En etapa preelectoral, el oficialismo concentra su fiscalización en los GAD

En la Asamblea Nacional, el oficialismo apunta directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) dirigidos por la oposición. Actualmente hay tres procesos de fiscalización que involucran a municipios, prefecturas y sus autoridades, los cuales coinciden con la etapa preelectoral de las seccionales de 2026.

Los procesos de fiscalización

Los procesos de fiscalización en curso abarcan las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP de Guayaquil; los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos; y el supuesto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio de Quito.

Mientras tanto, el caso de las cámaras en Guayaquil involucra directamente al alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro.

Acerca del incremento patrimonial, el día en que el oficialista Fernando Jaramillo presentó el planteamiento ante el Pleno hizo una referencia específica. 

Pidió incluir en el análisis los casos que investiga la Fiscalía en torno a los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de Guayaquil.

Pero en los procesos de fiscalización no han actuado únicamente los asambleístas del oficialismo. El rol del Ejecutivo también ha sido clave. 

Por ejemplo, en relación con las cámaras de videovigilancia en Quito, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien instaló el tema en la Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón.

El 23 de junio, durante la fiscalización que esa mesa realizaba sobre las cámaras de Segura EP, Reimberg dijo que en el Municipio de Guayaquil funcionaba una “sala espejo”, pero que no era la única en el país. 

Comparó el tema de la instalación de cámaras con la transferencia de competencias de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).“Cada quien destina sus dolaritos a comprar cámara. Quito tiene sus cámaras y las están poniendo. ¿Quién está atrás de esto? Los ex-Senain. Ellos son los que ya trabajan en la Alcaldía de Quito y los que están a cargo de esto”, declaró Reimberg.

El correísmo tiene cuestionamientos

Para el correísmo, los procesos de fiscalización responden a una intención electoral. Durante el tratamiento del caso de las cámaras de seguridad en Quito, el asambleísta Franklin Samaniego manifestó: “Estos procesos de fiscalización pretenden atacar a una autoridad. ¿Quieren la Alcaldía de Quito? Gánenla en las urnas”.

Ayer, la propia Alarcón profundizó en ese proceso de fiscalización. “Las cámaras de videovigilancia deben servir para proteger, no para perseguir ni espiar”, dijo a propósito de un nuevo pedido de información dirigido al ECU-911.

Desde otras fuerzas políticas también han surgido cuestionamientos. El socialcristiano Alfredo Serrano manifestó que el interés es electoral: “(Quieren) Desviar la atención para decir que estamos fiscalizando, ya que no quieren fiscalizar a quien están en la obligación de hacerlo”. Insistió en que la Asamblea no tiene esa facultad y que “están haciendo un show”.