Vocal del CNE rechaza injerencia en nombramientos electorales de Manabí

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Merino Abad, rechazó las acusaciones sobre una presunta intervención en la designación de autoridades de la Junta Provincial de Manabí. A través de un pronunciamiento oficial difundido este 26 de agosto de 2026, el funcionario expuso la cronología de su posesión para desestimar los señalamientos impulsados desde la Asamblea Nacional sobre su accionar administrativo.

El orden cronológico que expuso Merino de las designaciones

Tras los requerimientos de información y fiscalización planteados por el legislador de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, el consejero Merino utilizó sus canales digitales para responder a las acusaciones de supuesto tráfico de influencias en la jurisdicción costera. "No podemos institucionalizar la mentira. Yo no participé en la designación del director de Manabí, ni tampoco tengo vocales provinciales electorales", argumentó.

Para sustentar su postura técnica, el funcionario detalló las fechas en las que el Pleno del órgano colegiado ejecutó las resoluciones, contrastándolas con la fecha de su nombramiento oficial:

"Es decir, 30 días después de que el Pleno designó al director de la provincia de Manabí y 14 días después de que nombró a los vocales. Mi respaldo será para todos los funcionarios que actúen con rectitud y apego a la ley", justificó Merino.

La solicitud de fiscalización legislativa

La respuesta del consejero ocurre horas después de que el asambleísta Molina remitiera un oficio a la presidencia del CNE, exigiendo la entrega de una copia íntegra y sin ediciones del registro audiovisual de la Sesión Ordinaria No. 068-PLE-CNE-2026, celebrada el 22 de agosto.

Según la argumentación del legislador, en dicha reunión se habría registrado un cruce verbal entre Merino y la consejera Elena Nájera respecto a la conformación administrativa en Manabí. Molina otorgó un plazo legal de diez días para que la entidad entregue las transcripciones y actas correspondientes, amparado en las facultades de fiscalización del Parlamento.