La seguridad preocupa al Concejo, aun no existe un perfil de riesgo

Los asesinatos de autoridades y funcionarios en Ecuador no cesan. El más reciente ocurrió el 18 de mayo, en Portoviejo, cuando sicarios acribillaron a Claudia Martínez Barberán, directora de Seguridad Ciudadana y Control Territorial de la ciudad manabita. La funcionaria municipal fue atacada cuando se trasladaba por una de las avenidas de Portoviejo.

El asesinato de Martínez se sumó a otros que ocurrieron en el país. Un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política (OCVP), publicado en marzo de 2024, señala que entre 2022 y 2023, hubo 92 agresiones contra la integridad y la vida de personas políticamente expuestas, es decir políticos o funcionarios.

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El informe, menciona Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, da cuenta que solo en las elecciones anticipadas de 2023 se registraron 33 asesinatos, 41 atentados, nueve amenazas y seis secuestros.

Al Concejo Metropolitano, a finales de 2023, llegó esa preocupación por lo que la Comisión de Seguridad pidió a la Secretaría de Seguridad que realice un análisis de riesgo del Palacio Municipal. En enero de este año, la institución presentó una serie de recomendaciones relacionadas con la seguridad física, electrónica y humana.

Entre ellas hacer un mantenimiento del circuito cerrado de cámaras, que no se ha hecho desde hace años, dice Andrade. También se recomendó que todo el personal que labora en el palacio porte la credencial de identificación. Como parte de las medidas que se adoptaron se colocó un arco de seguridad al ingreso del palacio.

Asimismo, se trabajó en un protocolo de simulacro ante un posible escenario en caso de la presencia de un artefacto explosivo. Andrade señala que están capacitando al personal e identificando los puntos de encuentro. El simulacro está previsto que se haga esta semana.

En ese contexto surgió una “preocupación legítima” de parte de concejales, agrega la funcionaria y el 17 de mayo se aprobó la resolución 030-2024, que contiene cuatro artículos.

Uno de los puntos controversiales fue el inciso F del artículo 4 sobre la instalación de un sistema de alarma interna en los barrios donde residen los concejales y el alcalde. Andrade explicó que lo que se pretende es integrar las viviendas de los ediles a los puntos de alarma más cercanos, ampliando la cobertura de seguridad para toda la comunidad. Señaló que no se está dando ningún privilegio para su entrega.

La funcionaria también mencionó que ningún concejal cuenta con seguridad, “pero tienen una preocupación legítima ante el incremento de asesinatos y secuestros”. Consultada por EXPRESO sobre si algún edil ha solicitado formalmente a la Policía un perfil de riesgo, Andrade dijo que ninguno lo ha hecho. Aunque, si sienten la necesidad, lo puede pedir.

La concejal Analía Ledesma señala que si bien ejercer la política se ha vuelto peligroso, su trabajo es buscar condiciones de seguridad para toda la ciudadanía. “Todos merecemos seguridad y es competencia directa del Gobierno trabajar en conjunto con los Gobiernos Autónomos”, sostiene.

Para el edil Michael Aulestia, varios incisos del artículo cuatro se podrían haber tratado como un tema administrativo. “No creo debería estar a fuerza de resolución que, por ejemplo, los servidores porten sus credenciales, son temas que se deberían tratar desde la administración general”, señala. Sobre la polémica de las alarmas, indica que con el pedido de reconsideración del punto F, el Concejo tuvo la oportunidad de reivindicarse, sin embargo, no fue así. Por ello solicitó que se cumpla con el cronograma ya establecido para la instalación de alarmas. “Primero está el interés general y luego el particular”, finaliza.

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