Por allá en Ormuz

El Brent superó los 100 dólares por barril la semana pasada, después de que fuerzas estadounidenses destruyeran cinco petroleros iraníes y Teherán respondiera con misiles contra Jordania. Por el estrecho de Ormuz pasa una quinta parte del petróleo mundial y hoy circula a media máquina. Lo que antes era una cifra en un reporte de mercado ahora se siente en cada tanqueada.

Washington e Israel decidieron que Irán no puede seguir usando el estrecho como arma de presión, y esa firmeza ha evitado, por ahora, un cierre total de la vía. Pero la mano dura tiene factura, y la paga toda la cadena de suministro global: fletes más caros, rutas más largas para evitar la zona de riesgo, seguros de flota que suben porque la guerra dejó de ser un escenario hipotético para las aseguradoras. Ese sobrecosto llega, con semanas de retraso, a cada eslabón que depende del transporte, desde el contenedor que sale de Asia hasta el camión que reparte en Quito.

La oportuna eliminación de los subsidios

Dicho esto, Ecuador llega distinto a como llegó en 2022, cuando cada alza del crudo se traducía directo en más subsidio y más hueco fiscal. Desde que se eliminó el subsidio a las gasolinas en 2024 y al diésel en septiembre de 2025, el Estado dejó de pagar la diferencia entre el precio internacional y el del surtidor, un ajuste que solo en el último año le ahorró al fisco más de 900 millones de dólares. Esa decisión, tomada antes de esta guerra, es la que hoy nos evita un problema todavía peor.

Porque si el subsidio siguiera vigente, esta escalada en Ormuz ya estaría comiéndose las cuentas públicas, como en cada crisis petrolera anterior. Al no existir ese colchón, el precio internacional se refleja donde siempre debió reflejarse: en el surtidor, con el sistema de bandas amortiguando el golpe mes a mes. No es un retroceso del Gobierno; es la consecuencia lógica, y sana, de dejar de esconder el costo real del combustible detrás del déficit. La firmeza en Ormuz será necesaria para el orden global, y en Ecuador esa factura la asume el mercado, no el Estado.