La intención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de deslegitimar a la fiscal general del Estado parecería desvelar el inicio de un plan político diseñado para sacar de sus funciones a los titulares de los organismos de control porque estos no responden a los intereses particulares del grupo.

No causa extrañeza que sea uno de los exabogados de un expresidente de la República sentenciado por corrupción, que ganó las elecciones aupado por el correísmo, el que lleve adelante la acción contra la máxima autoridad de la Fiscalía. Tampoco sorprende que sus acusadores sean familiares de exfuncionarios procesados por actos de corrupción y otros delitos como el abuso sexual, porque esa ha sido la forma de operar de quienes gobernaron al Ecuador durante una década.

Ante la inexistencia de una Asamblea Nacional, por la muerte cruzada que decretó el presidente de la República, el Cpccs busca atribuirse una facultad que no tiene: la de sancionar o destituir a la fiscal general, cuando aquello solo está reservado para el organismo que realiza el control político.

El país y las instituciones de control no pueden permitir que protervos intereses partidistas se antepongan a los de todos los ecuatorianos.