Judicatura pide informe de déficit de jueces, tras renuncias de dos magistrados

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) sesionó de forma extraordinaria este sábado 16 de mayo de 2026 para resolver las renuncias de José Francisco Dávila Álvarez y Max Alejandro Tandazo Encalada, a sus cargos de jueces. El primero era integrante del Tribunal de Garantías Penales de Guayas y otro laboraba en la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Catamayo, en Loja.

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Durante la sesión, los integrantes del Consejo, presidido por Mercedes Caicedo, conocieron que los jueces renunciaban de forma voluntaria porque aceptaron otros cargos como magistrados de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, sus salidas causarán una afectación en los tribunales de las provincias mencionadas, según el reporte de dimensionamiento de los jueces necesarios a nivel nacional.

Renuncias impactan en dependencias judiciales

En el caso del juez de Dávila, se indicó que la Corte de Guayas requiere de 45 jueces y que ya se encuentra en estado crítico, de acuerdo con el modelo de gestión de las dependencias judiciales. Esto porque actualmente funciona con nueve tribunales, 27 puestos activos y solo 26 jueces activos, quienes deben procesar 5.192 causas en trámite.

En Loja, en cambio, la salida de Tandazo dejará a la Unidad solo con dos magistrados, ya que actualmente labora con tres. Ellos deberán manejar las 791 causas que figuran en esa dependencia, por lo que se estima que el procesamiento de los casos en ese lugar cambiará a un nivel crítico.

Caicedo pide informe actualizado

Aunque se emitieron las alertas, el Pleno aprobó las renuncias ya que contaban con los informes favorables para dar paso a esas salidas. En ese momento, Caicedo dispuso que el director general de la Judicatura elabore un informe técnico detallado para conocer la situación actual sobre la falta de jueces que existe en el Ecuador.

Además, ordenó que el director solicite a las direcciones nacionales y provinciales que incluyan recomendaciones para cubrir esas vacantes de manera inmediata. La disposición tiene como fin "evitar que no se pueda brindar el servicio de administración de justicia y se evite un perjuicio a la ciudadanía", añadió Caicedo.