atendido y reconoció el contexto social detrás del incremento del comercio informal.

“Sabemos la necesidad de salir adelante del guayaquileño y a semanas de empezar clases, estas situaciones incrementan. Pero necesitamos orden”, expresó.

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Además, fue enfática al señalar: “No somos un mercado".

También agradeció la intervención de los agentes de Segura EP en el control de la zona.

Más denuncias en Guayaquil

La respuesta de la funcionaria generó más comentarios ciudadanos. Uno de ellos alertó sobre una situación similar en los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad de Guayaquil.

Según el usuario, la vía de acceso está ocupada por carretillas y mesas instaladas en plena calle, reduciendo el paso peatonal y vehicular. “Cada vez más pequeño el paso, ayúdenos”, escribió.

Coronel respondió citando a la cuenta institucional correspondiente y pidió reforzar los controles:

“Señores, los operativos deben ser diarios y frecuentes”, indicó en su mensaje.

Un problema recurrente en Guayaquil

El comercio informal sigue siendo uno de los principales desafíos en Guayaquil, especialmente en zonas de alta concurrencia. Aunque las autoridades realizan operativos constantes, ciudadanos insisten en que el control debe ser sostenido para evitar la ocupación irregular del espacio público.

Lo que debes saber

• El exjugador fue hallado sin vida dentro de un vehículo en La Saiba, tras haber llegado en la madrugada acompañado.
  
• Testimonios indican que una mujer permaneció con él antes de que fuera encontrado en el asiento posterior del auto.
  
• Se investiga una posible intoxicación con escopolamina, mientras autoridades buscan esclarecer el caso.

Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira, exjugador de Emelec y Filanbanco , fue hallado sin vida la mañana de este sábado 25 de abril en el sector de La Saiba, en el sur de Guayaquil. 

El hecho ha generado conmoción entre los residentes y preocupación por las circunstancias en las que ocurrieron.

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Así fue hallado el exfutbolista de Emelec

De acuerdo con versiones de testigos, durante la madrugada el exfutbolista llegó al lugar a bordo de un vehículo tipo Spark en compañía de tres mujeres. 

El automóvil fue estacionado en una de las calles del sector. Según los relatos, dos de los acompañantes se retiraron poco después, mientras una permaneció con él dentro del carro.

Posteriormente, siempre según testimonios, la mujer que quedó habría movido al exdeportista hacia el asiento posterior del vehículo. Horas más tarde, ya en la mañana, los vecinos comenzaron a notar la presencia del automóvil con las ventanas semiabiertas, lo que despertó sospechas.

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Ante la situación, los moradores decidieron alertar a las autoridades . Al llegar al sitio, los agentes confirmaron que en el interior del vehículo se encontró a un hombre sin signos vitales. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de una posible intoxicación por escopolamina , aunque esta información deberá ser confirmada mediante pericias forenses.

Con el paso de las horas, se confirma que la víctima era Carlos Ribadeneira, grabado por su paso como volante en equipos como Emelec y Filanbanco , donde tuvo participación en el fútbol profesional ecuatoriano en la década de los 90.

El caso ha generado alarma entre los habitantes del sector, quienes expresan preocupación por este tipo de hechos y temen que situaciones similares puedan repetirse.

 La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar a las personas involucradas y determinar con precisión las causas de la muerte del exdeportista.

Video de agresión a conductor de tricimoto

• El operativo de revisión de permisos ocurrió en febrero de 2024 en Pascuales

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) justificó el accionar de sus agentes frente a la reciente viralización de un material audiovisual que expone el uso de la fuerza y la posterior retención del vehículo de un conductor de tricimoto en la parroquia Pascuales.

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El argumento oficial frente a la denuncia

La respuesta institucional surge tras la denuncia pública difundida por el periodista César Muñoz en sus redes sociales, quien expuso el caso de Guillermo Erazo, de 40 años. Según el reporte y lo que se muestra en el metraje, el ciudadano habría sido atropellado por los uniformados y terminó con severas lesiones en la columna. Ante la falta de su herramienta de trabajo y la negativa de terceros para alquilarle otra tricimoto, Erazo sobrevive actualmente laborando como zapatero.

A través de un comunicado oficial, la ATM desestimó la temporalidad de las imágenes, precisando que el operativo se ejecutó en febrero de 2024. El procedimiento consistía en la verificación del título habilitante para la circulación, documento que Erazo no poseía al momento del control.

Para contrarrestar la evidencia visual de la agresión contra el conductor, la entidad argumentó que, previo a la grabación del incidente, los agentes de tránsito fueron atacados con palos y rocas. Según la institución, esta situación consta en los registros fotográficos levantados durante el procedimiento.

Críticas a Tatiana Coronel 

El manejo comunicacional del caso escaló en críticas tras la intervención digital de Tatiana Coronel, funcionaria de la entidad, quien comentó la publicación original limitándose a señalar que "ese video no es actual". Los usuarios cuestionaron que la respuesta oficial se centrara en la fecha del operativo y omitiera referirse al estado físico del ciudadano.

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Como medida administrativa ante estos escenarios de conflicto, la ATM detalló que las intervenciones a tricimotos se desarrollan ahora bajo el resguardo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en el espacio público.