Reforma a la Ley de Garantías: posible restricción a la Corte Constitucional prende alarmas

Las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales superaron el primer debate en la Asamblea Nacional. La bancada oficialista defendió la necesidad de poner límites a lo que considera una desnaturalización de las acciones de protección. La propuesta, sin embargo, encendió alertas entre la oposición y expertos.

Entre los cambios planteados se establecen criterios de competencia territorial para impedir que las acciones se presenten en jurisdicciones sin relación con los hechos. También se regula y sanciona la presentación simultánea o sucesiva de varias garantías sobre un mismo caso. La iniciativa, además, plantea que tribunales superiores puedan emitir declaratorias de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable contra jueces de instancias inferiores.

Críticas de la oposición por supuesto límite al control constitucional

Desde el correísmo surgieron reparos. Luis Fernando Molina calificó la propuesta como una ley “hecha a la medida”. Según dijo, el texto estaría orientado a limitar el control constitucional. También cuestionó la posibilidad de que el Estado suspenda la ejecución de una sentencia cuando esta no le favorezca.

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Expertos advierten riesgos en la garantía de derechos y políticas públicas

Las críticas también llegaron desde el ámbito académico. La experta en Derecho Constitucional y cofundadora de la plataforma La Corte Dice, Verónica Hernández, advirtió que el proyecto no está concebido desde una lógica de garantía de derechos. “No se podrían presentar acciones de protección que alteren políticas públicas”, señaló.

Para explicar ese punto, Hernández mencionó como ejemplo las acciones de protección que buscan incorporar medicamentos para enfermedades raras o catastróficas al cuadro nacional de salud. “Con la reforma alguien podría interpretar que altera la política pública de salud”.

¿Cómo afecta la reforma a las competencias de la Corte Constitucional?

Otro aspecto que genera preocupación tiene que ver con las atribuciones de la Corte Constitucional del Ecuador. Hernández explicó que la propuesta impediría que la Corte modifique normas cuando conozca consultas de constitucionalidad y que debería remitirlas a la Asamblea.

“Podemos estar de acuerdo en que la Corte no debería dictar normas como la del matrimonio igualitario sino la Asamblea. Pero no es lo que dice la Constitución. No puede el legislador limitar aquello que la Constitución permite. Es el máximo intérprete de la Constitución”, dijo.

La experta en Derecho Constitucional Lorena Molina coincidió en que la reforma podría restringir competencias de la Corte Constitucional. Según explicó, el texto impediría revisar el fondo de los casos que llegan a través del proceso de selección.

“Esta competencia le permite a la Corte corregir violaciones graves de derechos que se mantienen hasta el momento en el que está conociendo el caso y corregir la desnaturalización”, indicó.

Plazos estrictos y el riesgo de pérdida de competencia judicial

Molina también alertó sobre los plazos que establece la propuesta para resolver los casos. A su criterio, existe el riesgo de que la Corte pierda competencia si no se pronuncia dentro de los tiempos fijados.

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“Cuando se habla de pérdida de competencia por superación de los tiempos se pierde de vista que en el proceso de selección hay cierto represamiento, es decir, hay casos que llegaron a la Corte hace más de 30 y 90 días, que están transitando el proceso de selección, y eso impide que los nuevos casos se resuelvan en tiempos tan estrictos”, señaló.

El oficialismo niega que las reformas intenten limitar a la Corte. Adrián Castro señaló: “No se tocan temas que riñen con la Corte. Estamos acoplando (las sentencias de la Corte) a la realidad nacional”. El proyecto regresó a la mesa de Transparencia y todo se definirá en el segundo debate.