Hace casi tres años se inauguró un periodo de luces en la Justicia. Cambiado el Gobierno, aires nuevos llegaron a las instituciones de control que empezaron a arrojar claridad sobre el tremendo abuso y despilfarro de recursos públicos.  

La transparencia y depuración abanderadas con indagaciones, detenciones, allanamientos... no ha terminado de cristalizar en las condenas correspondientes. Se hablaba de cifras milmillonarísimas de dinero de los ecuatorianos perdido y al mismo tiempo se lidiaba -y aún hoy- con una estrechez económica que calaba en la conciencia social como la gran injusticia que es que unos se enriquezcan de la corrupción mientras a la población le falta casi de todo.

Pasa el tiempo, se agota esa sensación de frescura gubernamental y hoy se hace cada vez más necesario el éxito de la acusación fiscal. La Fiscalía tiene que triunfar en el procesamiento de casos de corrupción. No como herramienta de ‘vendetta’, sino como vía para la Justicia. El éxito de la Fiscalía en consolidar sus casos de corrupción será el éxito de Ecuador en depurar aquellas prácticas y a aquellas autoridades que son las que menos piensan en el bien común.