Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional
Con fundamento, se cree que, al destruir la Corte Penal Internacional, Estados Unidos quiere tener las manos libres para futuras intervenciones militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en contra de la Corte Penal Internacional.
Estados Unidos ha declarado guerra a muerte a la Corte Penal Internacional. Desde que la Corte fue creada mediante el Estatuto de Roma, y entró en funciones el 1 de julio de 2002, no fue bien vista por los Estados Unidos; de hecho, el presidente Bush, hijo, no suscribió el Estatuto. Pero, la administración Trump ha ido más lejos y quiere su extinción.
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El secretario de Estado, señor Marco Rubio ha recibido el encargo de destruirla “ladrillo por ladrillo”. Podría deducirse que tiene temor de ser condenados él o su aliado Israel, por hechos como los señalados como infracciones por el Estatuto de creación, aunque nunca fueren ejecutables.
El secretario de Estado, Rubio, declaró que la administración del presidente Trump “responderá ante cualquier intento de ejercer jurisdicción sobre militares, agentes de la patrulla fronteriza u otros funcionarios de los Estados Unidos. La Corte, por su parte, ha respondido afirmando que son un órgano que continuará actuando de forma independiente e imparcial.
El Estatuto, en su artículo 5 señala como infracciones: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. La actuación de la Corte tiene carácter supletorio solamente, cuando los tribunales nacionales que tienen la jurisdicción, no han juzgado o no han podido juzgar. La responsabilidad penal es personal, aunque se trate de un funcionario público.
Estados Unidos está ejerciendo fuertes presiones a Estados débiles para que se separen o se alejen de la Corte Penal Internacional; así lo estaría haciendo con países Latinoamericanos, negándoles equipos y asistencia militar.
Estados Unidos estaría actuando, también, en apoyo de funcionarios israelitas. El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, señor Waltz, afirmó que Israel habría actuado legalmente durante la represión al pueblo palestino en Gaza. Se habría también afirmado que “pueden esperar una fuerte respuesta al sesgo anti semita de la Corte y la ONU”.
La Corte ha emitido órdenes de detención contra Netanyahu, el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y también contra el exjefe militar de Hamás, Muhamma Deif.
Puede pensarse que Estados Unidos está urgido por controlar la reacción contra el asunto de la represión de Israel en Gaza, y el ataque a Irán en conjunto con Israel. Este último problema en que no se avizora solución ni final. Los atacantes previeron una rendición de Irán en corto tiempo, pero no fue así, porque el atacado luchó con bravura, talento, estaba muy bien armado y tomó control del vital Estrecho de Ormuz, por el que circula el 20 % del transporte del petróleo y el gas del mundo.
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Con fundamento, se cree que, al destruir la Corte Penal, Estado Unidos quiere tener las manos libres para futura intervenciones militares. Por sus políticas anteriores y por la referencia violenta de estos días del secretario Rubio, de orígenes cubanos, en contra de Cuba, ésta podría ser la próxima víctima de un ataque militar, como lo fue recientemente Venezuela. Ha acusado el señor Rubio al régimen de la Isla de “terrorismo político de extrema izquierda” y lo culpa de su extensión en Occidente. Recuérdese que el presidente Trump dijo que el señor Rubio debería ser presidente de Cuba.
China, ha criticado severamente la actitud anti Corte de USA, diciendo que la hace porque es responsable de infracciones contra lo previsto en el Estatuto de Roma.
Internacional
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Agencia AFP
Lula ha llamado al diálogo para solucionar los problemas internacionales, pero ha recibido como respuesta un arancel adicional del 25 % a sus exportaciones a USA. Felizmente, Brasil tiene el respaldo de los BRICS.
Las políticas agresivas del presidente Trump podrían ser moderadas si en las elecciones de medio término, que tendrán lugar el próximo noviembre, se instalara una mayoría demócrata en el Senado y en el Congreso.