Los padres de los niños y adolescentes que estudian en instituciones que han sido acorraladas por la delincuencia, en Quito, han tenido que tomar acciones para intentar contrarrestar la inseguridad y violencia en la que viven sus representados.

El colegio Consejo Provincial, ubicado en el sur de la capital, es uno de los sitios en los que ya se han instaurado estas brigadas desde hace dos semanas. Según Santiago Enríquez, quien es parte de estos grupos de padres de familia, se lo hizo por la falta de respuesta de las autoridades del plantel.

Él y otros padres de familia pidieron que se brindaran más seguridades a sus hijos dentro y fuera de las instalaciones luego de un caso de presunta violación en diciembre pasado. Pero nada.

Desde entonces, a la hora de entrada y de salida, los progenitores se convierten en policías, agentes de tránsito y psicólogos.

Enríquez afirma que cumplen principalmente tres funciones: precautelar la integridad de cada estudiante mientras aborda un transporte o son retirados por sus padres; evitar conflictos violentos afuera de la institución o sean asaltados; y, sobre todo, velar porque ningún miembro de alguna banda ofrezca drogas o les persuada a formar parte de sus filas.

En ocasiones, algunos suelen conversar con los escolares que se quedan solos esperando a su representante, para que no se desvíen por otro camino.

Para Enríquez, el problema de la droga es uno de los que más acarrea este centro educativo. “Ha habido casos de personas que ofrecen sustancias a los niños de la escuela”, señala.

Cristina Betancourth tiene a su hijo en primero de bachillerato y menciona que detrás del plantel, en las mallas que colindan con un bosque, suele haber delincuentes que venderían droga a los estudiantes.

En el sector hay nuevas amenazas. Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa y Buen Vivir del Ministerio de Educación, aplaude el trabajo que realizan los padres porque para ella la corresponsabilidad permite tener mejor atención del proceso educativo de sus hijos y ayuda a que el entorno educativo mejore.

La funcionaria añade que desde el Ministerio pretenden crear espacios, dentro de los establecimientos, para que los padres se vinculen en el desenvolvimiento de los alumnos.

Castellanos reconoce que el contexto de inseguridad que vive el país con la presencia del crimen organizado se ha replicado en las inmediaciones y en el interior de los colegios.

Para luchar contra esta problemática, la subsecretaria señala que los ministerios de Educación e Interior y la Policía han puesto en marcha el Plan Nacional de Escuelas Seguras, tras identificar nuevas amenazas.

“Ha incrementado el nivel de extorsión de los grupos de crimen organizado, hacia estudiantes, familias y docentes”. En lo que va del año, según las estadísticas de Educación, en la capital se han presentado seis casos de extorsión. La funcionaria también resalta que dentro de los colegios aumentó el porte de armas blancas y de fuego.

Enfatiza que han identificado riñas que no tienen que ver con actos de violencia que se viven dentro del sistema educativo, sino que rozan en procesos penales como apuñalamientos. Uno fue el caso de tres estudiantes acuchillados por sus compañeros, en el colegio Primicias de la Cultura de Quito, en el sur, indagado por las autoridades como un problema relacionado con la venta de drogas.

Ante esto, Castellanos indica que se han reformulado los protocolos que se deben seguir cuando ocurra un delito. La funcionaria añade que hubo un protocolo previo de intervención policial en las instituciones, pero considerando las nuevas condiciones de inseguridad se reformuló para que tengan nuevas competencias en su accionar.

María Tacuri, quien también es parte de las brigadas del colegio Consejo Provincial, enfatiza en que los estudiantes no son los únicos expuestos. Esta madre de familia dice que se necesita apoyo de la Policía porque, según ella, son indefensos frente a los delincuentes. Sin embargo, esta no es la única problemática. Otra realidad que ha saltado dentro del sistema educativo es las amenazas de muerte que han recibido algunos profesores de colegios fiscales de la capital.

Un docente de un colegio de Solanda, sur de Quito, cuenta que fue víctima de extorsión por parte de una banda criminal. Tras haber alertado sobre el consumo de estupefacientes dentro del plantel, delincuentes le habrían seguido desde el colegio hasta su domicilio que queda cerca. Días después lo habrían llamado para amenazarlo por soplón. Luego renunció.