El aluvión que se produjo la tarde del martes 2 de abril en el sector de La Gasca, en Quito, demuestra hasta qué punto puede perjudicar a una ciudad y a sus habitantes el hecho de que sus autoridades no mantengan políticas públicas de largo aliento, en la línea de políticas de Estado pero a nivel local. El saldo de un muerto, afectados y pérdidas materiales es consecuencia directa de que la administración municipal no haya asumido la responsabilidad de sostener un sistema permanente de limpieza y vigilancia de los recolectores de agua ubicados en las faldas del Pichincha, que fueron construidos precisamente para evitar tragedias como esta. Los dramáticos hechos adquieren incluso otras dimensiones cuando se recuerda que hace apenas dos años se produjo otro desastre en el mismo lugar, con muchas más víctimas mortales, lo que volvía imperativo que se lleven a cabo las tarea de mantenimiento y vigilancia, tanto de los colectores como de las quebradas que llevan el agua lluvia hasta ellos.

Que lo ocurrido el 31 de enero de 2022 no haya servido para prevenir el reciente aluvión constituye una negligencia imperdonable. Resultan extemporáneas las acciones de las autoridades en las zonas afectadas, haciéndose presentes ahora, quizá apuntando a algún rédito político. Lo correcto y lo oportuno era hacer un trabajo responsable para evitar nuevas tragedias.