Seguridad y gobernabilidad, el gasto que menos se ejecuta

  Quito

Seguridad y gobernabilidad, el gasto que menos se ejecuta

En 2021, el Municipio gastó $69,8 millones, 61 % de lo presupuestado. Desde el Cabildo se señala que la inseguridad es competencia de la Policía.

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La Policía asegura que tiene varios convenios suscritos con el Municipio.Karina Defas.

Pese a que la inseguridad se ha convertido en uno de los problemas que más agobia a los ciudadanos, el gasto para enfrentarlo es el que menos se ejecutó en la capital en 2021.

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Según cifras de la ejecución presupuestaria del Municipio de Quito, el sector de seguridad y gobernabilidad fue el que menos ejecutó su presupuesto en 2021: llegó al 61 %.

Es decir, en los 12 meses del año pasado se utilizó $ 69,8 millones de $ 114,8 millones.

Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, aseguró a EXPRESO que hay un factor determinante para la falta de ejecución del presupuesto. Se trata del proyecto de cámaras de vigilancia que no pudo ser implementado el año pasado, del que estaba al frente la Empresa Pública de Seguridad.

“Con la coyuntura política que se vivió en la administración anterior impidió que se sigan concretando estos proyectos”, justificó Valarezo.

El hijo del exalcalde de Quito Jorge Yunda, Sebastián Yunda, es investigado por la supuesta obtención de beneficios por contratos de adquisición de cámaras para el Municipio que sumaban $ 1,7 millones, a través de la Empresa Metropolitana de Seguridad.

Si se desglosan las cifras de la ejecución presupuestaria, se evidencia que la Empresa Metropolitana de Seguridad es la que menos ejecutó en 2021: apenas el 33 %.

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Según Valarezo, el mayor gasto comenzó a activarse en octubre de 2021, cuando se concretaron algunos proyectos como la iluminación de algunas zonas de la capital.

La funcionaria municipal justifica que la inseguridad en Quito no tiene que ver con la baja ejecución, sino que es competencia de la Policía Nacional. “De manera preventiva y reactiva es la Policía Nacional la que tiene que generar las actuaciones propias en el territorio nacional y en Quito para que no se cometan delitos”, aseguró Valarezo.

No tiene influencia porque hay que hacer una diferenciación técnica de las competencias. La competencia del control del orden público es responsabilidad de la Policía.

Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad del Municipio de Quito

Fernando Carrión, urbanista y experto en temas de seguridad, opina lo contrario y asegura que la seguridad también es competencia del Cabildo, el cual debe encargarse de prevención comunitaria, como iluminación o señalética.

“Si el Municipio cobra la tasa de seguridad, difícilmente puede decir que no es una competencia del Municipio, sino que aquí tendríamos es un bajo nivel de gestión en uno de los temas que tiene mayor incremento de su incidencia en la ciudad”.

Si el Municipio cobra la tasa de seguridad, difícilmente puede decir que no es su competencia. Aquí lo que tendríamos es una baja capacidad de gestión en un tema con más incidencia.

Fernando Carrión, experto en Seguridad

Para Lautaro Ojeda, analista en seguridad pública, los quiteños deberían conocer a qué se destinan los dineros de la tasa de seguridad y que el Cabildo debería ser más transparente.

Desde este año rige un nuevo mecanismo para calcular la tasa de seguridad ciudadana que el Municipio de Quito cobra a los ciudadanos cada año junto con el impuesto predial. El cálculo se realiza con base al Salario Básico Unificado. Entre 2011 y 2021 se ha recaudado unos $ 82 millones por ese concepto.

Una pregunta que nos hacemos quienes pagamos la tasa de seguridad ciudadana es en qué se ha empleado esa tasa, si hay una evaluación o a qué se destina.

Lautaro Ojeda, analista sobre temas de seguridad pública

La Policía busca más convenios

La Policía y el Municipio tienen un convenio para trabajar en conjunto, aseguró Fausto Salinas, director de Seguridad Ciudadana y de Orden Público de la Policía Nacional.

Por ejemplo, la dotación de motos, arreglos de Unidad de Policía Comunitaria (UPC), entre otros temas. No obstante, se busca ampliar los convenios para tener una mejor acción. “Se está trabajando en conjunto para encontrar herramientas legales para una ayuda más directa e invertir más”.