La razón por la que los policías sentenciados no aceptaron el indulto, según Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, expresó su respaldo a dos policías sentenciados por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tras un operativo realizado en el norte de Quito hace una década. 

Además, indicó que el Gobierno evalúa la posibilidad de otorgarles un indulto presidencial una vez que la sentencia quede en firme.

Caso de los policías involucrados en operativo de 2016 en El Bosque

El proceso judicial involucra a los sargentos Diego Trujillo y Leonardo Montalvo, quienes participaron en una intervención policial registrada en 2016 en el sector de El Bosque, en Quito. 

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Según los antecedentes, los uniformados acudieron a una alerta por el robo de motocicletas, lo que derivó en una persecución y un enfrentamiento armado, en el que murió uno de los sospechosos. Otro implicado fue detenido y posteriormente procesado por el asalto.

Años después de los hechos, la Fiscalía abrió una investigación por presunta extralimitación en el uso de la fuerza durante el procedimiento policial. 

El Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito emitió una sentencia condenatoria contra ambos agentes, resolución que será apelada por la institución policial.

Reimberg cuestiona el fallo judicial y defiende actuación policial

Reimberg cuestionó la decisión judicial y sostuvo que los agentes actuaron en cumplimiento de su deber frente a un hecho delictivo. En ese contexto, manifestó públicamente su respaldo a los uniformados y defendió la actuación policial en operativos contra la delincuencia.

La Policía Nacional informó que impugnará la sentencia mediante los recursos contemplados en la legislación ecuatoriana y que continuará brindando asistencia jurídica a los dos sargentos mientras el caso avanza a instancias superiores. La institución también expresó solidaridad con los procesados y sus familias.

Gobierno analiza posible indulto presidencial

Respecto a un eventual indulto, el ministro señaló que esta alternativa podría analizarse una vez que el proceso judicial concluya y exista una sentencia ejecutoriada. 

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El planteamiento se produce en medio del debate sobre el respaldo estatal a miembros de la fuerza pública involucrados en procedimientos operativos que terminan en procesos penales.