Es evidente que no existe claridad acerca de las competencias exclusivas de las prefecturas en el imaginario de la población a la que debe atender este nivel de gobierno, con poco poder político y que depende de los municipios y del Gobierno central para ejecutar obras en los territorios.

Aunque la promulgación del Código Territorial aclaró competencias exclusivas y concurrentes, como el desarrollo económico y productivo de las provincias, con un direccionamiento claro hacia la zona rural para beneficio de los agricultores y campesinos, el sentir actual es que las prefecturas hacen poco porque ni siquiera disponen de los recursos que les permitan mejorar la red vial secundaria y la de caminos vecinales, que lucen desatendidas. Ante esta realidad, el país debe comenzar a pensar en cómo cambiar la estructura política del Estado, de tal modo que se proceda a eliminar niveles de gobiernos que en la práctica resultan innecesarios, pudiendo convertirse en dependencias del Gobierno central.

Los recursos que manejan ahora los gobiernos provinciales bien podrían ser manejados por las alcaldías, que pasarían a ser responsables absolutas de toda la extensión territorial que conforman los cantones, tanto en el área urbana como en la rural.