Ley Antimafias: vacíos y observaciones

El CAL de la AN envió a la oficialista Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad el proyecto legal llamado ley Antimafias, cuyo título real es Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado Frente al Crimen Organizado, que discutió y aprobó por ocho votos, por lo cual pasó al pleno de la Asamblea para su primer debate. Tras cuatro horas de discusión se sancionó por 77 votos.

Falta una política criminal integral

Encontramos estas observaciones y vacíos en el proyecto impulsado por la presidenta de la AN, que subsisten luego del primer debate: 1.- La formulación del proyecto legal debió estar presidida por una movilización y discusión nacional, con participación de la mayoría de actores sociales, políticos y económicos. 2.- Debió estar inserta en la Política Criminal Integral del Estado (ahora el Estado solo responde punitivamente y amenazas con la cárcel del encuentro; no hay programas de prevención completos; o de coordinación interinstitucional); la socialización del Plan Nacional Integral de Seguridad, y una estrategia de comunicación y negociación con la oposición. La ley Antimafias es para beneficiar directamente al Estado y la sociedad, no es propiedad del Gobierno o de un movimiento político, como equívocamente señaló la presidenta de la Comisión de Seguridad. 3.- En el título del proyecto legal se lee y destaca: “…para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado”, que lamentablemente no se recoge en los objetivos, pero es un elemento esencial e imprescindible; llama la atención que no se mencione esto en el caso italiano. Uno de los más graves problemas del Ecuador es la desinstitucionalización del Estado. 4.- Ecuador tuvo una peculiar inserción en la economía regional del narcotráfico desde los 70, lo hizo como área de transporte y circulación de pasta base entre Perú y Colombia, países productores. Y, posteriormente, como la autopista, bodega y gran exportador de la droga, consecuencia de la represión de Uribe-DEA. 

Además, tercerizaron los servicios operativos mafiosos a través de los GDO, que han pasado de 22 en 2024 a 48 en julio 2026; las mafias han tenido un controlador de calidad y cumplimiento de contratos.