Unos 40 representantes de organizaciones que trabajan con grupos de atención prioritaria se congregaron a las afueras de la Defensoría del Pueblo, para reclamar el pago pendiente de las obligaciones que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) tiene con ellos. Son alrededor de 3.600 dólares.

“El MIES trabaja para proteger los derechos de los niños, pero están vulnerando los derechos de nuestros niños”, lamentó Flor Martínez, educadora de una escuela fiscal.

Pese a los desafíos, los cooperantes han continuado con sus trabajos mediante préstamos de dinero. “Hemos pedido prestado a muchas personas, estamos endeudados como no tienen idea y lamentablemente ahora ya ni siquiera nos quieren prestar porque no tenemos ni cómo decir cuándo vamos a pagar de vuelta”, agregó.

Ellos mantuvieron una reunión con varias dependencias gubernamentales. Allí les aseguraron que sus fondos existen y que están pendientes de que el MIES haga la entrega de formularios para el pago.

Sin embargo, los colectivos buscan soluciones integrales, ya que desde hace varios años sus pagos se hacen con tres meses de atraso en promedio, por lo que buscan una solución a largo plazo que les permita contar con los fondos necesarios para atender a poblaciones vulnerables, como niños, mujeres rescatadas de burdeles, inmigrantes, entre otras.