Revolución Ciudadana exige respuestas por jornadas laborales de hasta 10 horas en Ecuador

Luis Fernando Molina, asambleísta de Revolución Ciudadana por Pichincha, presentó un nuevo requerimiento de información al Ministerio de Trabajo sobre la aplicación de las jornadas laborales concentradas en Ecuador. El oficio fue enviado el 27 de mayo de 2026 al ministro Harold Burbano Villareal y se enfoca en el Acuerdo Ministerial MDT-2026-059.

El legislador sostuvo que el Ministerio no respondió un pedido anterior remitido el 12 de marzo de 2026, relacionado con los mecanismos de control y fiscalización de esta modalidad laboral. Según el documento, la falta de respuesta “limita el adecuado ejercicio de las facultades constitucionales de fiscalización y control político”.

Molina busca obtener datos actualizados sobre el número de trabajadores y empresas acogidas a este esquema, además del comportamiento de la contratación laboral y las denuncias presentadas por empleados. También pidió cifras sobre controles ejecutados por el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de obligaciones patronales.

Pedido de información sobre jornadas laborales en Ecuador

Uno de los puntos centrales del requerimiento se relaciona con la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta diez horas diarias sin pago de horas suplementarias. El asambleísta pidió que se expliquen los fundamentos técnicos, jurídicos y socioeconómicos que motivaron la expedición del acuerdo ministerial.

En el oficio, Molina cuestionó si la medida responde a prácticas detectadas en ciertos sectores económicos. “Explique si esta medida responde a la necesidad de regular prácticas laborales previamente identificadas en determinados sectores —como centros comerciales— donde se habría superado la jornada máxima legal”, señala el documento.

El legislador también pidió información que demuestre que la normativa no contraviene el artículo 47 del Código del Trabajo, que fija una jornada ordinaria máxima de ocho horas diarias. La solicitud incluye estudios y documentación que respalden la aplicación de este modelo laboral.

Controles y fiscalización del Ministerio de Trabajo

Otro de los pedidos apunta a los sistemas de control implementados para verificar el cumplimiento de los acuerdos laborales. Molina solicitó detalles sobre el seguimiento que realizará el Ministerio de Trabajo y la manera en que se comprobará la autenticidad de los registros.

El oficio advierte que el Acuerdo Ministerial MDT-2025-053 establece que el Ministerio no conservará documentación laboral generada en el sistema informático. Por ello, el asambleísta pidió explicaciones sobre cómo se garantizará la verificación efectiva de los acuerdos y su cumplimiento en el tiempo.

Además, solicitó cifras sobre inspecciones ejecutadas desde la entrada en vigencia de la normativa. El pedido incluye el número de empresas sancionadas por incumplir la jornada máxima legal y el detalle de las sanciones aplicadas por las autoridades laborales.

Consentimiento de trabajadores y registros laborales

Molina también puso atención en el consentimiento escrito exigido entre empleadores y trabajadores para acogerse a esta modalidad laboral. En el requerimiento preguntó qué mecanismos utilizará el Ministerio para garantizar que la aceptación no haya sido producto de presión o coerción.

“Explique qué procedimientos de verificación aplicará el Ministerio de Trabajo para determinar que dicho consentimiento no sea resultado de una condición impuesta por el empleador”, indica el documento enviado desde la Asamblea Nacional.

Otro de los puntos consultados se relaciona con el sistema informático donde deberán registrarse los acuerdos laborales. El legislador pidió conocer cuánto tiempo se conservarán los registros, qué auditorías existirán y si se prevé la creación de un repositorio institucional para garantizar trazabilidad de la información.