En un máximo de 15 días, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, deberá emitir su dictamen sobre la presunta infracción electoral de la que se acusa a Pabel Muñoz. 

Ayer, 4 de marzo de 2024, se realizó la audiencia Oral Única de Prueba y Alegatos. A la diligencia no llegó el Alcalde de la ciudad. Su representante mencionó que "yo vengo a presentar mi patrocinio jurídico convencido de la actividad de mi cliente".

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Sobre las pruebas y alegatos que estaba previsto que se presenten, Cabrera dijo que "las va a contrarrestar de manera efectiva".

Esteban Guarderas es uno de los denunciantes de Pabel Muñoz. Lo acusa de una presunta infracción electoral por promover la candidatura de Luisa González en la campaña por las elecciones presidenciales de 2023.

Según el artículo 278, numeral 3 del Código de la Democracia, las infracciones electorales graves se sancionarán con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.

En ese sentido el juez Viteri deberá emitir su dictamen en 15 días. En este tiempo ninguna de las partes podrá presentar ninguna acción legal. 

Poco antes de que se realice la audiencia, el burgomaestre, en su enlace semanal Frecuencia Quiteña, señaló que decidió no darle mayor atención "porque está clara la intención y es ganar protagonismo por medio del ataque a otra persona". 

"Si quieren ganar protagonismo trabajen, hagan algo, haga algún rol ejemplar, emblemático, útil para la ciudadanía", dijo. 

De su parte, Esteban Guarderas aseguró en la audiencia de ayer que no está en juego la alcaldía sino todas las elecciones de 2025 debido a que si un funcionario puede hacer videos "tan explícitos, se abriría la puerta para que todo funcionario haga campaña".

Recalcó que es importante que las autoridades competentes demuestren que en el país hay instituciones que no están siendo coaptadas y que sí se puede sancionar. "Tenemos que defender la democracia ecuatoriana", sostuvo.

Según Guarderas, Muñoz podría ser destituido de su cargo si el TCE da paso a su denuncia, además de perder sus derechos políticos por un período entre seis meses y dos años.

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