Bajo la lupa de la Contraloría General del Estado está el proceso de contratación del servicio de operación de los centros de revisión técnica vehicular, durante el último período entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. 

A través de un examen especial realizado por este organismo de control se identificaron inconsistencias en el proceso de contratación de las empresas encargadas de llevar a cabo la operación de los centros de revisión en Quito; así como en los convenios de pago suscritos por el Municipio, para la operación del servicio. 

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En el informe emitido, la Contraloría concluye que la RTV no contó con respaldos contractuales ya que "el Cabildo usó convenios de pago de forma recurrente, en lugar de aplicar los procesos comunes de contratación pública". 

También se aclara que el informe de auditoría revela que cuando finalizaron los contratos con las empresas Danton S.A y Consorcio ITLS de Ecuador los pagos por $ 7´434.732 dólares derivados de la prestación del servicio, entre el 23 de noviembre y el 31 de julio de 2019, tampoco tuvieron un contrato en calidad de respaldo. 

El informe también señala que para realizar las debidas transferencias monetarias se recurrió a ocho convenios de pago, los mismos que fueron suscritos por el exsecretario de Movilidad. Esto se efectuó, pese a que el asesor legal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Procurador Metropolitano señalaran que dicha figura extraordinaria no se debía emplear recurrentemente. 

Entre la información a la que EXPRESO tuvo acceso se encuentran los valores generados entre el 1 de agosto y 31 de diciembre de 2021, los que ascienden a $ 3´066.155 dólares. Estos se pagaron mediante un acta de acuerdo total suscrita en junio de 2022 por la directora general de la AMT de ese entonces. 

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