Hace algunos meses, el país vio con asombro de qué manera se había incrementado el gasto electoral por la participación de más de doscientas organizaciones políticas en las últimas elecciones, de cuya existencia casi nadie sabía. En este escenario, la sociedad ecuatoriana se preguntaba cómo se podía gastar tanto dinero para financiar partidos que no tenían mayor trascendencia en la realidad nacional. Luego, tampoco se hicieron públicas las auditorías para saber en qué se habían invertido los recursos de todos. 

Para los comicios de 2021, otras 185 organizaciones se han inscrito en el Consejo Nacional Electoral, lo que abultará aún más la papeleta con personajes desconocidos. Precisamente esta es una de las deudas pendientes en las reformas realizadas por la Asamblea, ya que se necesita esclarecer las reglas para garantizar la participación ciudadana en igualdad de condiciones. La rendición de cuentas debe ser una condición ineludible para extirpar la sombra de la duda en el manejo de las finanzas públicas. 

La democracia no solo se demuestra en la libertad de elegir y ser elegidos, sino también en la transparencia de una organización y la viabilidad de las propuestas cuando se opta por un cargo de elección popular. Habrá que meditarlo, todavía hay tiempo.