Secretaría de Riesgos dispuso medidas a GADs: ¿Qué planes son obligatorios ante El Niño?
Gobiernos locales poseen treinta días para despachar cronogramas preventivos ante aluviones. Omisión de estas directrices técnicas derivará en cobros económicos

Autoridades firman lineamientos estratégicos para mitigar desastres por lluvias extremas.
Lo que debes saber
- Ecuador activa protocolos de emergencia ante la inminente amenaza del evento climático El Niño en 17 provincias.
- La Secretaría de Gestión de Riesgos establece obligaciones legales y sanciones financieras para los municipios que omitan sus planes de prevención.
- Descubra los plazos y medidas que regirán para proteger a la población frente a posibles desastres.
Carolina Lozano Haro, secretaria nacional de Gestión de Riesgos, formalizó hoy la resolución SNGR-126-2026 para enfrentar el evento El Niño en Ecuador. Esta normativa obliga a 143 cantones y 17 provincias bajo alerta amarilla a implementar protocolos de evacuación y respuesta inmediata. La medida busca minimizar la vulnerabilidad frente a inundaciones y movimientos en masa que amenazan la infraestructura y servicios esenciales.
Ecuador
Fenómeno de El Niño Ecuador: Luque dispone que municipios presenten planes de acción
Mónica Jara Chérrez
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional se reunió en Riobamba para definir estrategias de respuesta. Allí se determinó que el apoyo técnico y financiero del Estado central dependerá estrictamente de la planificación local previa.
El Estado tiene la obligación constitucional de proteger a las personas y la naturaleza frente a desastres de origen natural. “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones”, reza la normativa vigente. Bajo este esquema, los municipios deben adoptar normas técnicas obligatorias para el ordenamiento territorial y control de construcciones.
Planes de acción municipales contra el Fenómeno El Niño
- Entregar planes de acción en un plazo máximo de 30 días tras la resolución.
- Presentar reportes mensuales de avance ante las coordinaciones zonales de la institución.
- Identificar y evaluar riesgos potenciales internos y externos en cada jurisdicción.
- Prever financiamiento oportuno para las acciones de gestión integral en su ámbito competencial.
Las autoridades locales pueden declarar estados de emergencia basados en informes técnicos, pero deberán rendir cuentas al finalizar el evento. Una declaratoria de desastre puede durar hasta noventa días y es renovable según la magnitud de los impactos negativos reportados. Este mecanismo permite habilitar modificaciones presupuestarias urgentes y activar entidades nacionales que no tengan presencia física en el territorio.
La resolución también contempla la aplicación de multas por el incumplimiento de medidas obligatorias, como horarios de circulación o control sanitario. Según el documento oficial de la institución rectora, “el cobro y recaudación de las multas serán responsabilidad de los gobiernos locales con capacidad y competencia”. Estas sanciones buscan garantizar que los protocolos de alojamiento temporal y limpieza de canales se ejecuten eficazmente.
Impacto y prevención de inundaciones en Ecuador 2026
Para vigilar las amenazas, el país cuenta con salas de situación y monitoreo que operan ininterrumpidamente las 24 horas. Estos espacios físicos permiten intercambiar y consolidar información técnica sobre la evolución de las amenazas climáticas en tiempo real. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno es vital para que la asistencia humanitaria llegue a tiempo.
Guayaquil
Fenómeno El Niño en Guayaquil genera "preocupación muy alta" en zonas rurales
Juan Pablo Pérez Tomalá
La protección del patrimonio natural es otro eje central de esta estrategia nacional ante la llegada de fuertes lluvias. Se garantiza la aplicación de leyes para resguardar páramos, humedales, bosques tropicales y ecosistemas marinos durante las fases de mitigación. “En las declaratorias de emergencia y desastre se garantizará la aplicación de la normativa legal vigente para la protección de patrimonio natural”.