Noboa decreta nuevas reglas del conflicto armado interno y habilita indultos a fuerzas de seguridad

El presidente Daniel Noboa emitió este 18 de junio de 2026 un nuevo decreto ejecutivo que redefine el marco del denominado conflicto armado interno en Ecuador, en un contexto marcado por la persistencia de la violencia criminal y la presión política por resultados en seguridad. 

La normativa introduce cambios sensibles, entre ellos mecanismos de protección jurídica para agentes estatales y la posibilidad de incorporar cooperación extranjera bajo condiciones de inmunidad.

El Decreto Ejecutivo 424 sustituye al esquema anterior vigente hasta esta fecha y establece nuevas disposiciones que regirán las operaciones del Estado contra organizaciones que el Gobierno cataloga como amenazas a la seguridad nacional.

Blindaje legal para fuerzas del orden

Uno de los puntos más relevantes —y potencialmente controversiales— es la facultad que se atribuye el Ejecutivo para otorgar indultos, rebajas o conmutaciones de penas a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e incluso personal civil involucrado en operativos de seguridad.

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Este tipo de medidas apunta a brindar respaldo político y jurídico a quienes actúan en la primera línea de combate contra el crimen organizado, en momentos en que los operativos han sido cuestionados por presuntos excesos o violaciones a derechos humanos.

El decreto además exhorta a la Asamblea Nacional a conceder amnistías en favor de uniformados y civiles que hayan participado en acciones “en defensa del Estado”, lo que evidencia una estrategia más amplia para consolidar protección institucional a quienes intervienen en el conflicto.

Participación extranjera con inmunidad

Otro elemento clave es la incorporación explícita de la cooperación internacional en tareas de seguridad. El documento establece que personal extranjero de países aliados podrá participar en operaciones dentro del conflicto armado interno y que estos efectivos gozarán de inmunidad, de acuerdo con los tratados internacionales aplicables.

La medida sugiere una eventual profundización de la asistencia externa en materia de seguridad, en un escenario donde el Estado ha reconocido limitaciones para enfrentar por sí solo a organizaciones criminales altamente estructuradas.

Continuidad de una política de seguridad intensiva

El nuevo decreto no representa el inicio del conflicto armado interno, sino su reformulación. Con este instrumento, el Gobierno busca ajustar la estrategia vigente y fortalecer las operaciones contra grupos criminales, en un contexto en el que el país ha experimentado altos niveles de violencia durante los últimos años.

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La decisión se enmarca en una política de seguridad caracterizada por la utilización recurrente de estados de excepción y la militarización de territorios considerados críticos. 

Con la entrada en vigor de estas nuevas reglas, Ecuador se adentra en una fase distinta de su política de seguridad interna. El impacto real de las medidas dependerá no solo de su aplicación en el terreno, sino también del control político, judicial y social que se ejerza sobre ellas.