cámaras de videovigilancia
Fiscalización sobre Segura EP se entrampó en las acusaciones entre ADN y RC: ¿Qué se resolvió?
Informe aprobado por el Pleno será remitido a la Fiscalía por presuntos delitos.El correísmo cuestionó el documento y reclamó investigar el caso Porsche
El Pleno de la Asamblea aprobó el informe de la Comisión de Seguridad con 85 votos.
La Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización sobre el uso de las cámaras de videovigilancia de Segura EP en Guayaquil. El documento se remitirá a la Fiscalía por posibles delitos como asociación ilícita, acceso no consentido a un sistema informático y tráfico de influencias.
Este 15 de septiembre de 2026, el oficialismo y el correísmo chocaron una vez más en el Pleno. El informe señala responsabilidades del expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo, quien fue funcionario del Municipio de Guayaquil mientras ejercía el cargo el alcalde Aquiles Álvarez.
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La fiscalización estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad, controlada por ADN. La presidenta de esa mesa, Inés Alarcón, fue la encargada de exponer el informe.
Puso énfasis en la instalación de una supuesta sala espejo en el Municipio de Guayaquil, la responsabilidad de Cornejo en ese hecho y el audio en el que se escuchaba a Rafael Correa, el exoficial de la Policía Rodney Rengel, Cornejo y el asambleísta de la Revolución Ciudadana Juan González.
Ese audio está relacionado con el caso Porsche. El correísmo pretendía una investigación paralela respecto a la detonación de un artefacto explosivo en la Bahía de Guayaquil.
La Bancada de la Revolución Ciudadana insistió en su teoría sobre el autoatentado con base el denominado caso Porsche.
Un vehículo Porsche Cayenne apareció en la Isla Trinitaria, en las afueras de la que era la vivienda del entonces único implicado en el caso. El correísmo expuso este caso en la Asamblea debido a que el automotor estaba registrado a nombre de Industrial Molinera, del Grupo Noboa.
Los asambleístas de la Revolución Ciudadana insistieron en su teoría de que la explosión en la Bahía fue un autoatentado. El asambleísta González habló nuevamente de un presunto caso de terrorismo de Estado. A la par, dijo que el informe sobre Segura EP era una cortina de humo.
“Persiguen a los que ponen las cámaras y no a quienes cometen el delito”, aseguró, en referencia a que se dejó de lado el caso Porsche en la fiscalización.
¿La Comisión investigó la explosión en la Bahía?
El legislador de ADN y vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Castillo, dijo que no fue investigada en la Comisión porque no era parte de lo que el Pleno decidió en su resolución. Así, el oficialismo concentró su indagación en lo relacionado con Segura EP.
Durante la sesión del Pleno, más allá de las disputas entre ADN y Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) insistió en que el tema no era competencia del Legislativo. El asambleísta Alfredo Serrano dijo que se debía respetar la Constitución y la institucionalidad.
¿Qué concluyó el informe?
El documento concluyó con un señalamiento directo al expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo.
“La actuación de Fernando Xavier Cornejo Valdez, ex Presidente del Directorio de Segura EP, así como la del técnico Franklin Andrés Asqui Contreras se encuentran directamente vinculadas con los hechos examinados y con la habilitación de los accesos identificados”, señala el documento.
El documento también dice: “el audio reproducido durante el proceso de fiscalización evidencia una clara dimensión política ajena a las competencias y finalidades institucionales de Segura EP”.
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Asimismo, señala que la intervención de un actor político externo y sin competencia alguna sobre Segura EP, sumada al reconocimiento expreso de Fernando Cornejo respecto de su voz y de su participación en dicha reunión, evidencia que información vinculada con una entidad pública fue tratada fuera de los canales institucionales.
Las resoluciones aprobadas por el Pleno:
- Remitir a la Fiscalía el informe para conocimiento, valoración y actuación dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que profundice la investigación relacionada con los hechos identificados.
- Solicitar a la Contraloría General del Estado que, en el ámbito de sus competencias, inicie un examen especial respecto de la creación, autorización, instalación, administración y utilización del punto de monitoreo objeto de la fiscalización.
- Solicitar a la Superintendencia de Protección de Datos Personales que realice una auditoría técnica respecto del tratamiento de imágenes y demás datos personales relacionados con los accesos y puntos de monitoreo.
- Exhortar al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a que fortalezca los mecanismos de actualización del registro y catastro de sistemas.
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